- Alegando intervención por un fraude bancario, el ejecutivo
interviene diarios, televisoras y radios
Andrés CalaAP
SANTO DOMINGO.- Los periodistas hablan en susurros, o se niegan por completo a comentar, temerosos de perder sus trabajos y la libertad de prensa desde que el gobierno se apoderó del conglomerado de prensa más poderoso de República Dominicana.
Los titulares han perdido fuerza, los editoriales son menos críticos. Al menos 10 editores y productores han sido despedidos, a pesar de que no han sido acusados ni implicados en el fraude bancario de 2,200 millones de dólares que llevó la semana pasada a que el gobierno se hiciera cargo de 92 estaciones de radio, cuatro canales de televisión, cuatro periódicos y el arresto del barón de los medios Ramón Báez Figueroa.
“Pienso que el gobierno está decidido a usar un poder desmesurado para lograr un control editorial”, dijo Miguel Franjul, ex editor en jefe de Listín Diario, el periódico más antiguo del Caribe.
El presidente Hipólito Mejía dijo el sábado que no permitiría que “nadie toque” la libertad de prensa. El martes en Washington D.C., donde discutió temas de comercio con el presidente George W. Bush, insistió: “Nuestra Administración es y será absolutamente respetuosa de la libertad de prensa”.
Mejía declaró el martes que la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) e intervención subsiguiente de los medios de comunicación que controlaba no debe ser entendida como una maniobra contra la libertad de prensa.
AFÁN DE DOMINAR LA OPINIÓN PÚBLICA
Los medios de prensa confiscados, con aproximadamente un millón de lectores y tres millones de radioescuchas y televidentes entre la población de 8.5 millones de personas, tienen un gran poder en el caliente escenario político.
“Será muy negativo para la prensa dominicana en general”, dijo el analista de prensa Miguel Febles. “De ahora en adelante los medios de comunicación no querrán generar un conflicto con el gobierno o hacerle oposición que pueda llevar a la intervención”.
El Listín Diario ha sido admirado por la postura que asumió durante la primera década de los 30 años de dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.
El periódico rehusó publicar un anuncio para la campaña de reelección de Trujillo, y el presidente ordenó un boicot publicitario. El diario cerró sus puertas en 1942 y no abrió por 21 años, hasta dos años después del asesinato de Trujillo.
“Siempre es peligroso que el Estado controle la prensa privada, específicamente si está relacionada a la campaña de reelección del presidente Mejía”, dijo Regis Bourgeat, director de la organización Periodistas sin Fronteras, con sede en París.
Báez Figueroa, el principal accionista del colapsado Banco Intercontinental S.A., que era dueño de los medios embargados, apeló la confiscación diciendo que es ilegal porque no ha sido convicto.
El empresario y otros dos altos ejecutivos del banco fueron detenidoos y acusados de fraude y lavado de dinero. El fraude incluye préstamos secretos de 70 millones de dólares al Grupo Listín, según el Banco Central.
El gobierno dijo que tuvo que confiscar el Listín y los otros medios de prensa para venderlos y saldar las deudas del banco. No se han dado razones para el despido de los editores, pero la censura comenzó el día de la confiscación.
Periodistas de El Expreso dijeron que los nuevos administradores sacaron el periódico de las imprentas el viernes cuando vieron la portada, cubierta con una foto de dos manos atadas sosteniendo ediciones de los cuatro periódicos confiscados y con el titular “¡Intervención!¡Brutal y por la fuerza!”
Más de 30 periodistas han renunciado en protesta, dijo Febles.
TRAS LA REELECCIÓN
La acción gubernamental se produce en momentos en que el presidente Hipólito Mejía, quien recientemente anunció que buscará un segundo término, lucha por mantener su popularidad mientras pelea contra una economía estancada, un 17 por ciento de desempleo y apagones casi diarios que han provocado mortales disturbios.
