- Nueve días sin juzgado, y casos se acumulan sin que nadie dé respuesta
Walter Treminio y José Adán [email protected]
Cecilia López Alfred, la mujer que mató a Becky Chorreen, su hija de 12 años, a quien golpeó con un bolso que contenía adentro un cuchillo, anda libre por una causa: desde hace nueve días Puerto Cabezas vive en un estado donde la justicia está trabajando a medias.
Tal situación se debe a que la Juez de Distrito de Puerto Cabezas, Sara María Espinoza, salió de vacaciones el pasado lunes, y su suplente, José Antonio Barrientos, fue suspendido hace cinco días por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que las autoridades no han procedido a detener a la parricida, ni podrán detener a los autores de otros delitos graves, ya que el Código Procesal Penal ordena que sólo mediante orden judicial se puede proceder a la captura de sospechosos de delitos.
“El fiscal presentó la acusación, pero el nuevo Código Procesal Penal establece que tiene que ser con orden judicial la detención preventiva para la autora del delito de parricidio”, justificó el capitán Celestino Aguirre, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía en la zona, al explicar el por qué de la libertad de López Alfred.
NUEVO CODIGO NO CONTEMPLA VENCIMIENTO DE TERMINO
Al consultar con profesionales del Derecho, que visitan el Palacio de Justicia, expresaron que el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia el pasado 24 de diciembre, no permite el vencimiento de término, por lo que una vez que entren en funciones tanto la juez de Distrito Espinoza, como su suplente Alba Pérez Aburto, podrían abrir el proceso por el delito de parricidio, contra Cecilia López Alfred.
El vacío de un Juez de Distrito, que ve los delitos más frecuentes y cotidianos, tiene detenidos al menos 28 casos que la Fiscalía regional ha reportado ante la Policía Nacional, pero que no ha podido efectuar por falta de una orden judicial para su procedimiento, porque así lo establece el nuevo Código Procesal Penal, según denunció el magistrado Tito Leonel Silva, Presidente del Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas.
Silva afirmó que las personas que tienen casos pendientes, en estos días han sido las más afectadas con la ausencia de la judicial Sara María Espinoza.
Jairo Uvieta, un ciudadano que esperaba en las afueras del Banco Calley Dagnal, ilustró muy bien lo que ocurre en estos momentos en Puerto Cabezas: “Ahorita no hay orden, cualquiera puede matar, robar, violar, vender drogas, y no hay quien lo detenga, porque el Juzgado está cerrado”, expresó.
El Juzgado Local, a cargo del juez Silvio Pichardo, que ve los casos menos que correccionales, es el único que está funcionando, más las Salas Penal y Civil del Tribunal, que miran los casos de apelación.
