José Antonio Poveda [email protected]
Durante la última época de los agricultores nicaragüenses viven una de las crisis más terribles en su historia. La declinación de producción y productividad se explica por una madeja de hechos, casi todos negativos, de carácter coyuntural y estructural. Sabemos que desde hace años los productores agrícolas se enfrentan a un incremento en los costos de los insumos y los medios de producción. Su crédito se ve restringido por las altas tasas de intereses otorgados por la banca privatizada; y la desaparición virtual de las instituciones estatales para el financiamiento.
Los pocos créditos existentes resultan inaccesibles, la desaparición del sistema de precios de garantía y la desventajosa relación con los bienes manufacturados deprimen más aún al sector. Las consecuencias son la descapitalización del campo y la migración al exterior de miles de nicaragüenses.
Parece evidente, pero es algo que debe destacarse puntualmente, que al examinar los efectos de todo tipo que puede tener la apertura comercial en el sector agrícola de Nicaragua y la suscripción del TLC, es necesario referirse no sólo a las inmensas asimetrías observables en las condiciones productivas entre los países. Debe ponerse de relieve el enorme significado social y político que para Nicaragua implica el poner al sector agrícola en el contexto de una competencia que, tarde o temprano, permeará todas las condiciones estructurales de este segmento productivo. La discusión se refiere a las cuestiones económicas y, en todo caso, a implicaciones sociales y políticas, se trata de una cuestión absolutamente crucial para Nicaragua.
La agricultura nicaragüense tiene problemas de integración productiva, heterogeneidad, falta de infraestructura en materia de irrigación, transportes y almacenaje; además, debe afrontar altas tasas de interés, entre otras muchas dificultades. En estas condiciones sus problemas más serios no se originan en sus relaciones comerciales con Estados Unidos, sino en sus dificultades intrínsecas.
Como resultado específico de la política de ajuste aplicada en nuestro país, se frenó la inversión, y la amplia red de protección nacida en las políticas de fomento a la actividad, ha desaparecido casi por completo. Dentro de los programas restrictivos del gasto público la actividad agrícola fue de las más perjudicadas. Esto ha ocasionado un reflujo generalizado en prácticamente todos los renglones del agro.
A pesar de que la infraestructura de Nicaragua está seriamente deteriorada en comparación con la de otros países, se nota que no existe en el Tratado de Libre Comercio (TLC) estipulaciones para mejorarla. Es decir, aunque la lógica del mercado es tal vez suficiente para los economistas profesionales y los alumnos de economía que están estudiando su primer año, al confiar en el mercado para mejorar la infraestructura ignoran un hecho crítico: el desarrollo de éstas requiere planificación y cuantiosas inversiones, y atender el impacto social. Además, cuando consideramos las tremendas disparidades que existen entre las empresas nicaragüenses y las del exterior (especialmente en los niveles de productividad y eficiencia) hay dudas legítimas de si Nicaragua podrá competir en dicho mercado regional. En su versión actual, el TLC no se ha diseñado para remediar las necesidades de Nicaragua a largo plazo.
En otro nivel, y desde una perspectiva estadounidense, si el TLC no logra generar crecimiento real en Nicaragua, porque su infraestructura no puede manejar el flujo de capital e inversiones que necesita, esto podría producir serios problemas.
Hace muchos años, John Maynard Keynes dijo dos cosas: 1) una economía de mercado puede permanecer en equilibrio con desempleo masivo; y 2) esperar la fuerza del mercado para salvar a la sociedad a largo plazo es un esfuerzo necio porque “a largo plazo, todos estaremos muertos”.
Sin discutir los detalles de las teorías de Keynes, lo que es importante para nuestros propósitos es su mensaje: depositar la confianza pública en el mercado no solamente es falta de previsión, incluso quizás sea absurdo políticamente. En síntesis, las personas con dinero no siempre toman las decisiones que beneficiarán al grupo más grande, ni tampoco toman las mejores decisiones.
El autor es vicedecano de la Facultad de Derecho UNAN-León, Catedrático de Derecho Internacional.
