Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Diplomáticos estadounidenses no parecen poder controlar sus instintos paternalistas cuando se trata de ciertas elecciones en Latinoamérica. La tentación de escoger bando es demasiado grande –especialmente cuando un hombre como Efraín Ríos Montt, el ex dictador guatemalteco, está aspirando a la Presidencia.
La administración Bush ha advertido públicamente que las relaciones con Guatemala “serían difíciles’’ si Ríos Montt llegara a ganar las elecciones en noviembre. Ríos Montt, acusado de genocidio después de tomar el poder en un golpe militar hace 20 años, continúa siendo una figura poderosa en la política guatemalteca. A los 76 años, es ahora presidente del Congreso y líder del partido de gobierno. Algunos funcionarios estadounidenses están convencidos de que Ríos Montt representa un mayor riesgo individual para la democracia en América Central, que el resurgimiento de la izquierda en países vecinos como El Salvador y Nicaragua.
Pero no hay que apresurarse. Como primera medida, la candidatura de Ríos Montt todavía no ha sido autorizada. En dos ocasiones anteriores, en 1990 y 1995, una prohibición constitucional contra ex dictadores frustró sus aspiraciones presidenciales. La semana pasada la misma prohibición bloqueó nuevamente el registro de su candidatura, pero esta vez una Corte superior más solidaria con él podría ver con mejores ojos su apelación a dicha decisión.
Una candidatura de Ríos Montt en Guatemala –como la de Carlos Menem en Argentina o Daniel Ortega en Nicaragua– debería suscitar algo más que consejos esporádicos y no solicitados desde Washington. En cambio, debería inducir a funcionarios estadounidenses a que se miren al espejo y seriamente evalúen las herramientas disponibles para ayudar a que democracias en dificultades se hagan más representativas. Para empezar, eso incluye impulsar mejores opciones en la boleta electoral. Y debiera continuar con apoyo ininterrumpido a funcionarios electos para que puedan hacer de su país una democracia de hecho y no meramente de nombre.
Reunido en Chile esta semana con sus contrapartes del hemisferio, el secretario de Estado, Colin L. Powell, repitió lo que es ahora evidente en la región: las elecciones por sí solas escasamente garantizan democracia. Con eso en mente, pasó después a sugerir que el arsenal pro democrático de Washington no se limita a la retórica.
En Santiago, Powell reavivó la promesa de prosperidad para 800 millones de personas en 34 países del hemisferio cuando se alcance el Área de Libre Comercio de las Américas en el 2005. También ofreció un aliciente en la forma de un aumento significativo de ayuda estadounidense para el 2006 a través de la cuenta denominada Desafío del Milenio que premiará a países pobres que estén haciendo un esfuerzo sincero para mejorar los estándares de vida y luchar contra la corrupción.
Tanto el libre comercio como el programa de ayuda, sin embargo, son vistos hoy más distantes y con menos optimismo por la mayoría en Latinoamérica que por aquellos en Washington.
En Guatemala, por ejemplo, con la economía más grande de Centroamérica, encuestas muestran que la mitad de sus empresarios permanecen poco convencidos acerca de los beneficios del libre comercio. Ante dichas circunstancias, competir por ayuda exterior estadounidense o acceso a mercados de Estados Unidos parecen instrumentos inadecuados para gestar cambios.
De hecho, el reto de lograr para Guatemala un pleno ejercicio de la democracia va mucho más allá de Ríos Montt, o promesas remotas de libre comercio y ayuda exterior. El país se ubica entre los más desiguales del planeta. Casi la mitad de su población es indígena pero representa menos de un cuarto del total de ingresos y del consumo nacional, según el Banco Mundial.
Hay que reconocer que Washington ha invertido cerca de $400 millones en el proceso de paz firmado hace más de seis años para terminar la guerra civil de 36 años en Guatemala. Pero persistente discriminación y marginalización indígena; una élite pequeña, poderosa y egoísta; y gobiernos corruptos e ineptos, se conjugan para que parezcan cada vez más esquivas las metas de los Acuerdos de Paz.
En parte la experiencia en Guatemala ha hecho que funcionarios de la administración Bush reexaminen sus programas pro democracia en Latinoamérica. Un reciente informe de la Oficina de Contraloría General del Congreso concluyó que dichos programas sólo han producido resultados “modestos”. También recomendó mayor coordinación entre las agencias estadounidenses y con donantes internacionales, y el establecimiento de metas para medir progreso.
Mucho más difícil de tratar será otra de las principales conclusiones del informe –que gobiernos en la región carecen del compromiso para el tipo de reformas que corroboren sus promesas de una verdadera democracia.
Curiosamente en el curso de este año el gobierno guatemalteco ha fortalecido su compromiso de combatir el tráfico de drogas y su influencia corruptora –aunque sólo después que Washington amenazara con quitarle ayuda financiera si no lo hacía.
No hace tanto tiempo, Guatemala habría simplemente terminado en la lista negra de Estados Unidos y los líderes guatemaltecos habrían fortalecido su compromiso de cambiar aunque por algo peor. Han habido progreso. Washington debe ahora encontrar formas de persuadir a líderes regionales a que hagan más por toda su gente, en vez de tener que recurrir a decirle a esa misma gente por quién no votar.
