- El Gobierno ha tenido tropiezos a la hora de implementar la nueva Ley de Equidad Fiscal, los cuales son considerados como evidencias que ésta no fue analizada a como se debía para su correcta aplicación. Se aduce que la misma ha sido un completo cambio de reglas del juego para los empresarios y ha sido un verdugo para los consumidores
Gabriel Sánchez Campbell [email protected]
A 78 días de estar vigente la nueva Ley de Equidad Fiscal aflora un dilema: Si la aprobación de esta legislación fue bien pensada o si simplemente fue hecha a la ligera para cumplir con exigencias de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Analistas, como el experto en Derecho Tributario, Julio Francisco Báez, miembro del equipo técnico que trabajó en la elaboracion del proyecto de Ley, considera que los problemas presentados en la aplicación de esta nueva legislación se deben a que los diputados que la aprobaron no tuvieron suficiente tiempo para analizar las consecuencias que su diligencia traería a los sectores involucrados.
Sin embargo Róger Arteaga, director General de Ingresos, considera que realmente cada diputado sabía cuál era el fondo de la Ley cuando se aprobó, porque desde los primeros meses del año el Poder Ejecutivo informó al Legislativo de cada uno de los pasos que seguían para su estructuración.
Esta reforma tributaria fue uno de los compromisos que adquirió Nicaragua con el FMI, en diciembre, dentro del programa de saneamiento de las finanzas públicas que aplica el Gobierno para conseguir la condonación de la deuda externa valorada en 6,400 millones de dólares.
Con estas reformas, las terceras de este Gobierno, se pretende recaudar el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 700 millones de córdobas.
Las críticas a los legisladores fueron refutadas por Wálmaro Gutiérrez, miembro de la Comision de Asuntos Económicos del Parlamento, expresó que antes de aprobar la Ley todas las iniciativas fueron presentadas y consultadas también con el sector industrial, comercial, los expertos tributarios y demás empresarios quienes conocían la matriz o patrón a través del cual salió la reforma.
VINIERON ALZAS
Pero en medio de esta disyuntiva los efectos que produjo la entrada en vigencia de la Ley no se hicieron esperar y el primer gran afectado fue el consumidor quien han tenido que soportar un incremento en los precios de la canasta básica.
Estas alzas se originan porque los sectores productivos que antes gozaban de exoneraciones en los pagos de algunos servicios como el de la energía eléctrica, ahora tienen que pagar un impuesto del 15 por ciento correspondiente al Impuesto del Valor Agregado, conocido ahora como IVA, y han decidido trasladar el incremento de sus costos de producción en los precios al consumidor.
También el pago que tienen que hacer por el almacenaje de granos básicos, el trillado, secado, despulpado y otros servicios a los cuales no se les cobraba el IVA.
Otra causa de estas alzas surgió de la discusión que se tenían diputados, funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Dirección General de Ingresos (DGI) por no ponerse de acuerdo si se cobraría el IVA a los productos importados de la canasta básica.
En este caso los incrementos fueron trasladados al consumidor y la pasta dental, al igual que otros productos, subió un córdoba con cincuenta centavos.
MÁS IMPUESTOS
Pero no sólo ha sido por eso que los productos de consumo se han encarecido, sino también porque las empresas tienen que pagar más impuestos indirectos como el de los depósitos en las cuentas de sus bancos cuando son mayores a cinco mil dólares o su equivalente en córdobas. Por tener esos depósitos la DGI cobra el 10 por ciento sobre los intereses recibidos de cualquier institución financiera.
Están también los sectores industriales, los comerciales, los sectores productivos y demás contribuyentes que ahora tienen que pagar un impuesto del uno por ciento sobre sus activos totales, cuando éste supere al pago del 30 por ciento de las ganancias que antes tenían.
Aunque se impusieron una gran cantidad de nuevos impuestos, con esta Ley el Gobierno mantuvo la aplicación del programa con el FMI, del cual se había salido en enero, tras la aprobación del Presupuesto General de la República, todo con el objetivo final de alcanzar la condonación masiva de la deuda externa.
