Mario José [email protected]
La propuesta de regular los intereses de las tarjetas de crédito ha levantado polvo, como se dice popularmente. El llamado dinero “plástico” representa hoy en día unos 110 millones de dólares en créditos provocados por unos 200 mil usuarios. Los emisores consideran fuera de lugar la regulación por la ley pues aseguran que atenta contra el libre mercado.
Kathy Castro es una de las 200 mil personas que tienen tarjeta de crédito en Nicaragua. Nunca le pasó por la mente que al comprometerse a ser fiadora de otra, tendría que pagar tiempo después hasta 18 mil córdobas por una cuenta que sumó intereses durante siete meses, según aseguró.
“Por ser fiadora tuve que pasar pagando 18 mil córdobas durante diez meses, porque la persona dueña de la tarjeta dejó de pagar, y la empresa emisora de la tarjeta me avisó hasta siete meses después, cuando los intereses habían subido”, sostuvo.
Castro 0 dijo estar de acuerdo con que la Asamblea Nacional apruebe una regulación para los intereses de las tarjetas de crédito, tal como lo contempla un dictamen preliminar de la Comisión de Justicia del Parlamento, que entrará a debate en agosto próximo.
El mercado de las tarjetas de crédito representa cerca de 110 millones de dólares en créditos, colocados por cinco de los seis bancos del Sistema Financiero Nacional (SFN) y por dos de las principales firmas emisoras.
“El mejor regulador es el mercado”, dicen los representantes de los bancos y de las firmas emisoras del llamado “dinero plástico o electrónico”.
Pero el panorama podría cambiar el próximo mes cuando los diputados de la Asamblea Nacional (AN), regresen del receso parlamentario de medio año, para discutir y posiblemente aprobar dentro del Código Penal una regulación para detener los abusos que, a juicio del segundo vicepresidente del Parlamento, Orlando Tardencilla, representan los “onerosos intereses” que se cobran sobre las tarjetas de crédito.
PROPONEN PENA
En ese sentido, cobrar intereses mayores al 30 por ciento anual sobre la obligación principal de las tarjetas de crédito y préstamos entre particulares, será penado bajo la figura delictiva de la usura, con penas de entre uno a cuatro años de cárcel y multas de 100 a 1,000 días de salarios para los responsables de ese delito.
Tardencilla admitió que el asunto iniciará un fuerte debate cuando sea discutido en el plenario Legislativo para su posible aprobación, aunque se empeñó en subrayar que no se trata de “una ley contra las tarjetas de crédito, sino contra las prácticas usureras”.
Pero desde ya la posible regulación ha encontrado el cuestionamiento de los representantes del sector privado, quienes estiman que la iniciativa no toma en cuenta los costos y riesgos del negocio, sobre todo cuando se trata de uno sobre el cual no hay ninguna garantía de pago.
LEVANTARÁ POLVAREDA
“La Comisión de Justicia ha llegado a un acuerdo preliminar de prohibir el llamado anatosismo financiero, que significa cobrar intereses sobre intereses y además capitalizarlos”, dijo el diputado Orlando Tardencilla, miembro de la Comisión de Justicia.
Admitió que las personas tienen la libertad de endeudarse “hasta más no poder”, pero justificó que la comisión ha visto que se están cometiendo abusos en el negocio de las tarjetas de crédito, y por ello “ha encontrado la necesidad de regular este tipo de operaciones”.
“Nos estamos encontrando que bajo el principio de la libertad de contratación y del mercado, algunas entidades de créditos prestan bajo distintas figuras incluso de hasta el 60 por ciento anual”, añadió.
En consecuencia, dijo que la comisión tiene considerado en su dictamen que presentará al plenario en agosto, que los intereses de las tarjetas de crédito no pueden pasar del 30 por ciento anual sobre la obligación principal, lo cual también se extenderá a los préstamos entre particulares, donde se cometen abusos mayores, admitió.
“La comisión ha considerado que esta práctica es bastante lesiva a la capacidad financiera de la población pobre de Nicaragua. Debe ser regulada y tenerse como delito de usura”, añadió al resaltar que “en términos mercantiles y de libertad de mercado, debe seguir manteniéndose la libertad de contratación, pero con algunos niveles de regulación”.
EL MEJOR REGULADOR
Edgard Ahlers, gerente general de Credomatic, una de las mayores firmas emisoras de tarjetas de crédito en el país, manifestó su total rechazo a la iniciativa, aunque admitió que los intereses en efecto fluctúan entre el 18 y el 60 por ciento anual, lo cual tiene sus razones, dijo.
“Los intereses son determinados por el libre mercado, donde hay una fuerte competencia. Somos de la opinión que el mercado es el mejor regulador de precios del intercambio de bienes y servicios”, señaló.
Argumentó que administrar los costos de una tarjeta de crédito son mayores y más complejos. “Es un préstamo riesgoso, pues damos una tarjeta con la simple firma. Cuando tenés préstamos riesgosos, el costo es más alto porque tenés que hacer reservas más altas”, sostuvo.
Añadió, además, que las regulaciones de intereses son percibidas negativamente a nivel mundial, lo cual va contra el libre mercado.
En iguales términos se expresó Eduardo Duque Estrada, vicegerente general de sucursales y Mercadeo del Banco de la Producción (Banpro), una de las cinco entidades bancarias del país emisoras de tarjetas de crédito.
“No soy amigo de los controles de precio, pero sí soy consciente que las tasas de interés de las tarjetas de crédito están altas, no te voy a tapar el sol con un dedo”, dijo.
Pero recordó una premisa sobre la cual “uno presta en base al costo de los fondos que uno capta”. “Meterse a controlar la oferta y la demanda es peligroso. Vos no obligás a nadie a que se endeude con su tarjeta”, subrayó.
UN “TECHO” PELIGROSO
Duque Estrada consideró que “es peligroso” ponerle un techo a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y de cualquier otro préstamo, cuando ese techo no está tomando el costo de esos fondos.
Ante tales razones, aconsejó que mejor sería “amarrar un margen” entre las tasas de interés que se deben cobrar, para que los bancos y las firmas emisoras valoren y tengan un margen de acción.
Duque Estrada reiteró igualmente que el negocio del “dinero electrónico” es de alto riesgo, primero porque “es un crédito al descubierto que no tiene ninguna garantía, se presta a mucho fraude y mucha gente que no te paga”, y segundo porque el Índice Riesgo País de Nicaragua es muy alto.
“Ese riesgo es muy difícil que lo midan unos señores en la Asamblea. Me parece que ponerle un techo porque se les ocurre que el 30 por ciento es correcto, es solucionar a pedradas el problema, no creo que la hayan pensado bien”, valoró.
SIB NO REGULA
El Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras por la Ley, Alfonso Llanes, dijo que no hay regulaciones en las tarjetas de crédito porque son corporaciones con personería jurídica establecidas como sociedades anónimas.
“No podemos opinar acerca del cobro de intereses que hacen los bancos, porque eso es de ellos, en lo que estamos pendientes es que los créditos se estén pagando”, indicó.
Llanes señaló que la SIB trabaja en la revisión contable de los saldos de las tarjetas de crédito que emiten los bancos como una manera de diversificación de sus servicios, pero no de las corporaciones autónomas.
OTROS DELITOS
La legislación en la que trabaja la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en el marco del dictamen del segundo libro del Código Penal, también tipifica como delito la usurpación de identidad al usar la tarjeta de crédito de otro, el fraude por medio de cajeros automáticos y el tráfico de información, principalmente la referida a datos financieros personales, que no son delitos bancarios sino de particulares.
Además:
Una larga historia
