- Policía hondureña reporta indicios de disminución de índices de crímenes cometidos por pandilleros, y un grupo de éstos pide perdón al pueblo
Alberto L. Alemán [email protected]
-SEGUNDA DE DOS PARTES-
Por mucho tiempo, la memoria del pasado sábado 31 de agosto, para millones de hondureños y, en particular para los habitantes de San Pedro Sula, estará teñida de rojo y acompañada de miedo.
Por la tarde, un grupo de pandilleros se entregó ese día a una orgía de sangre y muerte. En tres ataques sucesivos a unidades de transporte colectivo, mataron a 13 personas e hirieron a 11. El crimen más impactante fue el primer ataque, en el que tres sujetos subieron a un microbús “rapidito”, asaltaron a los pasajeros y luego les pegaron un balazo en la cabeza.
Una semana después, la Policía de la principal ciudad industrial de Honduras, aún no aclara el caso, pero se inclina a creer que pleitos por el control de las rutas urbanas entre líneas de buses y los microbuses es la razón principal de que ocurrieran los asesinatos por encargo.
El hecho acaloró el debate sobre la seguridad, la violencia y qué hacer con las pandillas, que cual terrible plaga enviada a Egipto por Dios para ayudar a Moisés a liberar a Israel, según relata el Éxodo, aquejan a la sociedad hondureña de 6.6 millones de habitantes.
Los crímenes sucedieron poco después de entrar en vigencia una “Ley Anti Maras”, como se ha dado en llamar a la reforma del Artículo 332 del Código Penal. La medida, aplaudida por la mayor parte de una sociedad harta de inseguridad y delincuencia, establece como delito la simple condición de ser pandillero y puso en marcha un operativo de arrestos masivos que ha colocado tras las rejas a cientos de “mareros”.
“MAREROS” PIDEN CACAO
La presión la han sentido los grupos juveniles delincuenciales gracias a la Operación Libertad. El jueves recién pasado, un grupo de pandilleros –según ellos mismos reconocieron ser– encapuchados y protegidos por el obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, pidieron perdón a la sociedad por sus actos y solicitaron un diálogo con el presidente.
“Somos jóvenes y queremos pedir disculpas a todas las personas que nos odian por ser tatuados y haber cometido delitos”, dijeron los encapuchados.
“Queremos vivir en paz con la sociedad”, afirmó uno de los jóvenes, y sostuvo que hablaba en nombre de la dirigencia nacional de la “Mara 18 (M18)”, una las principales pandillas, junto a su acérrima rival, la “Mara Salvatrucha” o MS. Ambos grupos operan además en Guatemala y El Salvador.
El subcomisionado José Luis Muñoz, jefe de la Policía en San Pedro Sula, indicó a LA PRENSA que esto prueba que el plan antipandillas de mano dura “está dando resultados”.
“Eso nos permite a nosotros confirmar que esas reformas (al Código Penal) son positivas”, sostuvo, entrevistado por teléfono.
El oficial, que comanda la fuerza policial en ocho departamentos del Norte y el Caribe, reconoce que los programas de reinserción social y rehabilitación son buenos, necesarios y productivos, pero a la vez sostiene que “hay que hacer un poco de fuerza” en el trato al fenómeno criminal de este tipo.
En San Pedro Sula y otros lugares, hay ahora una avalancha de jóvenes que se quitan tatuajes y súbitamente, se han acercado a la vida religiosa. “Tretas” para escapar a las redadas, al menos en muchos casos, cree el jefe policial.
“Le puedo decir ahora qué pasa acá. Ahora están metidos en grupos religiosos, que ahora están dedicados a la Biblia, que se están regenerando. Eso es lo que manifiestan cada vez que uno los detiene”, explicó Muñoz.
Otro notable avance en la lucha contra la violencia es la ley que obliga a los civiles entregar sus armas de guerra como AK 47 a las autoridades. El plazo para la devolución voluntaria termina el 10 de octubre próximo, y según Muñoz, la reacción ciudadana es buena “y están entregando las armas”.
La última propuesta en temas de seguridad es la de un desarme general de civiles, que podrían tener únicamente armas de cacería. Sin embargo, la propuesta del Congreso no contó con el apoyo de muchos sectores sociales, porque no se ve la manera de garantizar que los delincuentes lo hagan, mientras que la ciudadanía quedaría desprotegida.
¿Palo o no para los pandilleros? ¿o educación, empleo y reinserción social? ¿ambos enfoques a la vez, o uno es mejor que otro? Ese el debate en Honduras, para el que distintos sectores tienen sugerencias y soluciones muchas veces encontradas, y para el que no hay fáciles respuestas.
MADURO LES DARÁ OPORTUNIDAD
Ante la petición de los “mareros” de perdón y diálogo con el mandatario Ricardo Maduro, éste dijo que les daría una oportunidad a quienes lo deseen y que esto es un “éxito” de la política de mano dura. “Siento que quizás los ´mareros´ están reconociendo que la sociedad no va a permitir que sigan delinquiendo”, dijo. “Los que quieran someterse voluntariamente a este proceso (de reinserción), bienvenidos sean”, agregó, pero advirtió que “los que tengan crímenes pendientes tendrán que pagar”.
VENDEDORES DE DROGA AL MENUDEO
30,000 a 40,000 pandilleros hay en Honduras , según diversos estimados.
70% de todos los delitos cometidos en el país vecino se atribuye a pandilleros, según la Policía.
Las “maras” se encargan sobre todo de la venta de drogas al menudeo, más que de su transporte, de acuerdo a la Policía. Honduras es ante todo un país de tránsito de las drogas hacia EE.UU. para los cárteles colombianos, los más activos allá.
20% es el índice de reducción de los delitos cometidos por pandilleros en la región de San Pedro Sula y zonas aledañas (norte de Honduras) desde mediados de agosto, cuando empezó la Operación Libertad.
