Conrado bajo arresto

A partir de ayer el miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), Silvio Enrique Conrado Gómez, guarda arresto domiciliar por orden del Juez Segundo de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Roberto Villagra, quien le aplicó la medida cautelar por ser presunto autor de los delitos de violación, estupro y corrupción de menores, en perjuicio de cuatro jovencitas de entre 13 y 16 años de edad.

Conrado, quien ha sido el principal asesor económico del secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, deberá abstenerse de tener contacto con los familiares de las víctimas o las víctimas mismas, testigos y demás personas vinculadas al juicio que desde la semana pasada promueve en su contra el Ministerio Público, a través de la fiscal auxiliar de Managua, Leyla Carolina Prado.

Conrado se convirtió en el tercer acusado por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, con las que presuntamente habría sostenido relaciones sexuales en el motel Villa Amor, por un período de tres o cuatro meses y hasta tres veces por semana.

Los otros dos acusados por la Fiscalía General de la República son Silvia Espinosa Jirón, de 19 años, y el ex conductor de Conrado, Eduardo Julio González Guerrero, quienes, según la acusación, se encargaban de conseguir a las menores y se las llevaban al economista hasta la habitación del motel.

La Fiscalía señala a Espinosa Jirón y a González Guerrero como responsables por los delitos de proxenetismo y rufianería.

Conforme al mandato judicial dictado ayer, que no incluye la custodia policial, Conrado también está inhibido de viajar fuera del país y para ello el juez Villagra ordenó la retención migratoria, enviando copia del ordeno al director general de Migración y Extranjería, Rodolfo Toruño, para que impida la salida del ahora acusado, por vía aérea, terrestre o acuática a través de cualquiera de los puestos fronterizos autorizados.

NO PUEDE TRABAJAR

La medida judicial prohíbe a Conrado cualquier contacto con el exterior de su vivienda, por lo que tampoco podrá ejercer sus funciones como miembro del Consejo Directivo del Banco Central.

“Se prohíbe (al acusado) concurrir a otro lugar que no sea a la audiencia del juicio público y oral. Se le prohíbe comunicarse con familiares de las víctimas y/o testigos propuestos por la Fiscalía”, reza parte de la resolución emitida por el juez Villagra en contra de Conrado.

Pese a que la medida judicial no incluye la custodia policial de la vivienda de Conrado, ubicada en Residencial Las Colinas, el juez estableció una fianza pecuniaria de 15 mil córdobas y dio 24 horas para que la misma sea depositada, en la cuenta bancaria establecida para ese fin por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, eso no fue necesario porque los familiares de Conrado entregaron de inmediato los 15 mil córdobas, que fueron aceptados por el juez “en consignación”.

El juez también ordenó el nombramiento de dos fiadores, quienes estarán a cargo de la vigilancia de Conrado y asumen la responsabilidad por el acusado, para que éste comparezca ante el Judicial cuando sea requerido.

En la audiencia de ayer, el juez Villagra decidió enviar a juicio oral y público el caso de Conrado, pero será hasta hoy que notificará a las partes sobre la hora y la fecha de celebración del mismo, pues por el feriado de ayer no podía ponerse de acuerdo con el juez de juicios para señalar el día y hora.

“EL BANCO CENTRAL NO ME IMPORTA”

Tras la audiencia judicial y al llegar a su casa, Conrado dijo que el juicio se trata de un montaje, aunque no quiso detallar al respecto y se negó a señalar quién o quiénes están detrás del supuesto complot y con qué fines.

Sin embargo, al salir del Juzgado, los familiares de Conrado volvieron a responsabilizar a la organización Casa Alianza de lo ocurrido, pero sin argumentar sus acusaciones.

Al consultarle sobre su puesto en el Banco Central, Conrado dijo que no le importaba para nada. “La Junta Directiva del Banco Central a mi me importa muy poco, si yo no vivo de eso. Esto (la acusación) es una infamia, no es verdad. El daño que me han hecho es irreparable, es una barbaridad”, dijo Conrado.

Añadió que tampoco le importa el daño a su imagen con respecto a otras empresas. “Yo tengo mis propias empresas”, señaló Conrado, quien terminó responsabilizando al diario LA PRENSA por lo sucedido.

“Después van a ver las pruebas, donde va a resultar que no son las cosas como están diciéndose”, dijo tras informar que ya despidió a su conductor Eduardo Julio González Guerrero, porque según Conrado, se le “libreteó” con la camioneta Land Cruiser que, además, aún no recupera y se encuentra custodiada en la estación del Distrito Seis de la Policía.

Conrado aseguró que nunca ha tratado de huir de la justicia y que si no se presentó antes a enfrentar la acusación, fue porque ninguna autoridad lo citó o lo buscó. Añadió que todo este tiempo ha estado en su casa y ni siquiera ha salido de Managua.

Sin embargo, el comisionado Marlon Montano, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo ayer que Conrado miente y confirmó que el jueves 11 de septiembre a las 6:00 de la tarde llegaron a su casa a detenerlo, pero no estaba. Agregó que al día siguiente, viernes 12 a las 6:00 de la mañana, también llegaron a hacer efectiva la orden de captura, pero tampoco lo encontraron.

Conrado dijo que la acusación “no es un asunto político” y que el Frente Sandinista no tiene nada que ver en el caso. Conrado declaró que descubrirá lo del supuesto complot y aseguró que en su momento ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar la situación.

DISCUTIERON PRISIÓN

Después de varias discrepancias legales con el abogado defensor de Silvio Conrado, Sergio Rafael Morales Masís, la fiscal auxiliar de Managua, Leyla Carolina Prado, pidió la prisión preventiva para el acusado; sin embargo, ésta fue rechazada por el juez Roberto Villagra, quien finalmente optó por el arresto domiciliar basado, según dijo, en que Conrado se presentó “voluntariamente a enfrentar la acusación y que no tiene intenciones de huir”.

El abogado defensor Sergio Rafael Morales esgrimió una serie de argumentos legales en pro de su representado, entre ellos el hecho de que la Fiscalía le presentó las pruebas de su acusación en una copia del original, presentada por Prado en la audiencia de los acusados Silvia Espinosa Jirón y Eduardo Julio González Guerrero, ocurrida el pasado viernes.

A juicio de Morales, a él le debieron entregar una copia de las pruebas en esta audiencia y con la fecha de ayer 16 de septiembre y no la copia que tiene fecha del 12 de septiembre. Incluso, solicitó al juez que le diera cinco días a la representante del Ministerio Público para que le presentara un nuevo documento acusatorio. El juez Villagra desestimó el argumentó de la defensa y dijo que era una objeción de forma y no de fondo, por lo que terminó rechazándola.

PADRE DENUNCIA

El padre de una de las jovencitas de 13 años, que llegó a la audiencia de ayer, denunció que personas no identificadas han contactado a los padres y familiares de algunas de las víctimas para ofrecerles hasta 10,000 córdobas, a cambio de que retiren las acusaciones contra Silvio Conrado. El hombre, que se identificó como sandinista, dijo que el FSLN no tiene nada que ver en el asunto y dio su total apoyo a la Fiscalía para que lleve el proceso hasta el fin.