- Terminó la guerra, el país quedó destrozado y 900 mil familias de todo Nicaragua iniciaban su nueva guerra: la legalidad de sus propiedades. Ante el desmadre, y ante la posibilidad de que se estableciera la ley de la selva, el gobierno de Estados Unidos implementó una iniciativa de ley que con el paso de los años ha sido como una cruz en el lomo del Estado nicaragüense: el waiver
José Adán Silva yJorge Loáisiga [email protected]
TERCERA ENTREGA
Hablaba en “spanglish” y no “podía” mencionar la palabra “propiedad”, pero cuando le dijeron que no le pagarían los millones que pedía por una finca rústica que abandonó en los confines de Jinotega al inicio de la revolución, no tuvo dificultades para soltar en legítimo castellano: “Bueno, hijos de la gran p… Se van a arrepentir, pendejos”.
Dio un golpe en el escritorio, salió dando un portazo y atropelló a quien se encontró a su paso. A las semanas volvió con un funcionario americano a “resolver” su reclamo, pero esta vez ya no hablaba español del todo y su arrogancia era tal, que el verdadero americano, que sí hablaba español, le tuvo que pedir moderación y respeto ante el funcionario de la Intendencia de la Propiedad.
El tipo era un nicaragüense nacionalizado estadounidense. Exigía una indemnización de 15 millones de córdobas por una finca rústica que al momento de ser confiscada por los sandinistas, estaba en posesión del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, que la había embargado antes del 19 de julio de 1979 por falta de pago de un préstamo realizado en 1977.
Sin embargo nada de eso contó en su reclamo y al final el tipo obtuvo la indemnización. En las oficinas de la Intendencia nunca más lo volvieron a ver y sólo supieron de él cuando por medio de otro abogado reclamó una empresa que le había sido confiscada en 1979.
DE ESTADOS UNIDOS VIENE PREOCUPACIÓN POR WAIVER
Managua, 21 de abril de 2003. Una delegación de congresistas de Estados Unidos, encabezada por Cass Ballenger, presidente del Subcomité de Asuntos Hemisféricos Occidentales, se entrevista con la junta directiva de la Asamblea Nacional para analizar, entre otras cosas, el posible fin a los reclamos de propiedad de aquellos nicaragüenses que adoptaron la ciudadanía estadounidense.
El diputado Miguel López Baldizón, primer secretario del Parlamento, dio la noticia y explicó que la reunión sería de suma importancia para el país ya que Nicaragua “puede liberarse de la carga que anualmente significa el waiver”.
Esto, dijo López Baldizón, sería posible con la ratificación en el Senado de Estados Unidos de una Ley que pondría punto final a la creciente demanda de ciudadanos nica-estadounidenses que cada año exigen solución a sus propiedades confiscadas durante los años 80.
Y es que después de la piñata sandinista, no ha habido un dilema más costoso para el Estado de Nicaragua: asumir la resolución de las confiscaciones de propiedades a ciudadanos norteamericanos y pagar el error de los sandinistas, o carecer de la falta de apoyo de Estados Unidos al no saldar el compromiso anual que el gobierno estadounidense impone cada año a varios países que presentan problemas con propiedades de ciudadanos americanos.
“GRINGOS CAITUDOS”
El gobierno de Nicaragua ha emitido más de mil millones de dólares en bonos de indemnización para saldar, a manera de compromiso ante la comunidad internacional, principalmente ante Estados Unidos, las propiedades que el gobierno sandinista, y los posteriores gobiernos, han confiscados o ex propiado.
De estos mil millones, aproximadamente el 25 por ciento corresponde a pagos de ciudadanos norteamericanos, principalmente nicaragüenses que huyeron del gobierno sandinista y se nacionalizaron estadounidenses.
Llegó un momento en que resultó tan fuerte la presión de Estados Unidos a Nicaragua, que el ministro de la Presidencia del gobierno de la señora Violeta Chamorro, Antonio Lacayo, en 1994 llamó a los reclamantes como “gringos caitudos”, en un tono de mofa que reflejaba en parte el malestar que sus reclamos provocaron en ese período.
Fuentes de la Embajada de Estados Unidos consultadas para este reportaje, informaron que ese país tiene registrados en su base de datos a 1,021 ciudadanos que reclaman 1, 979 propiedades en Nicaragua, presuntamente confiscadas por el gobierno sandinista.
De ese total, dos terceras partes son nicaragüenses que adquirieron la nacionalidad estadounidense mientras estuvieron en el exilio o antes de la revolución.
Según las estadísticas de la Embajada, de los más de mil reclamantes norteamericanos, a 481 ya se les ha resuelto el problema, indemnizándoles 1,373 propiedades por un monto de 245.60 millones de dólares pagados en algunos casos con Bonos de Indemnización (BPI) y en otros casos en efectivo. Hasta el 31 de mayo del presente año, aún quedaban pendientes 826 reclamantes por resolverles sus problemas.
Anualmente la Embajada de Estados Unidos emite un informe al Departamento de Estado en el que envía la información sobre el avance de la solución de los reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses, el cual es tomado en cuenta a la hora de aprobar la ayuda y el respaldo a Nicaragua.
