Elízabeth [email protected]
Isabel Hernández, de 35 años, tiene año y medio de no saber más de los cuatro hijos que entregó en poder de dos ciudadanas españolas hace cinco años.
La mujer, que habita en una humilde vivienda forrada de latas y cartón, en la comunidad de Guanacaste, Nagarote, tampoco sabe en qué provincia residen los niños, junto a personas desconocidas.
Los niños de Hernández que fueron llevados a España son: Zeneyda Isabel, de ocho años; Carlos Alberto, de 12; Manuela de Jesús, de cinco, y Azucena Carolina Picado Hernández, de seis.
En esa ocasión, la mujer fue llevada a España bajo el ofrecimiento de trabajo. Pero después de mes y medio de permanecer encerrada en un cuarto y separada de sus hijos, donde personas extrañas acudían a entregarle la comida, decidió regresar.
Junto a ella retornaron dos de sus hijas, la mayor que ahora tiene 15 años, Lucía Mercedes Picado, y Zeneyda Isabel Picado Hernández.
“Sólo me dijeron: cuando ya sus hijos se preparen y todo, si Dios nos presta vida, guarde el secreto que lleva, que van a volver; si Dios le presta vida a usted también, como usted va para allá y ellos quedan aquí”, dice Hernández que le manifestó una de las españolas, antes de su retorno a Nicaragua.
CENTRO COMO COLEGIO
Hernández asegura que al lugar donde la llevaron era “grande, grande”, como si fuera un colegio. Junto a ella iban once madres nicaragüenses y un número mayor de niños. Pero lo más extraño para ella, fue que les dijeron que viajarían a España a trabajar, y durante mes y medio de estadía nunca salió del sitio donde se encontraba.
“Nosotros no salimos a ningún lado”, recordó. A ese lugar les llevaban la comida.
Aparentemente la orden del regreso de la mujer, la dio desde León el padre Marcos Díaz, el mismo que buscó la ayuda de las españolas. “Que si yo no me hallaba, que me regresara”, les habría dicho el religioso.
LA PRENSA intentó obtener la versión del religioso que, después del huracán Mitch, cuando inició esta historia, se encontraba como párroco de Quezalguaque. Ahora es párroco de la iglesia Laborío. Él dice que prefiere dejar las investigaciones en manos de la Policía.
RAPTO DE UNA NIÑA
Según los archivos policiales, Isabel Hernández guardó prisión por intento de robo de una niña. Ella asegura que fue una confusión entre parientes. Hernández explicó que únicamente trató de proteger a una niña, hija de una prima suya, porque en esa ocasión el padre de la menor se encontraba en estado de ebriedad.
Dice que por eso el hombre la acusó en la Policía, por lo que guardó prisión nueve meses.
REGRESAN POR UNA NIÑA
Tiempo después, una de las españolas regresó al país expresamente a traer a la pequeña Zeneyda, sin darle ninguna explicación.
“A los días, ya ellas vinieron a buscarla así, y me dijeron a mí: su niña va a estar junto con los que dejó, sólo esas dos palabras, no me dijeron nada más”, indicó Hernández.
Un informe de la Policía Nacional de León, enviado el 20 de agosto a la subdirectora de la Policía, comisionada Ana Julia Guido, destaca que en una entrevista con Leyla del Carmen Reyes Alvarado, secretaria de la Juez Local de Quezalguaque, Dominga Mendoza, confirma que ella fue enviada a Migración y Extranjería a tramitar el pasaporte de la niña Zeneyda Picado Hernández.
Fue la misma secretaria quien confirmó a la Policía, que Mendoza viajó a España en septiembre del 2001, a la casa de María de los Angeles Ocampo.
También sabe que la presunta abogada Pastora Sarria, se presentó al Juzgado con un documento denominado prejudicial y se lo entregó directamente a la judicial. Sarria quemó el pasaporte original de Zeneida y sacó otro, en el cual aparece como madre de la niña, señala el informe policial.
En la entrevista realizada a Mendoza, por la Policía Nacional, ésta negó ante las autoridades conocer a la familia de los menores.
El Procurador Especial de la Niñez, Carlos Emilio López, expresó que habría que determinar el delito al cual está vinculado el tráfico de niños hacia España. La información precisa es de seis niños que fueron llevados a ese lejano país. Aunque las autoridades conocen del posible envío de otros 12 infantes.
López mencionó que algunos familiares de los niños han reconocido que los españoles les habían ofrecido casas y otros bienes materiales, pero no cumplieron.
“Esa es una confesión pública de un ilícito, creemos que independientemente de que sean familiares, si los padres de familia han vendido a estos niños deben ser procesados conforme a la legislación penal nicaragüense”, sostuvo López.
El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, comisionado mayor Julio González, prefirió no emitir criterios sobre los fines por los que fueron sacados estos niños hacia España.
“Ya hemos oficiado a la Cancillería para que nos verifique la estadía de los menores en España… y estamos en comunicación permanente con Interpol, para proteger a los menores que se encuentran allá”, dijo el funcionario policial.
