Dr. Jaime A. Pastora R.
El presupuesto general de la República ya no es suficiente para satisfacer las necesidades salariales de los empleados públicos de cúpula, y por tal motivo el titular del Ejecutivo ha ordenado a la DGI que invente cualquier maraña con tal de incrementar las recaudaciones y poder hacerle frente a tantos salarios vulgares con que se jactan nuestros “servidores públicos”.
No hay nada más ridículo y vergonzoso, que el hecho de tener un presidente con un salario mucho más alto que el del presidente de México, y mayor aún que el salario del primer ministro británico Tony Blair.
Siendo Nicaragua un candidato más en entrar en la lista de los países más pobres del mundo, no es posible que el pueblo siga permitiendo que continúen robando nuestro presupuesto.
Para colmo, vienen los señores diputados y se enfrascan y no sabemos cuál es el apuro en nombrar nueve magistrados más para la CSJ. Estos nueve magistrados más se nos estarían llevando casi un millón doscientos mil córdobas mensuales, sin tomar en cuenta todas las prebendas que se recetan.
Los magistrados, tanto del CSE como de la CSJ, no aportan ningún beneficio al país pero sí contribuyen a consumir gran parte de nuestro presupuesto. Estos señores en ningún momento buscan cómo hacer algo por la Patria, por el bienestar de nuestro pueblo o buscar cómo mejorar la justicia nicaragüense, que de por sí ya deja mucho en que pensar y carece de credibilidad.
Además del enorme salario que devengan (pero no lo desquitan) estos señores, una vez que toman posesión del cargo se arman de una gran arrogancia y prepotencia, como dioses del Olimpo, y se sienten dueños del Pentágono y de la Casa Blanca.
¿Para qué queremos en un país tan pequeño y sobre todo, tan pobre o emprobrecido una pandilla de dieciséis magistrados en la CSJ? La población entera está pidiendo que se reduzca a siete, aunque lo ideal sería a cinco, igual que los contralores de la CGR.
En mayo del 2002 solicité en la CSJ un exaquatur, y a esta fecha sólo me responden que este documento continúa en estudio. Si unos cuantos magistrados confunden unos documentos, una pandilla los enreda más.
Por culpa de estos servidores del pueblo, mi hija de dieciocho meses de edad no ha podido ser inscrita o registrada como ciudadana y por lo tanto, carece legalmente de un nombre.
Sería saludable que el señor Presidente de Nicaragua y el Poder Legislativo, no nombren más magistrados y que éstos sean reducidos a cinco para que brinden un mejor trabajo y de paso bajar los gastos burocráticos de la nación, que de por sí son exagerados.
Menos magistrados equivale a más ahorro y menos carga para los contribuyentes.