William Briones Loáisiga [email protected]
De aprobarse la Ley que Prohíbe el Ejercicio de la Profesión de Abogacía a los Representantes del Poder Legislativo, presentada ayer en la Primera Secretaría del Parlamento, por el diputado Nelson Artola, el legislador que litigue o realice actividad notarial podría perder su escaño.
La iniciativa fue respaldada por diputados-abogados de las bancadas del arnoldista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de Camino Cristiano (CCN), por considerar que pueda existir tráfico de influencias de parte de los diputados que estando en posesión del cargo, sigan litigando.
“La idea es impedir que los abogados pongamos en práctica la profesión (de abogado) para evitar tráfico de influencias en los diferentes tribunales de justicia donde se litiga, sea penal, civil o laboral, porque está demostrado que un diputado-abogado, en cualquier tribunal (de justicia) sea Local, de Distrito o de Apelaciones, de hecho tiene ventaja sobre otros abogados”, explicó.
Artola consideró que al aprobarse y ponerse en práctica esta ley, se fortalecerá el Poder Judicial. “Esto despejará las interferencias de investiduras e inmunidades de diputados, además que prestigia a la Asamblea Nacional. Los diputados hemos sido electos para legislar”, recordó.
Bladimir Pineda, diputado del PLC, dijo respaldar la iniciativa, y recordó que los legisladores son quienes eligen a los magistrados del Poder Judicial, lo que puede provocarles conflictos de intereses.
“Cuando se está en ejercicio de la función legislativa no se debe litigar porque puede ocasionar una competencia desleal. El diputado puede tener influencias en un funcionario como Juez Local o de Distrito. Considero que no debe haber un doble rol del diputado y litigantes a la vez”, comentó.
Delia Arellano, diputada de CCN, dijo estar de acuerdo en que haya restricción para litigar, aunque comentó que no está seguro si la limitación debe extenderse a la actividad notarial.
“La Constitución y los Estatutos contienen un artículo que puede interpretarse como un obstáculo para litigar. La Constitución nos faculta solamente a ejercer en medicina y docencia. Creo que no litigar, evita que los colegas (diputados-abogados) pueden hablar de que tenemos tráfico de influencias hacia los jueces. Eso es correcto”, comentó.
“Pienso que no hay necesidad de una nueva ley. Debemos abstenernos como abogados, aunque tengo reserva en lo referido al notarial porque ya va en lo (relacionado a lo) privado. No veo necesario una ley específica, si de hecho está contenida de esos artículos. Lo que hay que hacer es una interpretación de la Constitución”, observó.
INICIATIVA DE LEY
Los diputados propietarios que tengan por profesión la abogacía y notaría pública, autorizado por la CSJ, estarán inhibidos para el ejercicio de dicha profesión. No podrán comparecer como asesores, apoderados judiciales en procesos civiles y penales, que un juzgado o tribunal de justicia esté conociendo.
La inhibición al ejercicio, comprende desde el momento de su instalación en el cargo por el CSE, hasta el vencimiento del período para el que fueron electos. Mientras no ejerzan la profesión, no tendrán obligación de rendir el informe anual ante la oficina de control de la CSJ.
El incumplimiento de estas disposiciones tendrá como consecuencias jurídicas un mes de sanción, sin goce de salario, tiempo en el que no puede incorporarse a las actividades parlamentarias. A la vez, se produce la nulidad absoluta de sus actos en razón de su profesión.
La reincidencia producirá que sea suspendido de su cargo, conforme al procedimiento establecido en los Estatutos y Reglamentos del Parlamento.
