- Comisión investigadora de la Policía determinó “responsabilidades administrativas muy graves” para el subcomisionado Oscar Larrave y otros agentes señalados de supuesta corrupción con traficantes de droga en la RAAS
Elízabeth Romero [email protected]
La baja deshonrosa para el ex jefe Antidrogas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), subcomisionado Oscar Larrave, es una de las medidas que ha dispuesto la jefatura de la Policía Nacional, tras concluir las investigaciones de una comisión especial, se conoció extraoficialmente.
Sin embargo, la Inspectora General de la institución, comisionada general Aminta Granera, quien presidió la comisión investigadora, se limitó a afirmar en conferencia de prensa que el informe determinó la existencia de “responsabilidades administrativas muy graves”, en contra de cuatro funcionarios de la especialidad Antidrogas en Bluefields.
También fue democionado el jefe de la Policía en la RAAS, comisionado Alonso Sevilla Midence, quien actualmente está en España pasando un curso. Sevilla fue trasladado como jefe del Distrito Siete de la Policía (San Rafael del Sur), cargo que ocupaba su sucesor, comisionado Luis Barrantes.
“Por falta de controles y por falta de mayor beligerancia en la actuación de sus policías en el combate del narcotráfico; sí fue ya democionado y está siendo trasladado al Distrito Siete de Managua, San Rafael del Sur”, refirió Granera.
La comisión inició sus investigaciones tras una serie de reportajes publicados por LA PRENSA, mediante los cuales se denunciaron los presuntos vínculos de Larrave, quien fungía como jefe antidrogas en Bluefields, y otros efectivos con el narcotráfico.
Granera se limitó a anunciar que decidieron mantener la suspensión en sus cargos al subcomisionado Larrave y del suboficial Delvis Jirón, al igual que lo hicieron con los otros dos efectivos suboficiales, Santiago Vicente Saballos y Felipe Pérez.
Según la jefa policial, la comisión investigadora comprobó que hubo violaciones en las normas del trabajo operativo secreto.
“Sí, tenemos ya elementos suficientes para afirmar que hay irregularidades en diferentes normas del trabajo operativo secreto, en mal manejo de la información, en tomarse atribuciones que no le corresponden…”, expresó Granera.
Estas irregularidades cometidas por estos funcionarios, según Granera, son señalados en el reglamento interno de esa institución como “violaciones muy graves”, que por tanto, les corresponde aplicar “sanciones disciplinarias también muy graves”.
Aclaró que las medidas administrativas las adoptarán con independencia de las conclusiones de la Fiscalía en su investigación realizada con apoyo de la especialidad de Auxilio Judicial de la Policía.
“En este sentido, nuestras conclusiones afirman que sí existen irregularidades que implican responsabilidades administrativas muy graves en cuatro funcionarios policiales de la Región Autónoma Atlántico Sur, estas responsabilidades administrativas son sin perjuicio de las responsabilidades penales que pueda más adelante determinar la Fiscalía”, reiteró Granera.
La funcionaria señaló que la decisión ya está tomada y la darán a conocer, una vez que finalicen las dos entrevistas o testificales, que le hace falta realizar a la Fiscalía y a Auxilio Judicial.
Granera prefirió no entrar en detalles sobre el informe, pero aseguró que todo está soportado con testificales tanto de funcionarios policiales como de pobladores de la RAAS.
El informe será remitido hoy al Presidente de la República, Enrique Bolaños; al Ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, y al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
GRANERA CRITICA A ENTIDADES
No obstante, para Granera “decir que la Policía le dé o no la baja a cuatro oficiales no tiene la trascendencia de una sacudida en todas las instituciones y en todo el sistema que de una u otra forma enfrentamos al narcotráfico”.
“Aquí tenemos que preguntar a las instancias que están creadas para el enfrentamiento de la droga, a la Comisión Nacional Antidrogas, a las Comisiones Regionales Antidrogas, por qué no funcionan, si hay dinero aprobado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para enfrentar y hacer un trabajo preventivo de droga en el Atlántico Sur. ¿Por qué no ha sido posible el desembolso?, porque a veces no se llegan a poner de acuerdo cuál de las autoridades será la que va a administrar los fondos”, criticó Granera.
Recordó que hay antecedentes de bajas deshonrosas como en 2001 cuando ordenaron 92 casos; en 2002 fueron 61 y en los primeros meses del 2003 ya llevan 28.
NORMARÁN OPERATIVOS SECRETOS
Granera aprovechó para reiterar ante los medios de comunicación y ante el pueblo de Nicaragua “la voluntad inquebrantable de la Policía Nacional de luchar por la actuación legal y ética de sus funcionarios y de combatir sin cuartel el narcotráfico y cualquier otra forma del crimen organizado”.
Aclaró que la Policía no realiza operaciones encubiertas, como se ha manejado tras estas denuncias.
“Tenemos trabajo público y trabajo secreto”, el primero de uniforme y el segundo vestido de civil.
A raíz de estas investigaciones anunció que han sentido la necesidad de normar con más especificidad este trabajo secreto. “Si se va a hacer un contacto, si se va a recibir una información, cómo se tiene que estar, si tenés que estar con un testigo cómo lo vas a llevar al acta, esto nos lleva a una revisión de todo el trabajo que estamos haciendo”, expresó Granera.
LARRAVE EN MANAGUA
El subcomisionado Oscar Larrave se encuentra en Managua desde una semana después que la comisión de la Policía Nacional inició las investigaciones el pasado 12 de mayo, sobre supuestos vínculos con traficantes de droga. El resto de agentes investigados están suspendidos en Bluefields, por si la Fiscalía necesita ampliar las averiguaciones.
En el caso que la Fiscalía encuentre méritos para abrir un proceso, todos los implicados deberán estar en el lugar donde se inicie el juicio.
Por otra parte, el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo manifestó que desde la semana pasada conoció “una narración investigativa de los hechos que sucedieron”.
Urcuyo adelantó que apoyará la actuación policial aunque aclaró que será la Fiscalía la que deberá evaluar si se abre o no una causa.
FISCAL NO CONOCE INFORME
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, expresó que aún no ha recibido ningún informe de parte de las autoridades policiales y que, en todo caso, las sanciones administrativas anunciadas por la comisionada general Aminta Granera son de carácter interno, que no tienen nada que ver con la Fiscalía.
(Con la colaboración de Ary Neil Pantoja, Carlos Martínez y Consuelo Sandoval)
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