Agencias
BRASILIA.- La huelga de los funcionarios brasileños contra la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumplió el martes tres semanas sin haber causado grandes trastornos al país, admitieron los propios organizadores de la protesta.
“Nuestro movimiento está creciendo pero su objetivo no es provocar el caos”, explicó a EFE, José Vaz Parente dirigente del sindicato de los empleados del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y uno de los organizadores de la paralización.
“Nos preocupamos en mantener, aunque limitados, servicios esenciales en hospitales, seguridad pública y fiscalización ambiental, entre otros y ello comprometió la fuerza de la huelga ante el público”, agregó.
Los sindicalistas consideran igualmente que, como la huelga se ha limitado hasta ahora a parte de los 900,000 empleados del gobierno federal, aún es posible fortalecerla con la adhesión de los cerca de siete millones de funcionarios de las 5,560 alcaldías y de las 27 gobernaciones del país.
Vaz Parente dijo confiar en que sus colegas de los gobiernos municipales y regionales “se sumarán en breve a la huelga, porque constatarán que esa reforma también los perjudicará”.
La reforma, que el gobierno del socialista Partido de los Trabajadores (PT) considera prioritaria y espera que sea votada antes de noviembre, ya fue aprobada integralmente por una comisión legislativa y esta semana comenzó a ser debatida por el pleno de la Cámara de Diputados.
Lula, cuya reforma es apoyada por la mayoría de los brasileños, según las encuestas, argumenta que el actual sistema de seguridad social es insostenible, especialmente por los beneficios que concede a los funcionarios públicos.
El gobierno pretende fijar un límite máximo de 2,400 reales (unos 840 dólares) para las pensiones pagadas a la mayoría de los jubilados, así como elevar en siete años la edad de jubilación de los empleados públicos.
Tales propuestas han llevado a funcionarios de altos cargos, algunos de los cuales se jubilan con salarios superiores a 20,000 reales (7,000 dólares), a liderar la huelga, con la intención de obstaculizar la votación de la reforma e intentar abrir una negociación con el gobierno.
Los sindicalistas reconocen que la huelga también ha perdido fuerza debido a que, en los últimos años, el gobierno sustituyó funcionarios propios por subcontratistas de empresas privadas, principalmente en áreas como la limpieza, el secretariado y la atención al público.
De hecho, la mayoría de la población no ha sentido los efectos de la paralización, ya que, pese a la lentitud de la atención, es posible realizar gestiones burocráticas y ser atendido en hospitales, ministerios y otras oficinas gubernamentales.
Por su lado, el presidente Lula da Silva instó ayer a los sindicatos a modernizar su estructura para mantenerse vigentes y no correr el riesgo de defender cada vez con menos autoridad los intereses de los trabajadores.
El mandatario hizo esas reflexiones en el inicio del Foro Nacional de Trabajo realizado en el palacio de Planalto, reportó AP.
El Foro, integrado por 42 representantes sindicales y patronales y mediadores del gobierno, analizará la renovación de la estructura laboral y sindical y funcionará como una mesa de negociación frente al desempleo, que en junio fue de 13%.
