Mario José Moncada [email protected]
El ministro Agropecuario y Forestal (Mag-For), José Augusto Navarro, admitió ayer que el Instituto Nacional Forestal (Inafor) no tiene la capacidad para combatir el tráfico ilegal de madera, ya que sólo cuenta con un máximo de 120 inspectores, cuando en Nicaragua existente tres millones de hectáreas de bosques. Administrativamente el Inafor está bajo la jurisdicción del Mag-For.
Navarro confirmó ayer al término de un foro sobre proyectos forestales, que el Mag-For solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen a fondo la participación de funcionarios del Inafor en el tráfico ilegal de maderas preciosas.
“Se dice que en el Inafor hay una mafia, pero para que haya una mafia tiene que haber sectores comunitarios, funcionarios municipales y regionales, empresarios privados y autoridades de los puestos policiales y militares, involucrados”, dijo Navarro.
A su juicio, “difícilmente se puede hacer una mafia de una sola institución. Para que haya actividades reñidas con la ley tienen que haber varios: alguien que haga una mordida y otro que la reciba, o alguien que tal vez pelea porque le están dando la mordida a otro”, dijo en términos claros.
Recientemente funcionarios del Inafor en el departamento de Granada, y en Siuna, Rosita y Bonanza —municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)— fueron destituidos y acusados de formar parte de una mafia que extrae y trafica con maderas preciosas.
Navarro insistió en que “hay mucho que investigar”, al tiempo que pidió a la CGR y la PGR “que hagan todas las investigaciones que sean necesarias y ojalá que todos los culpables logren tener castigo”.
El titular del Mag-For consideró que se trata de un problema complejo, en cuya solución tienen que actuar diversas instituciones de la vida nacional.
“Si el Inafor sólo tiene de 100 a 120 inspectores a nivel del país, es imposible que pueda (vigilar). Tenemos que sumarnos para poder frenar esto, desde las autoridades del Poder Ejecutivo hasta las del Poder Judicial”, ejemplificó.
Navarro no precisó cuánto le cuesta al país el tráfico ilegal de madera, pero refirió que anualmente Nicaragua pierde entre 80 a 100 mil hectáreas de bosques, tanto por el avance de la frontera agrícola como por la explotación de maderas preciosas.
El vocero de la PGR, Sergio Bofelli, confirmó que la entidad recibió una carta del ministro Navarro, donde les pide investigar el tráfico de madera a partir de una denuncia interpuesta al respecto por el ex diputado Leonel Teller y el ex jefe de Auditores de la CGR, Rafael Córdova.
“Actualmente la denuncia está en manos de la Unidad de Investigación de la Procuradoría, y una vez que se termine el proceso de análisis, y si se encuentran méritos, se procederá contra quien sea”, sostuvo Bofelli.
Mientras tanto, el presidente de la CGR Francisco Ramírez dijo que el caso está en manos de la Dirección de Denuncias Ciudadanas. “Los contralores estamos a la espera de sus recomendaciones para tomar nuestra decisión, pero por ahora no podemos adelantarnos”, explicó.
CUENTA REGRESIVA
Nicaragua, al igual que Centroamérica, se podrían quedar sin bosques dentro de 12 años, si continúa el nivel de destrucción como hasta ahora, advirtió el vicepresidente de la República, José Rizo Castellón, citando un informe del organismo inglés Oxfam.
Según el director ejecutivo del Proyecto Forestal (Profor) del Mag-For, Víctor Tercero Talavera, el país pierde un máximo de 100 mil hectáreas de bosques al año, 93 por ciento de ellas debido a las quemas para crear áreas agrícolas y ganaderas, y el restante siete por ciento debido a la explotación de la madera.
Añadió que los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Chontales y las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, son las más afectadas.
