- Diputados costarricenses discuten nueva Ley de Migración, que castigará a
quienes contraten trabajadores ilegales - Proponen multas y prisión para quienes empleen, alojen o transporten a inmigrantes ilegales en territorio costarricense
José Adán Silva [email protected]
Miles de trabajadores nicaragüenses que cada año emigran a Costa Rica en busca de un empleo, podrían verse afectados en sus pretensiones laborales si los diputados del Congreso de Costa Rica aprueban una ley con la castigarían con multas y prisión a quienes contraten, alojen o transporten a inmigrantes ilegales.
La información, publicada ayer en el diario La Nación, señala que en el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Gobierno del Congreso, se pretende sancionar a los patronos y personas que contraten ilegales en el país, con multas que oscilan entre los 470,000 colones (aproximadamente 1,153 dólares) y 1.8 millones colones (aproximadamente 4,400 dólares), según la gravedad de los hechos y la cantidad de extranjeros contratados de forma ilegal.
En la actualidad no existe ningún tipo de restricción legal para contratar a inmigrantes al margen de la ley en Costa Rica, lo cual ha servido para que empresarios y granjeros de ese país contraten a bajísimo costo la mano de obra extranjera, principalmente de nicaragüenses que buscan empleo en labores agrícolas y construcción, campos laborales muy poco apetecidos por los ticos, según algunos estudios costarricenses.
MULTA Y PRISIÓN A QUIEN DÉ POSADA
En el proyecto de ley, los diputados costarricenses también analizan multar a propietarios de hoteles y hospedajes que den alojamiento a extranjeros sin permiso de permanencia en territorio nacional.
En la iniciativa de ley, además, los legisladores incluyen la pena de prisión de dos a seis años a quien conduzca, transporte o trafique personas para su ingreso o egreso del país, evadiendo los controles migratorios o utilizando documentos falsos. La misma sanción alcanza a quienes alojen, oculten o encubran extranjeros ilegales.
Las medidas migratorias que discuten los legisladores costarricenses, afectaría mayoritariamente a obreros y campesinos nicaragüenses que cada año cruzan la frontera por puntos ciegos, en busca de un empleo, ya que en Nicaragua el índice de desempleo alcanza el 40 por ciento (según datos oficiales).
De 33 países latinoamericanos, Nicaragua es el segundo más pobre, sólo superado por Haití. La pobreza afecta a un total de 2.3 millones de nicaragüenses (de un total de 5.2); de esta cifra, aproximadamente 800 mil son extremadamente pobres y sobreviven con menos de un dólar al día.
NICAS, LOS MÁS RECHAZADOS
Datos suministrados a La Nación, por la Dirección de Migración y Extranjería, indican que entre enero y agosto de este año fueron rechazadas 26,862 personas en los puestos fronterizos
De éstas, el 83 por ciento (22,334) provenían de Nicaragua.
En ese mismo período fueron deportados 706 extranjeros a su país de origen, de los cuales 506 (el 72 por ciento) eran de nacionalidad nicaragüense.
Algunos de los argumentos de autoridades costarricenses que apoyan esta ley, es que gran parte de los fondos sociales destinados a Salud, Educación y otros servicios básicos, se gastan en extranjeros que no aportan impuestos para la Caja de Seguridad Social.
MITRAB ALERTA
El Ministro de Trabajo de Nicaragua, Virgilio Gurdián, dijo que mañana miércoles llamará al Ministerio de Trabajo de Costa Rica para pedir información sobre esta noticia, ya que de ser aprobada esta ley, según él, se violaría un convenio bilateral firmado en octubre del año pasado, cuando ambos países se comprometieron a elaborar un control de migraciones laborales de inmigrantes nicaragüenses, el cual aún no está en vigencia, pero sí en proceso de planificación.
