- Presidente y sectores políticos demandan fallo sobre constitucionalidad de leyes exculpatorias de militares
AP
BUENOS AIRES.- El Gobierno del presidente Néstor Kirchner y los principales sectores políticos presionan a la Corte Suprema de Justicia para que no demore más un esperado fallo sobre la constitucionalidad de dos leyes exculpatorias de militares violadores de derechos humanos.
Existe consenso en que el Congreso podría declarar la nulidad de ambos textos legales, lo que podría abrir un debate jurídico de incierto final.
Muchos tratadistas sostienen que solamente la justicia está facultada para declarar la nulidad de una ley y cancelar sus efectos de manera retroactiva.
Si la Corte Suprema comparte el criterio de algunos tribunales inferiores y declara inconstitucionales y nulas a las llamadas leyes de obediencia debida y punto final, quedaría eliminado el obstáculo legal que impidió juzgar a más de 1,300 militares y policías acusados de delitos de la humanidad durante la dictadura (1976-83).
Un fallo semejante también quitaría sustento legal a los pedidos de extradición de 45 militares retirados y un civil que formuló el juez español Baltasar Garzón, fundado en que esas personas nunca fueron juzgadas en la Argentina y que no podrán serlo debido a las dos leyes sancionadas en 1986 y 1987.
Garzón, durante una visita a Bolivia, reconoció el pasado jueves que “hay una relación de fuentes de donde se debe enjuiciar este tipo de delitos y lógicamente en primer lugar está aquél donde se cometieron”, en referencia a Argentina.
En la eventualidad de que la Corte Suprema declare válidas las dos cuestionadas leyes, Kirchner ya anunció que su gobierno no hará nada para trabar las extradiciones.
“Esos delitos tienen que ser juzgados, aquí o en otra parte”, afirmó Kirchner, quien viene sosteniendo que la Argentina debe erradicar todo vestigio de impunidad.
La opinión del Gobierno fue expresada por el canciller Rafael Bielsa, en reportajes que aparecieron simultáneamente el domingo en los diarios La Nación, Clarín y Página 12.
“Debo creer que el Presidente está esperando que la Corte Suprema resuelva y francamente me parece que ésta es la mejor de las decisiones posibles…La Corte también gobierna. Y tiene que hacerse cargo de su responsabilidad política de resolver si las leyes son constitucionales o no’’, dijo a La Nación.
Agregó que si el máximo tribunal declara válidas a las leyes, “en ese caso volvemos a la posibilidad de que el Presidente resuelva si son extraditados o no”.
“La Corte no tiene tiempo para resolver la cuestión, ya es hora de que se pronuncie. La solución más razonable sería que en esta Corte estas leyes fueran declaradas inconstitucionales jurisdiccionalmente”, declaró Bielsa a Clarín.
Entretanto, siguen detenidos preventivamente, por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el civil y los 43 militares retirados, de una lista de 46 ex represores que remitió Garzón, quien tiene un plazo de 40 días para enviar los pedidos de extradición a través de la Cancillería española.
