José Adán Silva [email protected]
Byron Jerez quizás nunca se imaginó que su lujosa mansión veraniega de Pochomil Viejo, conocida popularmente como “la terraza”, fuera a terminar invadida por miles de pobres sin techo y niños desnutridos corriendo descalzos por sus pasillos o nadando en su piscina de azulejos azules.
Y aunque esa escena no llega, para bien de Jerez, es una fantasía que muchos jóvenes nicaragüenses están deseando ver cumplida, según la más reciente encuesta de Cid Gallup, quien obtuvo ese hallazgo de carácter idealista de la juventud nacional, al preguntar “¿Qué se debe hacer con los bienes intervenidos al señor Byron Jerez, como por ejemplo ‘la terraza’?”.
El estudio de opinión ciudadana respecto a la gestión presidencial, reveló que la idea de realizar una donación de los bienes intervenidos a Jerez, a personas necesitadas, es más fuerte entre los adultos jóvenes (16 a 24 años) y aquellos con educación secundaria (59 por ciento).
La propiedad, levantada en un área de cuatro manzanas y media de extensión, está valorada en más de dos millones de dólares (un poco más de 30 millones de córdobas).
La casa es de dos plantas, con ocho habitaciones lujosamente acondicionadas, amplios corredores cubiertos de ventanales, llenos de hamacas, sofás, canapés y otros muebles finamente acabados.
Cuenta con una piscina en forma de pescado dividida en dos partes: el cuerpo es para adultos, la cola para los niños; un ranchón de dos plantas, amplios jardines y duchas al aire libre, garaje techado y una enorme terraza de 75 metros de largo y 15.50 de ancho, que se construyó con fondos destinados a obras sociales para los damnificados del huracán Mitch, el fenómeno que mató a más de 3,000 personas y destruyó el 50 por ciento de la red vial del país.
OTROS QUIEREN SUBASTARLA
Pero si la mayoría de los jóvenes quieren donarla a las personas más necesitadas (59 por ciento), un segundo grupo de encuestados opina por subastar la mansión (20 por ciento), lo cual según la encuesta, es citado con relativamente mayor frecuencia por habitantes de ciudades cabeceras y quienes tienen un nivel de escolaridad alto.
Un tercer grupo de encuestados (12 por ciento) opina que los bienes intervenidos deben ser usados por el Estado, y un nueve por ciento no sabe ni responde la pregunta.
