- Hoy, a propósito de la presentación del libro “La descentralización fiscal viable”, su autor Róger Gaitán Rodríguez manifiesta que el principal reto de los poderes Ejecutivo y Legislativo es la creación de un Código Tributario Municipal a beneficio de las 152 alcaldías nicaragüenses que carecen de un marco jurídico fiscal eficiente
Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/[email protected]
El experto en municipalismo, Róger Gaitán Rodríguez, pone de manifiesto en su libro “La política de descentralización fiscal viable”, para la reducción de la brecha fiscal potencial de los municipios, el débil marco jurídico fiscal de las 152 alcaldías nicaragüenses, y plantea entre sus propuestas una concertación nacional para el reordenamiento del gasto público, a fin de contribuir al desarrollo local mediante la asignación de un mayor porcentaje de transferencias hacia los gobiernos locales.
La investigación realizada en 25 alcaldías de diferentes regiones del país, enfatiza en la necesidad de un reordenamiento del Estado y sus instituciones, de establecer las reglas del juego más claras e impulsar un reordenamiento del presupuesto, y que haya recursos suficientes para las transferencias a las municipalidades.
¿A partir de qué idea surge la elaboración de este libro?
La elaboración del libro surge cuando en el año 2000 se estaba discutiendo entre la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y la Asamblea Nacional, qué porcentaje del Presupuesto General de la República debía proponerse.
En ese entonces, nadie tenía una base de cálculos satisfactoria o confiable, entonces yo propuse a Amunic y a Prodemu-Danida (Programa de Apoyo a la Descentralización Municipal), que elaboraría una tesis de una maestría que estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
El tema de la tesis sería sobre la Descentralización Fiscal, y así es que surge la elaboración del libro, y entonces Danida (Agencia Danesa de Desarrollo Internacional) y Amunic apoyaron la iniciativa.
¿Considera que su libro es esencial en el momento actual?
Claro que sí, porque enfatiza en la necesidad de un reordenamiento del Estado y sus instituciones, en el establecimiento de reglas del juego más claras, y en un reordenamiento del presupuesto, que haya recursos suficientes para las transferencias a las Alcaldías.
También es una oportunidad para que las instituciones sectoriales establezcan más estrecha coordinación de sus políticas con las políticas de desarrollo territorial para la inversión pública en servicios municipales y de desarrollo local.
¿Existe un hallazgo especial en su investigación? ¿qué es lo nuevo que encontró?
Lo nuevo del libro es que ayuda, principalmente, a identificar una brecha fiscal entre el ingreso municipal y el gasto necesario de los gobiernos locales. En 2003, por ejemplo, esa brecha se aproximaría a un mil 530 millones de córdobas, que equivalen al 16 por ciento del presupuesto de ingresos de la República.
El hecho de haber encontrado ese dato le permitiría a los diputados, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a las municipalidades ponerse de acuerdo en que aquí no se puede llenar esa brecha con las transferencias, y que se necesita un porcentaje suficiente y razonable.
Muchas de las investigaciones quedan en el olvido. ¿Cree que este libro será acogido por el gobierno, a pesar que apunta al fortalecimiento de la institucionalidad del país?
La propuesta es bien factible porque no atenta contra la economía e indicadores de estabilidad económica, no se propone un aumento del gasto, sino que se reasignen recursos de algunas instituciones que tienen proyectos de inversión municipal para que se les trasladen directamente a las alcaldías.
Por otra parte, porque puede permitir que se ligue la estrategia de reducción de la pobreza y de crecimiento económico con apoyo de los gobiernos municipales y de la participación ciudadana.
En su investigación afirma que hay resistencia de los funcionarios del gobierno nacional a una real descentralización tributaria ¿Cómo se expresa esta afirmación?
La resistencia consiste, como sabemos, en que donde existen recursos públicos hay cuotas de poder, y los ministerios e instituciones que manejan una gran cantidad de fondos para proyectos de inversión local, temen perder un espacio, una pequeña cuota de poder, si los recursos pasan a ser manejados por los gobiernos locales, que son parte del Estado, hay que aclararlo.
En su investigación usted menciona el desequilibrio fiscal entre los gobiernos central y municipales. ¿Cuáles son las causas de ese desequilibrio?
Las causas de este desequilibrio, se deben a que a los gobiernos locales se les hace imposible financiar las demandas de programas y proyectos que requieren las comunidades, porque el marco tributario existente en el país no permite a los municipios poder tener un nivel de recaudación fiscal suficiente para poder cubrir las necesidades del gasto municipal, incluyendo los proyectos y el funcionamiento de las alcaldías.
Con respecto a Centroamérica, ¿qué tan grande es la brecha que tiene Nicaragua?
Nuestra brecha es grande, pero no es tan pronunciada. Por ejemplo, en Guatemala las transferencias son del 12% del Presupuesto General de la República, en el caso de El Salvador es del 6%, en Honduras es del 5%, y en Costa Rica oscila entre el 5 y el 10%. Actualmente en Nicaragua sólo transfieren el 1.5%, que es un retroceso, porque en el año 2002 se había conseguido prácticamente el 2%.
¿En las condiciones de pobreza del país, cuál debería de ser el porcentaje de transferencia a los municipios?
El promedio en América Central oscila entre el 6 y 7% de transferencias a las alcaldías. La brecha en Nicaragua es del 16%, actualmente sólo se da el 1.5%. Se está planteando en un proyecto de “Ley de Transferencia”, que coordina la Comisión de Asuntos Municipales, con Amunic, Inifom, el FISE y la Red Local, que ese porcentaje para 2004 debería de iniciar con un 4%.
