Luis Felipe Palacios [email protected]
Pablo Beteta, el abogado que cobró honorarios millonarios a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), en tiempos del ahora prófugo de la justicia, Jorge Solís Farias, reapareció sorpresivamente ayer en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de abandonar el país hace más de un año.
Beteta huyó prácticamente del país, con rumbo desconocido, a finales de abril del año pasado, luego que el presidente Enrique Bolaños orientara públicamente a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar las millonarias erogaciones que en concepto de pagos de contratos de asesorías y servicios profesionales prestados a Enitel y a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), se hicieron al abogado laboralista.
Beteta, quien no tiene causa penal abierta en su contra, dijo a los periodistas que lo identificaron en las inmediaciones del Poder Judicial al momento de abordar un vehículo negro, que llegó a la CSJ a entrevistarse con algunos magistrados –que no quiso identificar–, para conocer sobre “su caso”.
AUGURAN PRESUNCIÓN PENAL
Beteta tiene pendiente una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), por sus servicios prestados a Enitel y Enel, durante la administración del ex presidente y ahora reo Arnoldo Alemán.
El presidente de la CGR, Francisco Ramírez, confirmó ayer a LA PRENSA que está listo un proyecto de resolución sobre el contrato de Enitel con Beteta, en el que se le pagaron más de nueve millones de córdobas, sin que existan evidencias del trabajo que realizó.
Aunque Ramírez no quiso adelantar cuál es el resultado de la resolución que estarán aprobando la próxima semana, extraoficialmente se conoció que recomienda determinar presunción de responsabilidad penal contra Beteta y Solís.
De acuerdo a un informe preliminar de la Contraloría, la contratación del abogado Beteta como asesor de Enel por 3.4 millones de córdobas estuvo precedida de una serie de irregularidades administrativas y financieras que incluyen violaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
Asimismo, el contralor Luis Ángel Montenegro adelantó recientemente que a Beteta y Solís Farias se les establecerá presunción de responsabilidad penal por haber suscrito un contrato de asesoría jurídica con Enitel, de más de nueve millones de córdobas por 12 meses, sin mostrar contrato que evidenciara el trabajo del abogado.
Beteta dijo desconocer sobre la presunta resolución de la Contraloría, y justificó el cobro de sus honorarios millonarios en “los aranceles judiciales” que “están establecidos en la ley”.
“Mi abogado, porque estoy representado por el doctor Pereira, ha presentado todo lo que teníamos en los archivos, que son una gran cantidad de juicios que hay en los tribunales de justicia”, anotó.
Beteta ilustró incluso el cobro de sus honorarios de la siguiente manera: “Si usted trabaja en cobranza y le dan a cobrar 100 córdobas, usted cobra entre 20 y 30 córdobas por cobrar 100 córdobas. Si usted tiene un caso en que alguien demanda 35 millones de dólares, como fue el caso de la Alcaldía (de Managua), ¿cuánto va a cobrar? Es sencillo. Eso está estipulado en la ley. Si eso fuera el tres por ciento, que es lo que la ley dice, eso es”.
Beteta, quien asesoró al Estado por poco más de ocho años, insistió en que el cobro de sus honorarios fue conforme a contratos suscritos con las empresas estatales, dentro del marco de la ley.