Actualmente el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos están analizando la cantidad de reclamos resueltos a favor de los ciudadanos norteamericanos, a fin de que el gobierno estadounidense apruebe el apoyo de ese gobierno a los préstamos que solicita Nicaragua a los organismos financieros internacionales. Cada año, Estados Unidos “sugiere” a Nicaragua la solución a determinada cantidad de casos de estadounidenses reclamantes de propiedades.
BOLAÑOS QUIERE FIN DEL WAIVER
En marzo de este año, el presidente Enrique Bolaños viajó a Estados Unidos con una agenda de varios temas sensibles para Nicaragua, entre ellos una petición para ponerle fin al waiver.
En una reunión efectuada en la Casa Blanca, Bolaños planteó ayer al secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, la necesidad de que salga con rapidez el waiver o certificación anual del gobierno de ese país en lo que se refiere a reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses de origen nicaragüense, para que Nicaragua no se vea limitada cada vez que se pida ayuda financiera.
La petición de Bolaños, parece tener eco en el Congreso y Senado de ese país, luego de conocerse que congresistas demócratas y republicanos están empujando una ley destinada a poner un límite a esos reclamos.
Al menos, eso es lo que se pretende con una iniciativa de ley presentada recientemente por el congresista Cass Ballanger, de Carolina del Norte, Estados Unidos, que intenta poner un límite a las demandas de propiedad de norteamericanos en Nicaragua.
El ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Carlos Ulvert, confirmó a LA PRENSA que el congresista republicano Ballanger, en conjunto con el demócrata William Delahunt, de Massachussets, introdujeron un proyecto de ley en la última sesión del Congreso, para poner un tope a los reclamos de propiedad.
QUE NO SEA HISTORIA SIN FIN
Según Ulvert, la moción pondrá fecha límite para que aquellos nicaragüenses que asuman la ciudadanía estadounidense puedan solicitar asistencia ante la Embajada de Estados Unidos en Managua en sus casos de disputa de propiedad, hasta determinado tiempo.
“Es decir, el que sea ciudadano americano a la fecha de hoy y haya introducido una demanda para el día de mañana, hasta ahí llega el límite. Nuevos ciudadanos y nuevas demandas ya no, porque entonces Nicaragua va a seguir con esta carga y esta presión de ciudadanos americanos, en donde no se le vería fin a esta historia”, ejemplificó.
Ulvert señaló que la iniciativa de ley vendrá a representar para Nicaragua el fin de las presiones de parte de ciudadanos estadounidenses que reclaman propiedades al gobierno nicaragüense, debido a que anualmente los “gringos caitudos” llegaban al Congreso estadounidense a solicitar la detención de ayuda financiera hacia el país –waiver–, porque no se les habían resuelto problemas de propiedad.
Ante el anuncio, el canciller Norman Caldera, quien participó en la reunión con Powell, comentó que “ya Ballanger conversó con Richard Lugar, otro congresista que está muy entusiasmado y que va a apoyar a Ballager en esa iniciativa, para que ya se sepa que hay un límite a la devolución de propiedades, lo cual terminaría con ese calvario de todos los años de que a Nicaragua no le dan la aprobación de los préstamos en los organismos financieros internacionales porque hay por ahí otra iniciativa que dice que el presidente estadounidense primero tiene que certificar que estamos cumpliendo con otras exigencias”.
El waiver o dispensa, está basado en la Sección 527 del Acto Extranjero de la Autorización de las Relaciones (1994) de Estados Unidos, que prohíbe la ayuda de ese país para un gobierno extranjero que ha confiscado a ciudadanos de Estados Unidos, a menos que ese gobierno tome medidas remediadoras que son evaluadas anualmente, y si se certifican, el presidente de Estados Unidos puede renunciar a esa prohibición.
La Sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de los años fiscales 1994 – 1995, prohibe la ayuda bilateral y el voto favorable de Estados Unidos ante las instituciones financieras internacionales (BID; BM, FMI) para el otorgamiento de préstamos a todo país en el cual los ciudadanos de Estados Unidos no hayan recibido indemnización adecuada y efectiva, por reclamos pendientes ante el gobierno por propiedades confiscadas.
Esta ley estadounidense se aplica a todos los países, no sólo a Nicaragua. La misma indica la importancia que reviste para Estados Unidos la indemnización por conflictos de propiedad.
La Sección 527 de la ley antes mencionada también autoriza al secretario de Estado, en quien delega el Presidente de Estados Unidos el asunto, a suspender el waiver (prohibición) por el espacio de un año, si éste determina que ello redundaría en el interés nacional de Estados Unidos.
MUCHO PARA ALGUNOS, POCO PARA OTROS
El proyecto de ley propuesto por el diputado Cass Ballenger, quien ha visitado Nicaragua en más de 30 ocasiones, y es miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos, donde preside el Subcomité del Hemisferio Occidental, fue aprobado por la Cámara de Representantes el pasado marzo y está ante el Senado de Estados Unidos.
Al ser abordado por LA PRENSA el congresista Ballenger, a la salida de la Asamblea Nacional, se le preguntó a qué se debía el interés por promover la iniciativa de ley sobre el waiver, y su respuesta, aunque corta, reflejó lo que muchos gobiernos han pensado del tema: “Algunas personas han obtenido demasiado y otros relativamente poco”.
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