- Sin embargo, la conciencia ciudadana de la problemática ambiental ya se viene forjando
Benjamín Blanco [email protected]
En las pasadas elecciones tanto municipales como presidenciales, a ningún candidato se le ocurrió tomar como bandera la protección del medio ambiente, sino que se centraron en hacer propuestas socioeconómicas, sin darse cuenta que ningún gobernante en ninguna parte del mundo puede proponer desarrollo de una nación y su pueblo, si no cuenta con la base natural.
Según Kamilo Lara, quien desde hace 23 años está metido en el tema de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, existen diversos problemas sociales y políticos que no permiten consolidar una conciencia ambiental ciudadana, que a pesar del deterioro de la naturaleza, se ha venido forjando.
“En la medida que este país no salga del problema de la pobreza, en esa medida la pobreza será el enemigo número uno del desarrollo. No hay ningún desarrollo económico si no se sabe cuánto tenemos y de cuánto dependemos. Si no se sabe cómo están los suelos para la producción, no se pueden ofrecer mejores empleos, ni una mejor calidad de vida”, reflexionó Lara.
El ambientalista considera que es oportuno que la Asamblea Nacional de una vez por todas analice a conciencia el Código Penal, específicamente el capítulo de delitos contra la naturaleza.
A estas alturas todavía no está claramente tipificado el delito ambiental y lo peor es que el Código Penal no cuantifica el daño ambiental.
“Esto significa que aquí usted puede contaminar un río, y quedará a discreción del juez si por la contaminación le pone una multa, lo mande por dos meses a hacer obras públicas, o dos años preso, pero ese juez no está contabilizando el daño que se le causó a la fauna ni al agua, mucho menos el daño que le podría causar a las poblaciones de río abajo”, reflexionó Lara.
Igualmente, si una fábrica lanza un contaminante a la atmósfera, queda a discrecionalidad de un juez la forma de la sanción, pero el juez no tiene instrumentos para medir el daño ambiental y por lo tanto no hay manera de que cuantifique el daño.
El capítulo que habla sobre los delitos contra la naturaleza, de alguna manera camufla la impunidad ambiental, pues solamente se señala a las personas naturales y no a las jurídicas.
“Esto significa que si Juan Pérez está de gerente de una fábrica y si este gerente que contaminó renuncia al día siguiente, sencillamente juzgan al gerente y no a la fábrica”, explicó Lara.
LEYES DEBEN ACTUALIZARSE
En 1996 se aprobó la Ley General del Medio Ambiente y en su momento fue considerada una de las mejores leyes a nivel centroamericano, pero ante los retos de la globalización, los expertos ambientalistas consideran que debe reformarse. Esta ley tiene la característica de ser una ley paraguas, es decir, manda a crear otras leyes, como la Ley General de Aguas, que aún no se aprueba, y la Ley Forestal, recién aprobada en lo general hace dos días en la Asamblea Nacional.
Nicaragua es el único país del mundo quizás, que tuvo un reglamento forestal sin tener una ley. Normalmente después de la ley viene el reglamento, y ese fue uno de los grandes problemas del sector forestal, que trabajó durante décadas con un reglamento forestal obsoleto, viciado, y naturalmente eso propicia la corrupción, el tráfico ilegal de madera y todo lo demás.
