Desde que asumió en mayo, el presidente Néstor Kirchner ha dado señales de que buscará que los delitos del pasado sean castigados.
Él mismo fue perseguido por la dictadura cuando era estudiante y en su discurso inaugural habló de la generación “diezmada” por el gobierno militar.
“El reencuentro no puede venir desde el silencio o la complicidad (…) Tenemos que separar la paja del trigo, hacerse cargo cada uno de lo que hizo”, dijo Kirchner dos semanas atrás en un acto ante decenas de militares.
Distintas fuentes del gobierno han dicho en las últimas semanas que Kirchner está buscando el mejor método para derogar un decreto que protege a los militares acusados de genocidio de ser extraditados para enfrentar juicios en otros países.
Sin ese decreto, la justicia argentina podría aceptar pedidos de extradición, aunque las causas ingresarían en una confusa maraña en la que se deberá discernir si las leyes de amnistía hacen que esos delitos sean “cosa juzgada”.
La intención de derogar ese decreto se hizo pública luego que el ex represor argentino Ricardo Cavallo, detenido en México en el 2000, fuera extraditado a España a pedido del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Argentina no hizo nada para impedir esa extradición.
UN PRIMER PASO
Organismos de defensa de derechos humanos esperan que la extradición de Cavallo abra el camino para muchas más.
Garzón ha reiterado el pedido de extradición de 46 ex represores argentinos que ya había realizado sin éxito años atrás. El decreto que rechaza esos pedidos hizo inútil su intento.
Pero ahora los familiares de las víctimas argentinas, que aún sufren la frustración de haber visto cómo el ex dictador chileno Augusto Pinochet escapó de la justicia española, tienen esperanza.
“Es muy bienvenida la iniciativa de Kirchner, es como un aire fresco”, dijo Aida Sarti, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que representa a familiares de desaparecidos durante la dictadura. “Pero queremos que se anulen las leyes (de amnistía) para que los juzguen acá” en Argentina, agregó.
En los últimos meses, algunos tribunales inferiores han declarado inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 1987.
Una de esas causas trepó la pirámide judicial y se espera que la Corte Suprema ratifique o rectifique esos fallos.
