Marcela Sánchezwashingtonpost.com
El mes de agosto en Washington es el mes de las ilusiones. Aquellos atrapados acá en el calor y la humedad de una ciudad fundada en un pantano añoran las vacaciones. Y aquéllos en vacaciones se hacen la ilusión de que los temas espinosos que dejaron atrás se resuelvan antes de que ellos regresen.
Tanto para gestores de políticas como para observadores de Latinoamérica, los tropiezos de Venezuela hacia un referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez son el tema de agosto que habrían preferido que se resolviera por sí solo. Pero Venezuela, el país que enfrenta tal vez la crisis más desestabilizadora en la región hoy en día, parece incapaz de dar incluso el primer paso hacia la solución considerada como aceptable.
Hace tres meses, la comunidad internacional facilitó un acuerdo entre Chávez y la oposición para realizar un referéndum sobre la vigencia de su mandato a partir del 19 de agosto, fecha que marca la mitad de camino de su período presidencial de seis años.
Ahora, a pocos días de esa crucial fecha, Chávez y sus partidarios parecen haber socavado el proceso. El congreso venezolano, donde legisladores adeptos a Chávez mantienen una pequeña mayoría, no ha podido alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, entidad que supervisaría el proceso electoral revocatorio.
Sin una autoridad electoral, los venezolanos no podrán ejercer su derecho constitucional de decidir sobre el destino de su presidente. Tal como el mismo Chávez bromeó, el único referéndum este año será el de California.
Existe la esperanza de que el proceso pueda resolverse legalmente a través del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que tiene la facultad de seleccionar el consejo electoral si el congreso no lo hace. Aún así, la alusión de Chávez al referéndum de California muestra poco respeto por el proceso constitucional y el tipo de desdén por el estado de derecho que frustra la lucha diaria por una salida democrática en ese país.
De hecho, el propio referéndum sobre el mandato de Davis en California ofrece una oportunidad única de comparar una democracia en ejercicio con otra que no lo es. Desde el momento en que la campaña para destituir a Davis recibió un millonario estímulo financiero en mayo, Davis ha estado luchando en muchos frentes con manifestaciones políticas, recogiendo firmas e incluso presentando desafíos de carácter legal.
Nadie esperaría que Davis —o Chávez— digan o hagan mucho para precipitar su propio exterminio político. Pero la estrategia de Davis revela una diferencia fundamental sobre lo que es un comportamiento democráticamente aceptable. Más allá del espectáculo o el caos, en California existe la sensación de un subyacente orden democrático sin importar lo que le pase a Davis. En Venezuela existe sólo la sensación de que sus instituciones son demasiado débiles para superar el poder de un individuo.
La semana pasada el Tribunal de Justicia le dio diez días al congreso venezolano para solucionar el impasse antes de intervenir y seleccionar su propio consejo. Pero si casi tres meses no han sido suficientes, es probable que una semana más tampoco logre destrabarlo. Entre tanto, los legisladores aliados de Chávez dicen que no reconocerán el consejo nombrado por el tribunal y prometen seguir interrumpiendo más el proceso con protestas callejeras. Con nuevas marchas también programadas por la oposición para presionar por el referéndum, será como volver a comenzar de cero.
Pero no hay necesidad de preocuparse, de acuerdo con algunos funcionarios en Washington. Las cosas van por buen camino, dijeron. La próxima semana todas las piezas quedarán en su lugar y el conteo regresivo hacia el referéndum empezará tal como se esperaba. Tal optimismo extremo en medio de la desazón de agosto significa lamentablemente que, en su desesperación, lo único que les falta hacer es tirar la toalla.
En mayo Washington debió haber insistido en que la comunidad internacional, por medio de la Organización de Estados Americanos, permaneciera involucrada después de firmado el acuerdo. La presión internacional pudo haber impulsado una rápida resolución del actual estancamiento en torno al consejo electoral y adelantado esfuerzos para organizar la logística del referéndum, desde la definición de cómo recolectar y verificar las firmas hasta el monitoreo del papel de las fuerzas armadas y los medios de comunicación.
Claramente algunos expertos latinoamericanos pensaron entonces que sería apropiado dejar que Venezuela se preparara para el referéndum por su cuenta. Ahora, ante la falta de progreso, se han unido a los muchos que desde un principio pensaron que la mediación internacional en Venezuela es necesaria y nunca debió interrumpirse.
Pero la interrupción es un hecho y Washington no da muestras de promover un reinicio. De hecho, los últimos actos de la administración Bush en cuanto a Venezuela incluyen discusiones para financiar futuras misiones de observación electoral y continuar el apoyo para fortalecer a los partidos políticos. Para el futuro venezolano dichos esfuerzos son bienvenidos pero, desafortunadamente, son también la señal que se están haciendo demasiadas ilusiones sobre el presente.
En Venezuela existe sólo la sensación de que sus instituciones son demasiado débiles para superar el poder de un individuo.
