Marlon Bermúdez
El señor Ariel Montoya defiende el concepto de ipegüe (“Coima e ipegüe en la Nueva Era”, LA PRENSA, 24 de junio), calificándolo de solidaridad gubernamental en beneficio de los más necesitados. Pero en un Estado moderno, con prácticas transparentes y eficientes de adquisiciones, el ipegüe está fuera de lugar. Los procedimientos de adquisición estandarizados a nivel mundial, permiten la asignación de contratos a los oferentes que presentan las mejores ofertas financieras y técnicas. El concepto de ipegüe podría salir del control del proceso de adquisición y convertirse en coima. Los participantes en un proceso licitatorio deben ofrecer la mejor calidad y el menor precio, y no incluir un “regalo” escondido que pueda suplir sus deficiencias.
Si el Gobierno actual está erradicando la corrupción institucional y quiere crear un ambiente sano y transparente sin precedentes en lo que va de vida republicana, entonces ni la coima ni el ipegüe tienen cabida. Tampoco el tráfico de influencias, el nepotismo, el coleguismo, el compadrazgo y otras prácticas que conllevan al conflicto de intereses de los funcionarios públicos, y que a pesar de los esfuerzos del Presidente todavía prevalecen en algunas instituciones del Estado. Y no están escondidas, son del conocimiento público pero no se toman medidas para erradicarlas.
