Luis Felipe Palacios [email protected]
La Embajadora de Estados Unidos en Managua, Barbara C. Moore, confirmó ayer que el gobierno de su país suscribió con el gobierno de Nicaragua un acuerdo binacional que permite eximir a ciudadanos estadounidenses de ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
“Sí firmamos un acuerdo (con Nicaragua), que en estos días se va a pasar a la Asamblea (Nacional) para su ratificación”, indicó Moore, tras inaugurar el primer seminario de Políticas de Defensa Nacional, que se lleva a cabo en Montelimar.
La diplomática estadounidense explicó que el acuerdo binacional está basado en el artículo 98 del Acuerdo de Roma, donde se establece, en la creación de la Corte Penal Internacional, que puede suscribirse un acuerdo en que “ni Nicaragua ni Estados Unidos entregarían a sus ciudadanos sin la aprobación del país, a esta Corte”.
Moore sostuvo, por tanto, que la Corte Penal Internacional “no debe tener jurisdicción a los (países) que no son adherentes a la Corte”, del cual no es signatario ni Nicaragua ni Estados Unidos.
Argumentó que el gobierno estadounidense ve “un peligro que la Corte Penal Internacional se manipule para fines políticos, y por eso queremos (con el acuerdo binacional) tener esta seguridad para nuestros ciudadanos”.
“Esto no significa que habría impunidad. Creemos que cada país debe tener las instituciones para procesar a los ciudadanos de ellos, que estén indicando (y) alegando que han cometido estos crímenes”, sostuvo la embajadora, quien defendió el acuerdo, porque protege a sus ciudadanos de ser juzgados por terceros.
Moore recordó que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional: “La Corte puede ser legal, pero nosotros no firmamos el acuerdo creando la Corte. No entregamos la jurisdicción de nuestros ciudadanos a esa Corte”, agregó.
“Nicaragua tampoco ha firmado ese acuerdo y tampoco cree que sus ciudadanos deben ser (juzgados) bajo su jurisdicción”, añadió.
Moore restó importancia al hecho que varios países de Europa rechacen firmar un acuerdo binacional en ese sentido: “Ellos (los países europeos) pueden tener su opinión, pero el mismo Acuerdo de Roma que crea la Corte Penal Internacional abre esa posibilidad de acuerdos bilaterales”, enfatizó.
Asimismo, la diplomática confirmó que el gobierno de Estados Unidos retirará la ayuda militar a aquellos países que firmen la posibilidad de juzgar a sus conciudadanos a través de la Corte Penal Internacional, “porque no queremos poner en riesgo a nuestros ciudadanos que entran a esos países en calidad de servicio militar”.
Moore apuntó “que en estos días” el gobierno de Nicaragua enviará el acuerdo binacional a la Asamblea Nacional y confió que los diputados de las diferentes bancadas ratificarán el acuerdo que protege a sus ciudadanos de ser juzgados en la Corte Penal Internacional.
Admitió que pueden existir críticas internas en contra de esta medida, pero observó que el acuerdo binacional es también con el interés de proteger a los ciudadanos nicaragüenses que podrían correr el “mismo riesgo”.
NICARAGUA AÚN NO PIDE A FUGITIVOS
La embajadora Barbara Moore afirmó ayer que el gobierno de Estados Unidos, en cualquier momento, puede expulsar de su país a cualquier ciudadano nicaragüense que tenga causas judiciales pendientes con la justicia de Nicaragua.
Explicó, sin embargo, que primero la persona indicada tendría que estar en Estados Unidos y tendríamos que tener un “pedido específico” del gobierno de Nicaragua para la expulsión de un ciudadano.
“Encantado si esas condiciones se dan. Estamos bien dispuestos a colaborar en esos asuntos”, aseveró.
Moore aseguró que por el momento no tienen ningún “pedido específico” del gobierno de Nicaragua para expulsar a algún ciudadano nicaragüense de su país.
CANCILLERÍA DESTACA ASPECTOS DEL ACUERDO
Según la Cancillería nicaragüense, los principales aspectos del acuerdo son los siguientes:
La importancia de enjuiciar a los culpables de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
No existe nada en dicho acuerdo que otorgue impunidad con respecto a genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
La determinación expresa de ambos gobiernos (Nicaragua y EE.UU.) de investigar y enjuiciar, cuando sea procedente, los actos que estén bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional supuestamente cometidos por sus funcionarios, empleados, personal, militar y otros nacionales.
