- Un informe de Contraloría
señala serias deficiencias en la SIB
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Venían días duros para Noel Sacasa
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Un informe de Contraloría señala serias deficiencias en la SIB |
Ary Neil Pantoja
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El magistrado de la Sala Constitucional, Rafael Solís Cerda, anunció ayer que la próxima semana esta sala emitirá varias sentencias en las que estarían aceptando los recursos de amparo que introdujeron personas perjudicadas con las quiebras de diferentes entidades bancarias, lo que dejaría en entredicho el trabajo de la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras (SIB).
Y aunque no quiso asegurar que ésta pudo ser la causa por la que Sacasa abandonó el país, Solís dijo que “seguramente alguien lo metió en miedo diciéndole que lo iban a enjuiciar y por eso se fue. Es lo que se me ocurre que puede haber pasado”.
Solís señaló que existe coincidencia entre los miembros de la Sala Constitucional en torno a que muchas de las quiebras bancarias pudieron evitarse. Agregó que en dichas quiebras privó el interés político y no técnico y que ello podría incidir negativamente en el trabajo de la SIB.
“En todos los países del mundo se da y en Nicaragua la SIB no está ajena a las presiones políticas, principalmente de los gobiernos de turno”, expresó Solís, tras recordar que la mayoría de las intervenciones y quiebras financieras se dieron durante la administración del presidente Arnoldo Alemán.
En la Sala Constitucional están pendientes al menos tres sentencias de amparo en contra de quiebras bancarias; mientras que unos dos recursos de casación por la misma causa, estarían por resolverse en la Sala Civil de la Corte Suprema, bajo la presunción de que las intervenciones y quiebras forzadas se dieron de forma irregular.
Entre los recursos de amparo y de casación se incluyen la quiebra del Banco del Café (Bancafé), Banco Intercontinental (Interbank), Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) y el Banco del Sur (Bancosur), cuyo recurso de casación está pendiente en la Sala Civil. Igualmente hay un recurso en contra de la quiebra forzada del Banco Europeo de Centroamérica (BECA), cuyo presidente era Álvaro Robelo.
CGR PREPARA INFORME
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) tiene casi lista una auditoría operacional que señala que la SIB fue negligente en la supervisión de los bancos quebrados, al no cumplir con las normas establecidas, ni con sus programas de inspecciones bancarias, según un informe preliminar de la auditoría que realiza en esa institución, a los que tuvo acceso LA PRENSA.
“Yo creo que el ex Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, no cumplió con sus obligaciones, y los siete hallazgos que se le notificaron son situaciones bien serias que en el hipotético caso de que nosotros vayamos a practicar una auditoría especial, podría haber responsabilidades penales, administrativas y civiles. Ahora sólo estamos haciendo una auditoría operacional para ver si ellos fueron eficientes en el desarrollo de su trabajo”, explicó el contralor colegiado, Luis Ángel Montenegro, al ser consultado sobre el tema.
“Si en el balance que nosotros hacemos, determinamos que hubo displicencia, incumplimiento muy marcado de la ley, falta de voluntad para hacer el trabajo que le correspondía al Superintendente, inmediatamente podemos autorizar una auditoría especial para determinar responsabilidades particulares, que podrían desembocar en responsabilidades penales”, agregó Montenegro.
Fue precisamente por este contralor, que la CGR impulsó la auditoría operacional en la SIB. Montenegro visitó en la cárcel al ex presidente del Banco del Café, Francisco Mayorga, quien desde su celda venía acusando a Sacasa de haberse prestado a un juego de intereses políticos para quebrar este banco, por intereses de personas allegadas a la Presidencia de Arnoldo Alemán.
MAYORGA ACUSA A LA SIB DE COMPLOT FINANCIERO
Mayorga dijo a LA PRENSA, que aunque existía algún déficit en las operaciones del banco, no era necesario que la SIB lo interviniera silenciosamente.
Producto de la quiebra bancaria, al menos 500 millones de dólares perdió el Estado de Nicaragua al asumir carteras y cuentas de los bancos quebrados, y emitir bonos para respaldar las nuevos movimientos financieros.
(Con el apoyo de Jorge Loáisiga M. y José Adán Silva)
