- Expusieron los fondos de los ahorrantes, según resolución de ente fiscalizador
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría General de la República (CGR), estableció responsabilidad administrativa contra los ex superintendentes de bancos, Ángel Navarro y Noel Sacasa por haber sido negligentes en la supervisión de los bancos quebrados, y no cumplir con las normas establecidas por la Superintendencia y sus propios programas de inspecciones a las instituciones bancarias.
La CGR también estableció responsabilidad administrativa contra el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada y el ex miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos (SIB), René Vivas Lugo.
Sin embargo, este tipo de responsabilidades no son aplicables a ninguno de los anteriores funcionarios porque éstos ya no están en sus puestos.
LA PRENSA intentó conocer la versión de Navarro, pero éste no se encontraba en su casa y su esposa, Nubia de Navarro, dijo no saber a qué hora regresaría su cónyuge.
VIVAS NO CONOCE RESOLUCIÓN
Vivas Lugo por su parte dijo desconocer la resolución y agregó que él nunca fue notificado de que estaba siendo investigado. “Yo fui notificado de una investigación que estaban haciendo contra Sacasa (Noel), pero a mí no se me dijo nada y como le digo, desconozco esa resolución”, señaló.
Duque Estrada es prófugo de la justicia por ser el presunto autor de delito de lavado de dinero en el caso de la huaca.
NEGLIGENTES, PERO NO HUBO DELITO
El presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, leyó uno a uno los siete puntos de la resolución emitida por la entidad fiscalizadora y aclaró que esa entidad no buscaba responsabilidades penales ni civiles en este caso, porque lo que se hizo fue una auditoría operacional que buscaba saber si la SIB cumplió o no con sus obligaciones legales de supervisor de las actividades bancarias.
“La Superintendencia no estaba manejando recursos del Estado. No hubo daño patrimonial del Estado. Sólo estaban administrando leyes y normas prudenciales”, expresó el presidente de la Contraloría.
Ramírez dijo que hubo falta de inspecciones a los bancos quebrados de parte de la Superintendencia, pese a que se programaron en los años 1999, y 2000; que no se cumplió con las normas establecidas en la Ley 285 para evitar el lavado de dinero; que hubo incumplimiento al encaje legal establecido a los bancos; que no había soportes sobre la verificación a los porcentajes de créditos otorgados a las empresas relacionadas a los socios de los bancos y grupos económicos relacionados.
