- El ex intendente de la Propiedad, cuenta cómo las presiones externas sacudieron las finanzas del país, al ordenarse pagos millonarios a nicaragüenses nacionalizados norteamericanos, quienes reclamaban millonadas por propiedades confiscadas, llegando en algunos casos, a cometerse abusos y “arribismo” para sangrar al Estado
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El ex intendente de la Propiedad, Guillermo Argüello Poessy, considera que el sistema de pago de indemnizaciones a los confiscados por la revolución “fue una imposición extranjera” que ha traído consecuencias económicas graves al país.
“El camino no era indemnizar. Esto de indemnizar fue una imposición extranjera. En el gobierno de la señora Chamorro hubo ciudadanos extranjeros, concretamente americanos, nicaragüenses que se hicieron norteamericanos, e hicieron presiones de toda clase y se hizo este sistema para indemnizarlos, donde se les pagó cualquier cantidad de dinero”, expresó Argüello.
El ahora contralor colegiado comentó que cuando estuvo de intendente se le apareció una dama de origen asiático, con una insolencia inaudita, alegando que era heredera de Fernando Chang, (q.e.p.d.) quien fue asesor de Lilliam Sevilla Somoza, quien tenía muchas cosas a nombre de él o de sociedades, pero no era más que un empleado.
“Total, esta señora venía a reclamarme una finca, una propiedad que supuestamente era de su difunto esposo y entonces vino la Embajada americana y presionó como vos no tenés idea para que le pagara la indemnización. Recuerdo que tuve una conversación poco diplomática con el embajador (Lino) Gutiérrez, donde yo le señalaba que esa donación que le había hecho Fernando Chang a su esposa no era herencia, y por qué aquí en Nicaragua se lo iba a tratar como una herencia”.
RECLAMABAN HASTA SUBSUELO
“El embajador Gutiérrez me mandó una carta, siendo yo funcionario de este gobierno, donde me decía que ella era norteamericana y que el reclamo debía considerarse como el de un norteamericano”.
“Esta señora llegó con un experto, ingeniero nicaragüense, a cuantificar su reclamo. No reclamaba la superficie, sino las decenas de metros de profundidad del terreno multiplicados, para hacer los metros cúbicos de arena. Unas sumas de dinero que el Estado con qué las iba a pagar. Entonces fuimos víctimas de ese tipo de reclamos”, dijo Argüello.
“Fui a ver cómo se trasladaban unos tanques, chunches viejos que eran del Ejército, para que las Fuerzas Armadas le entregaran a esta señora la propiedad. Inclusive se llegó a hablar de una suma de dinero que el gobierno le entregaría al Ejército a cambio de que desocuparan el lugar para entregar la propiedad, hasta a eso se llegó”, agregó el ex intendente.
“Por dicha, un hijo de doña Lilliam Somoza, que ahí está para corroborar lo que yo te estoy diciendo, tenía poder de esa sociedad, usó el poder y vendió la propiedad a otra sociedad; cuando volvió a llegar esa señora a donde mí, con la insolencia que le caracterizaba, sobre todo con el respaldo que tenía de la nación que había adoptado como propia, en cuanto entró le dije: señora usted no tiene nada, tome esta escritura y busque qué hacer con ella, esa propiedad ya fue vendida”.
“¡Hay Dios mío¡ ¡qué no me dijo esa mujer! Pero esas son las presiones a las que fuimos sometidos”.
LOS ABUSOS DE LAS LEYES POPULARES
Argüello dijo que lejos de solucionar el problema de la propiedad, el régimen sandinista agravó los conflictos de propiedad, primero con sus leyes confiscatorias y después con las Leyes 85, 86 y 88, conocidas como las leyes de la piñata.
“Estas leyes, me atrevo a decir, que por muy buena intención de los legisladores cuando resolvieron sus instancias políticas promulgar estas leyes, hubo mucho abuso, entonces lejos de darle una solución al problema, vinieron a crear mayores conflictos porque se cometieron, sin ninguna duda, abusos en el tema de la propiedad”.
Agregó que en el caso de la Ley 85 se dieron casas de veraneo, que no debieron darse, casas que no eran de interés social. “Estas leyes crearon, además de la distribución que se hizo con muchos abusos, enormes conflictos de propiedad porque se abrieron nuevas cuentas registrales, se abrieron libros especiales para títulos agrarios, y crearon grandes confusiones que todavía hoy están alterando todos los registros de propiedad de Nicaragua. Nos encontramos fincas que tienen varias inscripciones, todo eso ha creado una desconfianza en inversionistas extranjeros y nacionales porque no saben a qué atenerse. Les presentan un título que ya le han dado vuelta dos o tres veces, con buena apariencia, y te encontrás que sobre esa misma propiedad hay dos o tres títulos anteriores. Se han creado muchos conflictos de propiedad”, agregó Argüello.