Jorge Loáisiga Mayorga yJosé Adán Silva [email protected]
En mayo, en los días previos a la celebración nacional de las madres, al menos 30 madres y sus familias fueron desalojadas de la reserva de Biosfera de Bosawás, el último pulmón de Nicaragua, ubicado al norte del país.
Los desalojos fueron ejecutados por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, a solicitud de la Procuraduría del Medio Ambiente, una instancia estatal de la Procuraduría de la Propiedad, que se encarga de velar porque se cumplan las leyes que protegen el medio ambiente nicaragüense.
Unos días después, 80 familias más fueron sacadas por la fuerza de la reserva biológica Indio Maíz, al sur de Nicaragua. Todas las familias, del norte y del sur, tenían algo en común: eran desmovilizados de la guerra civil y no tenían tierras dónde vivir, ni títulos con los cuales conseguir préstamos bancarios.
Cuando salieron de ahí, ya habían destruido al menos 20 hectáreas de bosques y áreas protegidas y contaminado fuentes de agua.
Este, es uno más de los efectos que en Nicaragua provoca el conflicto de la propiedad, ya que muchas familias campesinas sin tierra, se toman las áreas protegidas nacionales para labores agrícolas, destruyendo grandes partes de bosques para sembrar.
Un estudio del Banco Mundial sobre los efectos de los problemas de la propiedad en Nicaragua señala que el problema de la propiedad no sólo afecta la producción agrícola y la inseguridad jurídica de la inversión, sino que también influye para que se destruyan las áreas protegidas del país.
Según ese estudio, “las áreas protegidas no están físicamente delimitadas y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales no tiene la capacidad para que se respeten”. Además, señala el estudio, que no existen planes de administración para las áreas protegidas, por lo cual los campesinos sin tierras significan un problema latente en la conservación de los recursos naturales del país.
