- Dice que representa a sociedad irlandesa que no estaba inscrita en Nicaragua y que fue disuelta en Irlanda desde 1999
José Adán Silva [email protected]
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Gobierno denuncia por estafa a Agroinsa
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Dice que representa a sociedad irlandesa que no estaba inscrita en Nicaragua y que fue disuelta en Irlanda desde 1999 |
José Adán Silva
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La Procuraduría General de la República denunció ayer ante la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, a los apoderados legales de la sociedad Agroindustrial Azucarera Sociedad Anónima (Agroinsa), por el delito de estafa en perjuicio del Estado de Nicaragua.
La denuncia la interpuso la procuradora auxiliar penal Carolina Vásquez Mejía, quien alega que los apoderados de Agroinsa, Benedicto Meneses Fonseca y Edgard Chamorro Cuadra, actuaron dolosamente en perjuicio del Estado, al presentarse a una demanda ejecutiva que le interpuso la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), con un poder generalísimo de una sociedad que no está registrada en Nicaragua, y que en su país de origen fue disuelta desde 1999.
“CHANTAJE POLÍTICO”
Por su parte Edgard Chamorro, uno de los denunciados por la Procuraduría, respondió que esa medida gubernamental es un chantaje político para no pagar la demanda que Agroinsa está ganado a Iniser.
“Ésta es una movida política sin fundamento, un chantaje que tratan de hacernos para no pagar lo que nos deben pagar por el seguro que irrespetaron. Lo que andan buscando es una posición de fuerza para tratar de hacernos negociar lo de Iniser; pero no lo va lograr con su juego sucio el presidente Enrique Bolaños, porque tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Chamorro, quien asegura que “ya sabía que el gobierno anda buscando por todos lados una fisura por donde debilitarnos, pero no lo han logrado”.
Agroinsa actualmente está demandando al Instituto Nicaraguense de Seguros y Reaseguros (Iniser) por siete millones de dólares, por supuesto incumplimiento de contrato, por una póliza de seguro de una maquinaria que se quemó hace tres años y que Iniser no reconoce como asegurada.
El caso lo está perdiendo Iniser, ya que la semana pasada la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, emitió sentencia sobre un recurso legal que introdujo Iniser en contra de Agroinsa, donde pedía nulidad absoluta del juicio.
Según Chamorro, Agroinsa mantiene el poder de la sociedad irlandesa, pero que simplemente trasladaron el domicilio de la empresa por cuestiones estratégicas, que asegura que ampliará más adelante, cuando sea necesario, pero advirtió que no dará más información sobre ese presunto traslado de domicilio, para no dar armas a sus oponentes jurídicos en este caso.
LA NUEVA DENUNCIA
Según la denuncia interpuesta por la Procuraduría, los apoderados de Agroinsa se presentaron a la demanda con documentación relativa a transacciones entre la Cornap, entidad del Estado que congloba y administra empresas confiscadas o ligadas a la administración pública, y la sociedad constituida en la República de Irlanda, denominada Noevau Latin America Limited, adjudicataria de Agroinsa, con dirección 14/15 Parliament Street, Doublin, 2, Irlanda.
De acuerdo con la denuncia de Vásquez, los señores Chamorro Cuadra, Benedicto Meneses Fonseca y otros miembros de Agroinsa, han ostentado el poder general de representación de esa sociedad irlandesa desde 1993, realizando actos jurídicos y de comercio, sin que dicha sociedad esté inscrita en el Registro Público Mercantil de Nicaragua y en la Oficina de Registro de Sociedades del Gobierno de Irlanda.
Según los argumentos de Vásquez, esta situación va en “plena contravención a lo dispuesto por nuestras normas jurídicas que establecen mandatariamente la inscripción de sociedades extranjeras que ejerzan actos de comercio en el registro competente de esta república”.
El pasado ocho de julio del año, la Procuraduría solicitó información a la República de Irlanda, y ésta les informó que Nouveau Latin America Limited, fue registrada el 23 de marzo de 1993 y disuelta el 11 de junio de 1999.
“Tal situación indica que sin lugar a dudas, los apoderados de dicha sociedad han actuado al margen de la ley, ya que han figurado con calidad simulada, amparados por un poder de una sociedad inexistente por disolución de la misma, desde hace cuatro años”, argumentó Vásquez.
Según el argumento de la denuncia, la actuación de los abogados de Agroinsa viola lo contenido en el artículo 10 del Código de Comercio de Nicaragua, que reza textualmente: “Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos”.
