- Caso de violación estaría siendo usado por el gobierno para negociar con Daniel Ortega, dice fuente
María José Uriarte R. [email protected]
Zoilamérica Narváez decidió romper el proceso de “solución amistosa” que impulsaba en su demanda contra el Estado de Nicaragua, y reactivará su querella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de beligerancia de la administración Bolaños de encontrar una solución satisfactoria a su caso, según conoció LA PRENSA.
Zoilamérica Narváez interpuso la demanda contra el Estado de Nicaragua en octubre de 1999, acusando al gobierno por denegación de justicia en la acusación que hizo en marzo de 1996 por abusos a los que era sometida por su padrastro Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista, principal partido de oposición.
LA PRENSA, tuvo acceso a un documento donde informa a la CIDH su decisión de abandonar el proceso de solución amistosa, después de 17 meses de negociación.
En uno de los puntos Narváez establece que “en un primer momento confió en que el gobierno, al abrir un proceso de solución amistosa, evidenciaba un gesto de buena voluntad, donde podría contar con todos los elementos de protección institucional del Estado, y así evitar o confrontar nuevos atropellos”.
“La administración del presidente Bolaños ha empezado a actuar ante este caso, con la incoherencia de un Estado que si bien por un lado negocia, por el otro violenta, prestándose nuevamente a interpretaciones confusas y ambiguas sobre un espíritu y voluntad política verdaderamente negociador”.
La última vez que existió la posibilidad de firmar un acuerdo, entre el gobierno y Narváez fue el 8 de marzo del presente año, pero los asesores del gobierno dieron prioridad a la negociación política que sostienen con el líder sandinista.
Según la fuente cercana a Narváez, el asesor presidencial Julio Vega, le habría comunicado que el arreglo sería efectivo y que la indemnización estaba incluida en el presupuesto del 2004, lo que resultó falso.
Una fuente del Frente Sandinista señaló que al parecer funcionarios de gobierno quieren convertir el tema Zoilamérica Narváez en elemento de negociación contra ese partido.
Por otro lado, precisó la fuente, el hecho es que existe un acercamiento, entre el gobierno con el FSLN, por ende con su líder Daniel Ortega, y pone en entredicho una verdadera intención por alcanzar un entendimiento, entre la demandante y el Estado.
En el documento se menciona como evidencias de denegación de justicia de parte del gobierno Bolaños, el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no dio lugar a un recurso de casación solicitado por Narváez, asimismo señala que una resolución emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos a solicitud de la parte interesada, para certificar las violaciones de derechos humanos de la que fue objeto, al final fue presentada con el único objetivo de favorecer la imagen del Estado ante la CIDH, en las que no se descartan presiones externas sobre el contenido de ese informe.
Según el documento, uno de los elementos para dejar suspensa la negociación del proceso de solución amistosa con el gobierno, se basa en la coyuntura política actual del país, ya que resulta imposible para el presidente Bolaños, reconocer de manera pública las injusticias a las que fue sometida Zoilamérica por su padrastro Daniel Ortega, quien es el líder de la oposición.
El reconocimiento público del presidente Bolaños al caso Narváez, conllevaría un problema político al mandatario, por mantener en este momento una alianza indirecta con ese partido y Ortega, basadas en relaciones de entendimiento para conservar la gobernabilidad del país.
Entre las conclusiones del documento estima que los asesores del gobierno, juegan de manera ambigua, ya que al final manejan las negociaciones políticas y a su vez revisan el acuerdo, llevándolo a un estancamiento para facilitar las conveniencias políticas del gobierno.
En junio de 1996 Zoilamérica Narváez acusó por la vía penal a su padrastro Daniel Ortega, sin embargo éste fue sobreseído definitivamente por la juez Juana Méndez, un segundo proceso por la vía civil para lograr la desadopción, dependía del resultado de la acusación por abusos deshonestos.
INDEMNIZACIÓN
En la demanda contra el Estado, se negocia una indemnización para Zoilamérica Nárvaez, originalmente estimada en cinco millones de dólares, pero dadas “las realidades económicas del país”, el monto se redujo a cien mil dólares con los que la demandante espera resarcir los costos incurridos por impulsar un juicio contra Ortega y apoyar la Fundación Sobrevivientes que dirige Narváez.
