Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
De la cuenta de la FDN en un banco panameño le giraron un cheque de 67,600 dólares, en noviembre del 2000.
La Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) de la cual son socios los reos Arnoldo Alemán y Bryorn Jerez, era la fuente de financiamiento para las empresas de ambos ex funcionarios públicos. Una de las empresas financiadas con los fondos de la FDN fue Concretos y Construcción S.A. (Concretosa).
Esta última sociedad recibió en noviembre del 2000, 67,600 dólares de la cuenta que tenía la FDN en el Banco Aliado de Panamá, para la compra de maquinaria y equipos de construcción.
Así lo confirma un memorando del 13 de noviembre de 2000, firmado por Silvio Estrada Salmerón, dirigido a Byron Jerez, en el que le pide que elabore cheque a nombre de “Concretos y Construcción S.A., hasta por la suma de 67,600 dólares, como aporte inicial para la compra de maquinaria y equipo de la empresa.
“El valor total del equipo asciende a la suma de US$169,000 dólares. La diferencia será aportada por los otros tres accionistas”, le manda a decir Estrada a Jerez.
Siguiendo el plan de inversiones que se habían trazado Alemán y Jerez, este último emitió de la cuenta 001-51-000179-4 de la FDN en el Banco Aliado de Panamá el cheque número 42 por valor de 67,625 a favor del Banco de la Producción (Banpro).
DESCONOCEN DESTINO DE FONDOS
La FDN es una sociedad inscrita en el registro de Panamá cuyos socios son Arnoldo Alemán, Byron Jerez, Alfredo Fernández y María Dolores Alemán Cardenal, que fue utilizada para operaciones de lavado dinero. Alemán y sus partidarios alegan que los fondos de la FDN eran para “defender la democracia en Nicaragua”.
El concepto de dicho título valor emitido por Jerez de la cuenta de la FDN era para la compra del cheque de gerencia del Banpro número 42423, por valor de 67,600 dólares, a nombre de Concretosa. Los 25 dólares restantes sirvieron para pagar la comisión en el banco.
Hasta ahora se desconoce a quién le compró Concretosa la maquinaria porque el Banpro no ha presentado el reverso del cheque para determinar el destino final de los 67,600 dólares. La Procuraduría General de la República espera despejar esta duda en los próximos días.
Investigaciones de LA PRENSA publicadas el año pasado revelaron que Concretosa fue inscrita en el Registro Mercantil de Managua, el 15 de agosto del 2000 y sus socios originales eran: Ronald Calero Lara, Blanca Lorena López y Vicente Benito Trujillo. La sociedad está inscrita en el tomo 142 en las páginas 235 a la 236, del libro de Sociedades.
Otros documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA indican que el aporte de capital fue entregado por cuatro testaferros. Socio A: Silvio Estrada (dueño del 40 por ciento); Socio B, Miguel Moraga (25 por ciento); Socio C, Ronald Calero (25 por ciento) y Socio D, Sebastián Martínez (10 por ciento). También figuraba el ex ministro de Transporte e Infraestructura, David Robleto. Sin embargo detrás de todos estos “socios” estaban Byron Jerez y Arnoldo Alemán.
“EL ADOQUINAZO”
Concretosa y otra empresa llamada Concretera de Nicaragua (Concrenicsa), fue utilizada por Alemán y Jerez para vender adoquines a la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción (Coerco), adscrita al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Concrenicsa y Concretosa, fueron las dos empresas que utilizaron para venderle 6 millones 586 mil 803 córdobas en adoquines, a la empresa Ingeniería de Construcciones (ICO) perteneciente a la Coerco, con los cuales se construiría un tramo de cinco kilómetros de la carretera Río Wawa-Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Documentos en poder de LA PRENSA, de actas e informes financieros, revelaron cómo Alemán, Jerez, Mena, Robleto y Martínez Reyes, utilizaron Concrenicsa y Concretosa para beneficiarse económicamente con este proyecto, que además quedó inconcluso.
Cuando estas operaciones dieron inicio, en enero de 2000, Alemán aún era presidente de la República, Robleto era titular del MTI, Mena era director del Instituto de Desarrollo Rural, Mayorga era director de la Unidad de Adquisiciones de Insumos Médicos del Ministerio de Salud, y Martínez Reyes era gerente de Materiales y Construcciones S.A. (Mayco), que en ese tiempo pertenecía al Estado.
El fraude que se tramó a través de Concrenicsa y Concretosa consistió en la venta de 924,972 unidades de adoquines y 32,000 medio adoquines a ICO del MTI, a un precio de siete córdobas y 3.50 respectivamente, de los cuales sólo se entregaron 261,395 unidades de adoquines y 25,300 medio adoquines a enero del 2002, incumpliendo el contrato de 6.5 millones de córdobas.
