Elízabeth Romero [email protected]
Como una campanada de alerta para las autoridades del país, calificó el funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, el sonado caso por corrupción de menores en el que se vieron involucradas tres personas, entre ellas el reconocido economista, Silvio Conrado.
El funcionario dijo que preocupa a ese organismo que hechos de esta naturaleza ocurran en el país, los cuales están relacionados muy directamente a la situación de pobreza que vive Nicaragua, por lo cual muchas jóvenes son víctimas de ofrecimientos para comercializar con su cuerpo y su imagen.
A su criterio, debe haber “un control más estricto sobre hoteles y moteles, porque hay vigilantes, meseros y personas que de una u otra manera deben tener alguna responsabilidad frente a la sociedad”.
Pero además, indicó que las investigaciones deben abarcar los colegios, pues casos como el ocurrido deben llamar la atención a los profesores de estas menores.
Según Izabá, el hecho de que frente a un colegio se estacione un vehículo de lujo para trasladar a las menores, debe llamar la atención de los profesores y llevarles a presumir que detrás de esto puede haber una mala intención en el hecho.
Por otro lado, el funcionario del Cenidh dijo que aunque la libertad bajo fianza, de la cual goza Conrado, es una potestad de los jueces según el nuevo Código Procesal Penal, consideró impropio que gocen de estos beneficios los sospechosos de haber cometido delitos de “esa connotación”.
A criterio de Izabá, una disposición judicial como ésta le da a la víctima una señal de inseguridad y de desprotección.
El nuevo Código demuestra que el que tiene dinero puede gozar de este beneficio, lamentó Izabá quien puso de ejemplo que sólo una persona con cierta posición económica como Conrado puede pagar una fianza de 15 mil córdobas.
Mencionó que hace unos 20 días conocieron el caso de un muchacho que no tenía para pagar una multa de 100 córdobas, lo que le llevó a permanecer en prisión cuatro meses.
“Ese tipo de normativa jurídica evidencia que hay violaciones al derecho de igualdad ante la ley por razones estrictamente económicas”, indicó Izabá.
También dijo que Conrado está obligado a demostrar que en su caso se urdió una trama.
“Si prueba lo que afirma, y él nos confirma a los nicaragüenses que se trata de una trama, estaríamos demostrando que en el país tienen un estilo de trabajar y de relacionarse con otros que en definitiva es altamente peligroso”, sostuvo.