NO HUBO REFORMA FISCAL
Según el experto tributario Julio Francisco Báez nunca hubo reforma fiscal como tal. Lo que se hizo fue una reforma tributaria con carácter recaudador, por eso es que asegura que se crearon nuevos impuestos.
Báez dice que para que existiera una reforma fiscal, que es lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se debieron aprobar tres cosas más: la Ley de Régimen Presupuestario, la Ley de Carrera Administrativa y el Código Tributario.
Esto porque si no hay una Ley que controle el Presupuesto, a la hora de determinar las partidas que corresponderán a una institución y a otra, no habrá parámetros técnicos para distribuir el dinero. “Y nadie controlará el gasto que se tiene”.
En cuanto a la Ley de Carrera Administrativa aduce que se debe aprobar para que los funcionarios públicos que recaudan impuestos lo hagan con eficiencia y eficacia, porque el éxito en el país no depende de la cantidad de las leyes sino de la calidad de la aplicación de éstas.
Báez sostiene que también falta el Código Tributario, mecanismo a través del cual se regulará el sistema recaudatorio.
“Al no haber aprobado los cuatro pilares fundamentales de una reforma fiscal, la Ley de Justicia Tributaria nace con una misión estricta, exclusiva y excluyente que es la recaudatoria. No se observa un ordenamiento financiero, no se observa una disminución de la regresividad. No se observa equilibrio y equidad porque precisamente sólo tocaron la parte del ingreso y no la del gasto”, expresó.
El especialista tributario explica que las recaudaciones descansaron en el Impuesto sobre la Renta, la eliminación de la tasa cero y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Gobierno renunció a la eliminación de las exoneraciones con lo cual se podían obtener 500 millones de los 700 millones que se espera recaudar.
Considera que el Gobierno para quedar bien con todos los sectores ha tenido un trastabilleo con la aplicación de la Ley. Por eso los inconvenientes surgidos con el cobro del IVA a la canasta básica y la medicación para que no se cobrara un impuesto municipal a los bancos.
CRONOLOGÍA
Durante poco más de seis meses el Gobierno preparó la reforma fiscal. Inició en diciembre del año pasado y concluyó en mayo del 2003.
1. Desde el 15 de diciembre del 2002, cinco días después que se ratificara el acuerdo con el FMI, especialistas tributarios empezaron a elaborar la propuesta técnica.
2. El 28 de marzo del 2003 se concluyó la propuesta técnica de los expertos.
3. Del 28 de marzo al 28 de abril, el Gobierno transformó la propuesta técnica en proyecto de Ley.
4. El 28 de abril, el Ejecutivo presentó al plenario de la Asamblea Nacional la Ley de Equidad Fiscal y la aprueban.
5. El 6 de mayo la Ley de Equidad Fiscal es publicada en La Gaceta, diario oficial.
6. Entre el 13 y el 16 de junio se publica en La Gaceta el reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.
LAS «CÁSCARAS DE BANANO»
El cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la levadura orgánica que se usa para hacer pan, por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA) y no a la muerta que es usada para la producción de cervezas, fue la primera contradicción que surgió.
El cobro del IVA o no a los productos importados de la canasta básica mantuvo una pública contradicción entre la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Asamblea Nacional.
El cobro se suspendió, pero quedó el sinsabor del anuncio, al final suspendido, hecho por el director general de Ingresos, Róger Arteaga, de devolver unos 90 millones de córdobas recaudados en medio de esta situación.
Por una información que publicó LA PRENSA, refiriéndose al pago de un impuesto municipal a los bancos, la DGI emitió un comunicado que decía que no se debía cobrar nada, a pesar que en la Ley sí se dice que se cobrará el uno por ciento sobre los depósitos totales.
El altercado que se produjo con un concierto de la Camerata Bach, una agrupación nacional a la que se le quería cobrar IVA por el concierto que darían, cuando la Ley dice que sólo se cobran impuestos a los artistas internacionales. Al final la DGI desistió en cobrar.
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