- “Como tesorero del PLC no tenía por qué saber de dónde provenía el dinero donado para la campaña electoral de la Costa Atlántica”, expresó
Byron Jerez
Ary Neil [email protected]
El reo y ex tesorero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Byron Jerez dijo ayer desconocer el origen de los miles de dólares que recibió en carácter de donación de parte de varias sociedades anónimas para la campaña electoral de la Costa Atlántica en 1998.
Al rendir su declaración indagatoria en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen en el caso del fraude al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), Jerez negó cualquier vínculo con las sociedades anónimas Plastibolsa, Agropecuaria Vista Verde, Agrícola Santa Fe y Textiles y Confecciones S.A., entre otras las que, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), habrían solicitado créditos en córdobas al Banic para luego convertirlos a giros en dólares en la empresa Forex de donde eran remitidos a la sociedad Asefinsa y cuyo destino final era la campaña regional del PLC.
Jerez recibió cuatro giros internacionales en dólares, uno de 300,000 y otros tres de 200,000 dólares cada uno, los que fueron entregados por Donald Spencer a la sociedad Asefinsa, representada por Jerez, y de ahí pasaron a la campaña electoral regional del PLC en la Costa Atlántica. Sin embargo, Jerez insistió en que no conocía el verdadero origen de dichos fondos.
JEREZ ORIENTÓ VENTA DE BIENES DEL ESTADO
Según la procuradora especial, Iris Valverde, Jerez también autorizó la venta de varios bienes propiedad del Estado a favor de las sociedades anónimas antes mencionadas, pero el ex director General de Ingresos insistió en que desconoce quién o quiénes son los socios de dichas empresas, cuyo representante era el mismo Donald Spencer.
En todo caso, Jerez explicó que autorizó la venta de esos bienes del Estado en su carácter de viceministro de Hacienda y Crédito Público y en base a que “eran propiedades en total abandono cuyo valor en libros era cero”.
Jerez sostuvo en todo momento que no hubo ninguna ilegalidad en la autorización de la venta de los bienes del Estado a las sociedades anónimas ya mencionadas.
