Gerardo ReyesTomado de El Nuevo Herald
Miami, Fla. EE.UU.-Los empleados y ejecutivos de la banca en Estados Unidos no tendrán más pretextos para disculpar por ignorancia a sus instituciones cuando se descubra que un funcionario público extranjero depositó en sus cuentas dividendos de la corrupción o el narcotráfico.
Las nuevas normas de lavado de dinero incluidas en la Ley Patriótica obligan a ejercer un “reforzado escrutinio” sobre presidentes, ministros, altos militares, dirigentes religiosos y sus familiares y asociados que mantienen cuentas en el sistema bancario del país.
La exigencia legal, que en principio era una simple recomendación del Departamento del Tesoro, ha generado una bonanza de empresas que ofrecen bases de datos con información básica de los líderes políticos y funcionarios de América Latina, desde el presidente Hugo Chávez de Venezuela hasta diputados del Partido Revolucionario Institucional de México (PRI).
EL CASO DE ALEMÁN Y JEREZ
“La palabra de moda en la jerga de los investigadores antilavado es PEPS (Political Expose Person)”, comentó Ramón Rivero, experto en antilavado de la oficina de abogados de Michael Díaz. “Ya los bancos no pueden salir con el cuento de que no sabían quién es Montesinos”, agregó en alusión al ex asesor de seguridad peruano.
Montesinos mantenía una cuenta de US$38 millones en Pacific Credit Corporation, un banco de Miami que, una vez notificado por el FBI, colaboró con la investigación en la búsqueda del funcionario.
Otro caso conocido es el del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y su amigo, el ex director de Ingresos, Byron Jerez, bajo investigación de lavado de dinero y malversación. Ambos tenían cuentas bancarias en la Florida.
Pero hay muchos otros escándalos de corrupción y narcotráfico en América Latina, menos publicitados aquí, en los que salen a relucir cuentas bancarias en Estados Unidos, y aparentemente no han desatado ninguna investigación.
Las nuevas regulaciones requieren a los empleados bancarios hacer seguimientos, inicialmente en Internet, de diarios y revistas del país del personaje interesado en abrir una cuenta bancaria.
Una de las bases de datos especializada en PEPS es Factiva, alianza informativa de Reuters y Dow Jones, que promociona un banco con las fichas de más de 300,000 figuras públicas extranjeras, familiares y asociados y líderes religiosos. Su folleto de promoción usa como ejemplo los perfiles del gobernante Fidel Castro, sus hijos Fidel y Jorge, su hermana Angelita y sus hermanos Ramón y Raúl.
RDC es otros de los supermercados de datos que ofrece listas de figuras públicas de todas partes del mundo, terroristas y narcotraficantes.
EL SUPERMERCADO DE DATOS PERSONALES
La definición de personalidad para efectos de la ley de lavado es amplia.
Allí están incluidos todos los funcionarios extranjeros (senior officials) de la rama legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, sean elegidos o no, lo mismo que dirigentes de partidos políticos o ejecutivos de empresas propiedad del estado extranjero.
Los bancos también deben investigar, más allá de la información entregada por la persona que abre la cuenta, las empresas creadas por la figura pública y su “familia cercana”, que incluye parientes, cónyuge, hijos, nueras y yernos.
En un esfuerzo por cerrar el paso al fenómeno del testaferrato —intermediación de una tercera persona en nombre del beneficiario real— la ley también obliga al sistema bancario a establecer los antecedentes de los llamados “asociados cercanos” de la personalidad pública.
Una vez que los bancos establecen la existencia de una persona que encaja en las características de personalidad, pariente o asociado, persiste el deber de examinar sus cuentas todos los años.
Esta estipulación abre la posibilidad de que la revisión de las cuentas recaiga también sobre ex presidentes, ex ministros, ex magistrados y ex militares.
Entre las fuentes de información que sugiere el gobierno de Estados Unidos para obtener antecedentes de los personajes bajo escrutinio no solamente están los informes oficiales de los departamentos del Tesoro y de Justicia sobre lavado de dinero, sino el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado.
