- El futuro económico de Nicaragua está atado al problema de la propiedad, que no se resuelve debido a grandes problemas: la Piñata sandinista, el Estado, que creó un enorme aparato burocrático con su laberinto de leyes, las presiones sociales de miles de ex combatientes de ambos bandos, los pactos políticos y los abusos de algunos confiscados. Todo esto ha resultado en que al día de hoy la cantidad de tierra reclamada exceda el tamaño del territorio nacional
Jorge Loáisiga y José Adán [email protected]
Segunda entrega
Rosa Emilia Montenegro es una campesina de 56 años, originaria del cerro Kilambé, Jinotega, quien algunos años después de que terminó la guerra, en 1994, compró una finca de 45 manzanas de tierra en el municipio de Wiwilí, a orillas del río Coco.
Ahí vivía, feliz de haber invertido los ahorros de toda su vida en una propiedad que podría llamar suya, en armonía con las aguas turbias del Coco o Wangki.
Pronto se le acabó la felicidad: en su propiedad el Estado construyó el hospital de ese municipio, apropiándose sin ninguna explicación del terreno.
Ahora exige justicia, pero no sabe dónde más pedirla. Ha recorrido muchas instancias, dice, y en ninguna le han solucionado. Por el contrario, le ha resultado peor: descuidó lo que quedaba de su preciada propiedad y desde 1998, se han asentado ahí casi 100 familias que bautizaron al barrio que allí se levanta con champas de plástico y ripios de madera con el singular nombre de “Laberinto de Pasiones”.
Legalmente la propiedad le pertenece a ella. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Jinotega, en el tomo 261, folios 120 al 122 bajo el número 20,154.
Doña Rosa se la compró a Amadeo Sáenz López, quien había recibido un título de reforma agraria el 23 de abril de 1984. “No era una propiedad de la Piñata, el título era más viejo”, dice Montenegro.
En diciembre de 1998, los miembros de una “comisión municipal” integrada por ciudadanos notables del municipio de Wiwilí, y una turba de pobladores llegaron a la casa que Montenegro había construido en la propiedad y la obligaron a abandonar el lugar, pese a que ella tiene sus papeles en regla.
“Alegaron que la propiedad era del Estado. También llegó la Policía pero no hicieron nada por ayudarme, al contrario, se pusieron del lado de los usurpadores”, asegura la señora, quien en busca de justicia, ha visitado más de 20 instituciones demandando una respuesta que aún no llega.
20 CAUSAS
El borrador de un resumen ejecutivo del Banco Mundial, titulado “Estudio sectorial de tierras, la necesidad de estabilizar el régimen de la propiedad en Nicaragua”, enumeró que el problema de la propiedad se complica por más de 20 causas de todo tipo, principalmente legales e institucionales.
“A pesar de la cantidad de tierra afectada por la reforma agraria durante el período 1979-1990 fue solamente el 23 por ciento del territorio del país, la falta de registros adecuados, las transacciones subsiguientes con base en esta información imprecisa y la redistribución de tierra a los combatientes desmovilizados han conducido a una multiplicación de conflictos hasta el punto que, de acuerdo a algunos informes, el área bajo disputa excede el área territorial de Nicaragua”, dice.
Según el documento, presentado durante un seminario de discusión con las organizaciones que componen el llamado Foro de la Propiedad, para que Nicaragua pueda financiar su estrategia de reducción de pobreza, necesita solucionar el problema de la propiedad.
El informe divide en varia áreas las causas que agitan el conflicto, siendo las principales causantes de la agudización del problema, los vacíos y abusos en la aplicación de las leyes, el burocrático manejo de las instituciones públicas encargadas de dar solución al problema, más el abuso de reclamantes y las presiones sociales de los desmovilizados de ambos bandos: del ejército sandinista y ex contras.
GOBIERNO RECONOCE PROBLEMA
El problema fue reconocido por el propio presidente Enrique Bolaños, quien en su discurso de los 100 días de gestión, anunció una reestructuración del aparato burocrático para tratar de darle solución al problema.
“Tenemos un sistema de tenencia de la propiedad desordenado e inseguro. Uno debe sentirse seguro de sus propiedades, de su parcela de sus bueyes y de su casa. El 70 por ciento de las fincas del país tienen algún tipo de irregularidad y el 44 por ciento de las propiedades no tienen ningún documento que las respalde”, dijo Bolaños, para luego lanzar una promesa.
“Actualmente existen más de 50 leyes y disposiciones legales sobre la propiedad, estando su aplicación regada en 21 dependencias gubernamentales. Vamos a unificar esta disposición para facilitar y garantizar el derecho de propiedad. Vamos a elaborar una sola ley de propiedad y una nueva ley de catastro y registro que modernice y fortalezca el derecho de propiedad”, anunció el presidente.
El proyecto por el cual quiere dar solución al problema, se llama “Programa de Ordenamiento de la Propiedad”, y cuesta 100 millones de dólares que serán asumidos, en parte por el gobierno, y en parte por el Banco Mundial.
A la fecha, aunque estaba previsto a arrancar hace meses, no lo ha hecho y su constitución avanza lentamente, como las otras 21 instituciones gubernamentales que deberían dar solución a problemas de propiedad como el doña Rosa Emilia Montenegro, la campesina del Kilambé que sigue esperando justicia por la propiedad que le arrebataron.
PROBLEMA GIGANTESCO
Es tan grande el problema de la propiedad en Nicaragua, que al calcular las extensiones de tierras que se reclaman por las vías legales, se necesitaría ampliar las fronteras nicaragüenses a Costa Rica y Honduras para satisfacer a todos los reclamantes, ya que las demandas de tierras exceden el área territorial de Nicaragua, según estimaciones hechas en un estudio que el Banco Mundial presentó en abril de este año.
