Juez Vida Benavente, Edgard Chamorro y Edmundo Castillo.

Millones del Iniser pasaron a Agroinsa

Juez Vida Benavente ordenó entregar a Agroinsa C$5.4 millones de dólares que estaban en cuentas embargadas de la aseguradora José Adán Silva [email protected] Comenzó la descapitalización del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), al ordenar la Juez Tercero de Distrito Civil de Managua, Vida Benavente, que varios millones de córdobas de dos cuentas bancarias […]

  • Juez Vida Benavente ordenó
    entregar a Agroinsa C$5.4 millones de dólares que estaban en cuentas embargadas de la aseguradora

José Adán Silva [email protected]

Comenzó la descapitalización del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), al ordenar la Juez Tercero de Distrito Civil de Managua, Vida Benavente, que varios millones de córdobas de dos cuentas bancarias de la aseguradora que estaban intervenidas a solicitud de la sociedad Agroindustrial Azucarera Sociedad Anónima (Agroinsa), pasaran a favor de esta última sociedad.

La orden de vaciar las cuentas del Iniser que estaban en el Banco de la Producción, sucursal Plaza España, se emitió mediante una sentencia el pasado viernes 11 de julio, en la cual la juez Benavente ordenó a los depositarios judiciales de las cuentas, que entregaran el dinero al representante legal de Agroinsa, Edgard Chamorro Cuadra.

En una de las cuentas, el Iniser tenía depositado 247,065.86 dólares (3,738,106 córdobas al tipo de cambio oficial) y en la otra había 1,694,797 córdobas. En total, entre las dos cuentas vaciadas del Iniser, había un total de 5.4 millones de córdobas.

AGROINSA RETIRÓ EL DINERO INMEDIATAMENTE

“Visto el escrito que antecede, gírese oficio a los depositarios judiciales nombrados, señores María de los Ángeles González Soto y David Silva Briceño, para que procedan a entregar las sumas que han sido retenidas al Iniser, en los embargos ejecutivos trabados por el Juez Tercero Local Civil de Managua a favor de Agroinsa, al señor Edgard Chamorro Cuadra, representante legal de Agroinsa”, dice parte de la sentencia.

El dinero fue retirado ese mismo día, en horas de la tarde, por Chamorro Cuadra, según confirmó ayer él mismo al diario LA PRENSA.

La decisión de la juez Benavente pasó por alto un recurso de tercería de dominio que la Procuraduría General de la República (PGR) había interpuesto en el caso, y el cual aún no está fallado.

La sentencia de Benavente también saltó sobre otros recursos legales sin resolver, de varios acreedores de Agroinsa que embargaron los derechos litigiosos de esta sociedad, que demanda al Iniser por siete millones de dólares, por un supuesto incumplimiento en el pago de una póliza de seguro.

AGROINSA DISPUESTA A NEGOCIAR

El representante de Agroinsa, Edgard Chamorro Cuadra, dijo que ellos están dispuestos a llegar a un arreglo con el Iniser, ya que asegura que no tienen intención de perjudicar a la empresa de seguros.

“Nosotros nos hemos mostrado flexibles, hemos enviado cartas al presidente ejecutivo del Iniser, Manuel Gurdián, para que negociemos el caso, pero sabemos que por presiones de la Presidencia de la República, el Iniser no cede, a pesar que tiene perdido el caso”, dijo Chamorro.

Según Chamorro, el gobierno está tratando de botar el caso, por medio de una denuncia de estafa en perjuicio del Estado, que interpuso la semana pasada ante la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, la procuradora penal auxiliar Carolina Vásquez.

En dicha denuncia, Vásquez alega que los apoderados de Agroinsa, Benedicto Meneses Fonseca y Edgard Chamorro Cuadra, actuaron dolosamente en perjuicio del Estado, al presentarse a una demanda ejecutiva que le interpuso las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), con un poder generalísimo de la sociedad irlandesa Noevau Latin America Limited, adjudicataria de Agroinsa, la cual no está registrada en Nicaragua y en Irlanda fue disuelta desde 1999.

Hasta la fecha, Agroinsa adeuda a la Cornap aproximadamente 18 millones de dólares por la compra del Ingenio Victoria de Julio, en 1993, el cual se adquirió por medio de la sociedad irlandesa Noevau Latin America Limited.

CAMBIO DE ABOGADOS

La presidencia ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), ordenó la contratación de un nuevo bufete de abogados que seguirá llevando el caso que esa institución pelea contra la sociedad Agroindustrial Azucarera Sociedad Anónima (Agroinsa).

El caso, que según los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue mal llevado por el cuerpo de abogados del Iniser, que encabezaba hasta esta semana el abogado Ramiro Jerez, pasará a manos del doctor Edmundo Castillo Ramírez, del bufete Castillo Ramírez y Asociados.

Según el doctor Castillo, él está tomando posesión del caso, como nuevo apoderado del Iniser, para tratar de revertir una serie de fallos adversos a la aseguradora, incluyendo la última sentencia de la Sala Civil de la CSJ, donde se rechazó un recurso legal por medio del cual la compañía a la que representa, solicitaba la nulidad del juicio en la demanda de siete millones de dólares que Agroinsa interpuso contra el Iniser por el supuesto incumplimiento de una póliza de seguro.

CSJ RESPONSABILIZO A LOS ABOGADOS

Hace dos semanas la Sala Civil de la CSJ emitió sentencia sobre el recurso legal que introdujo el Iniser en contra de Agroinsa, donde pedía nulidad absoluta del juicio.

Según dicha sentencia, el abogado Ramiro Jerez no presentó en su testimonio el escrito de apoderado de esa institución, donde promueve el incidente de nulidad, ni la contestación de la contraparte, ni la resolución dictada por el Juzgado Tercero Civil de Distrito, por lo cual la nulidad del juicio fue rechazada definitivamente.

En esa fecha la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, achacó la culpa de la pérdida del juicio a los abogados del Iniser, al decir que “el caso fue llevado con mucha negligencia y es lo que ocurre muchas veces con los casos que lleva el Estado”. Jerez rechazó los señalamientos de Ramos y los achacó a desconocimiento de la magistrada sobre el tema.

Diversas instituciones del Estado, incluyendo la Presidencia y la misma Procuraduría General de la República, mostraron su preocupación por la forma en que los abogados del Iniser llevaron el caso, y hasta anunciaron una investigación para determinar si debido a negligencia en el comportamiento de los abogados, se afectaron los intereses del Estado.

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