- País asiático usualmente no entrega a sus nacionales
Isabel ReynoldsReuters
TOKIO.- Perú solicitó formalmente el jueves la extradición del ex presidente Alberto Fujimori para enfrentar cargos por una matanza de 25 personas a manos de militares a principios de la década de 1990 y otros delitos.
Sin embargo, Japón, que no tiene un tratado de extradición con Perú y considera a Fujimori ciudadano japonés, indicó que probablemente rechazará la demanda.
El embajador peruano Luis Machiavello entregó el grueso documento de 700 páginas y 5 centímetros de grosor que detalla la petición a un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.
“Para nosotros Fujimori es un ciudadano peruano”, dijo Machiavello en una conferencia de prensa en la embajada peruana en Tokio.
“Él nació en Perú y ha pasado el 99 por ciento de su vida en Perú”, indicó.
El embajador agregó que Perú ha extraditado en 1996 a un fugitivo buscado por Japón.
El secretario del Gabinete japonés Yasuo Fukuda dijo que Japón respondería a la solicitud “en línea con las leyes internas”, un indicio de que probablemente no entregará al ex presidente.
“La decisión final será tomada por el Ministro de Justicia, pero en general, cuando un criminal fugitivo tiene ciudadanía japonesa, nosotros no lo extraditamos”, añadió.
Perú confiaba en que Japón hiciera una excepción debido a la naturaleza de los cargos.
Fujimori reiteró su negativa a haber tenido cualquier vinculación con los asesinatos. “No hay una línea que pruebe que yo fui responsable”, dijo del documento pidiendo la extradición, según lo citó la agencia de noticias japonesa Kyodo.
El ex presidente vive en Tokio, amparado en su doble nacionalidad desde su destitución en noviembre de 2000, tras estallar el mayor escándalo de corrupción de Perú en torno a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, ahora preso en Lima.
LAS ACUSACIONES PRINCIPALES
La Fiscalía de Perú acusa a Fujimori de ser coautor del asesinato en 1991 de 15 personas, entre ellos un niño de ocho años, en un barrio pobre de Lima y por el rapto y matanza de nueve universitarios y un profesor en 1992.
Según investigaciones, la matanza fue cometida por el denominado Grupo Colina –integrado por militares en actividad, bajo las órdenes de Fujimori y de su ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos–, que se dedicaba a perseguir y eliminar a los opositores del gobierno.
Las víctimas fueron confundidas o eran sospechosos de pertenecer al grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Según el resumen de la solicitud de extradición leído en la cancillería peruana el miércoles, Fujimori cometió los delitos de “homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzosa, en tanto éstos configuran violaciones a los derechos humanos”.
Fujimori es acusado en Perú por otros cargos, que van desde corrupción de funcionarios hasta el tráfico de influencias y está incluido además entre las más de 1,000 personas vinculadas a la red de corrupción que dirigió por una década Montesinos, considerado su mano derecha.