José Antonio Poveda Salvatierra
La vinculación universidad-sector productivos surge de la relación educación y realidad del país, que se plantea como parte de los requerimientos educativos. Ese proceso de vinculación cobra fuerza y se instrumentan acciones concretas. Así, las corrientes globalizadoras no permiten que país alguno escape de asociarse, unirse o acercarse e incide en todos los ámbitos sociales, reorientando la labor de la educación. Pero el imperativo y la misión universitaria es promover una formación integral y rescatar nuestra identidad nacional.
Frente a las nuevas demandas y requerimientos que se plantean, es preciso hacer o buscar las vías de relación entre los centros educativos y la producción. De hecho, se vislumbra una relación futura más amplia, compleja y cotidiana, aunque también se reconocen los obstáculos que limitan la formalización de esos vínculos, sobre todo por el matiz de los intereses de cada sector. Son pocas las instituciones educativas que han logrado salvar esas barreras y establecer una vinculación fructífera. Pero es justo mencionar que los intentos prosiguen y todo parece indicar que el número y niveles de vinculación pueden aumentar y concretarse en el futuro. Sin embargo, ¿cómo vincularse?, ¿cómo pueden definirse y caracterizarse algunos niveles para ello?
Puede apuntarse que las universidades del país y el sistema educativo nicaragüense de nivel superior son heterogéneos y complejos, de tal modo que las instituciones tienen necesariamente que ofrecer una excelente contribución al lograr una formación profesional de alta calidad, de acuerdo con sus diversos campos disciplinarios y con la participación del sector productivo.
Nicaragua necesita iniciar una articulación de los agentes, instituciones y mecanismos de promoción involucrados, así como construir un discurso común entre academia e industria que permita traducir el conocimiento, en capacidad innovadora y en competitividad en todos los sectores productivos del país.
El país también requiere de una cultura científica y tecnológica receptiva al cambio, lo cual se puede lograr en gran parte por medio de la educación en sus diferentes niveles. Lo que está en juego es la renovación de la cultura, lo que precisa del concurso del Estado, de las instituciones de educación, sobre todo las de nivel superior, tienen la gran responsabilidad de plantear un proyecto coherente que conduzca al desarrollo de esa cultura científica que requiere Nicaragua y en el crecimiento económico.
La realidad reitera que la vinculación entre las universidades y el sector productivo no se ha considerado como un hecho de primera importancia. Estos dos campos sociales parecen tener intereses particulares sin relación entre sí, esto es, tanto el sector productivo como el educativo se han mantenido como ámbitos inconexos, con percepciones y juicios valorativos diferentes sin mayor coincidencia. Esta separación, casi histórica, se da por diversas razones, y el sector productivo desconoce o no reconoce las potencialidades del sector educativo para ofrecer los apoyos científicos y tecnológicos requeridos. Los intereses económicos han contribuido a separar los sectores. Los centros educativos tienen fines sociales y culturales, es tanto que el sector productivo se orienta a maximizar recursos e ingresos. En las universidades, en general, se indaga sobre las necesidades de recursos humanos para los diversos sectores de la producción, a fin de aportar los egresados que se necesitan, en el sector productivo. Como conjunto, no parece tener claridad sobre sus necesidades de nuevos profesionales, lo que limita el que puedan hacer propuestas concretas al sector educativo sobre la formación de recursos humanos. Las aperturas económicas han relegado aún más los proyectos de innovación tecnológica y en consecuencia la búsqueda de vinculación con los centros productores de ciencia y tecnología, estos factores vienen ya definidos desde el exterior con sus propias condiciones. Las instituciones educativas no tienen los recursos para formular y desarrollar la tecnología necesaria para diversas ramas de la producción. Como apunta Muñoz Izquierdo, tratar de cerrar la “brecha tecnológica” no parece factible en ciertas ramas productivas, sin embargo, existe la posibilidad de diseñar, adaptar y difundir la tecnología que puede ser útil a nuestro proceso productivo nacional.
Otro aspecto importante de este nivel de vinculación se refiere a los mecanismos en que se relacionan las empresas con el sector académico, que pueden comprender los siguientes aspectos:
Influencia universitaria en los empresarios, para crear empresas innovadoras mediante transferencia de tecnología.
Investigadores emprendedores que vislumbran la oportunidad de crear microempresas e incursionar en mercados formales e informales, aprovechando su experiencia y relaciones en los ámbitos académicos y productivo.
Reconocimiento de las empresas de la necesidad de contar con capacidad tecnológica para aprovechar el conocimiento disponible en universidades y centros de investigación para apoyar su proceso innovador.
Los propósitos que entrañan la vinculación de las empresas con las instituciones académicas, que incluyen complemento con infraestructura y equipo para realizar el proceso de innovación consultoría a expertos ubicados en universidades y centros de investigación.
Respecto a estos puntos, los mecanismos de vinculación son los convenios de colaboración formales e informales que las empresas mantienen tanto con universidades como centros de investigación. Así, es posible deducir que estas instituciones, al menos potencialmente, son de gran importancia como proveedores de conocimiento, infraestructura y equipo para apoyar el proceso innovador de las empresas.
En síntesis, se requiere vencer la desconfianza entre los sectores. Por una parte flexibilizar la visión de corto plazo de las empresas, en particular para la producción científica y tecnológica, y por otra parte superar el burocratismo, así como la falta de recursos humanos calificados o de infraestructura adecuada, en especial para las tareas de ciencia y tecnología.
El autor es vicedecano de la Facultad de Derecho UNAN-León.