El gobierno, en marzo pasado, se comprometió con Amunic y con las alcaldías del país a incrementar sobre los 150 millones de córdobas que reciben actualmente, unos 285 millones de córdobas, promesa que está pendiente de cumplirse. Pero a partir de 2004 es probable que se pueda llevar a cabo un reordenamiento del gasto público.
¿Es probable que haya desarrollo municipal y reducción de la pobreza, mediante el proceso de descentralización tributaria?
Hay que tener claro que el Estado, tanto a nivel central como municipal y regional en el caso de la Costa Atlántica, tiene que trabajar en conjunto y en armonía en todos los niveles. Tiene que ser una estrategia que tome en cuenta el papel de los gobiernos central y local.
La virtud que tienen los gobiernos municipales es que son más económicos, localizan mejor los recursos e identifican mejor sus prioridades, y eso tiene un impacto en el empleo y en el desarrollo de la economía locales.
Por el ejemplo, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) ha reconocido que con el manejo descentralizado de los programas de inversión municipal ahorra un 14% que si maneja centralizadamente.
¿Existe alguna fórmula para articular y armonizar el régimen tributario nacional con el régimen tributario local?
La propuesta que yo hago en mi investigación es que hay que hacer un Código Tributario Municipal, y, además, es conveniente hacer un capítulo de Tributación Municipal en un Código Nacional. La propuesta fundamental es una armonización para que haya descentralización tributaria.
Esos principios de armonización pueden ser preservar los tributos municipales actualmente vigentes, ampliar la base fiscal del municipio y tener una política de compensación fiscal, ante posibles exoneraciones o exenciones fiscales, que el gobierno nacional otorgue a la inversión extranjera o a las exportaciones, de manera que el municipio no vea reducidos sus impuestos.
En 2003, los municipios dejarán de percibir 577 millones de córdobas por efectos de reducción del marco tributario municipal y de exoneraciones, eso significa el 6% de los ingresos de la República, es decir, la descentralización tributaria tendría que armonizarse con el gobierno.
Según su opinió, ¿cuáles serían los principales retos del gobierno ante el proceso de descentralización fiscal?
El principal reto del presidente Bolaños con el tema de la descentralización y desarrollo local es fortalecer la institucionalidad, la que debe pasar por la descentralización fiscal. Hay que aprobar una política nacional de descentralización y de desarrollo que sea compatible con una Ley de Transferencia.
¿Cuáles serían los compromisos de las alcaldías?
Primero deben mantener una posición firme en demanda de las transferencias, y que no sean disminuidas del 3.2 % que exigían en diciembre, enero y febrero de este año, así como no bajar el nivel de recaudación municipal para dar una señal de responsabilidad en la gestión financiera, y tener un buen manejo de los recursos propios, como de los que se obtienen en concepto de transferencias. Los recursos municipales deben manejarse con transparencia administrativa, financiera, contable y con un estricto control de la comunidad.
Los alcaldes han planteado la aprobación de un paquete de leyes, entre ellas la de Catastro y Solvencia Municipal. ¿Cuál sería el papel del Poder Legislativo en apoyo a ese proceso?
El papel del Poder Legislativo es fundamental para una concertación política institucional, visualizando la importancia de la descentralización. La aprobación de la Ley de Transferencia permitirá una mayor producción de recursos locales, y se espera que esté dictaminada por la Comisión de Asuntos Municipales.
También quedan tareas inmediatas para el resto del año en la Asamblea Nacional para apoyar el marco jurídico de la descentralización, como es la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal, para que sea sostenible la capacidad técnica y profesional de las alcaldías.
Además, la Asamblea Nacional tiene que aprobar la Ley de Catastro, que le da competencia a los gobiernos municipales en materia territorial.
¿En el tema de la descentralización, cuál es lo más urgente?
Es necesaria una concertación nacional, la aprobación de la Ley de Transferencia a más tardar en julio, la reestructuración del Programa de Inversión Pública; que la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pongan de acuerdo para reestructurar las inversiones municipales, que hoy tienen algunas instituciones centrales y que pasen directamente como transferencias a las Alcaldías.
Se trata también de que Nicaragua entre el Grupo Consultivo en septiembre con una propuesta sólida sobre la descentralización, y esta propuesta puede ser fortalecida si Nicaragua ingresa al punto de culminación de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), donde se espera que se le condone el 80 por ciento de la deuda externa al país.
La cooperación internacional puede ayudar flexiblemente para que estas medidas de ajustes al gasto público en apoyo a los municipios, sean factibles.
Los consultores del Banco Mundial y de países donde hay mucha experiencia, nos dicen que no existe una receta única para descentralizar, y que eso depende del marco institucional de cada país.
“Los nicaragüenses tenemos que hacer política de descentralización y desarrollo local acorde con nuestra visión de nación, del tipo de administración pública y democracia que apuntamos alcanzar”.
APORTE MUNICIPALISTA
Róger Gaitán Rodríguez, licenciado en Economía e investigador en temas de descentralización, cuenta con experiencia en asistencia técnica brindada en Desarrollo Institucional y Gerencia Municipal en alcaldías del país. Ha participado, además, en la formulación de proyectos de leyes municipalistas, entre ellas, la Carrera Administrativa Municipal, Régimen Presupuestario Municipal y Ley de Transferencia a los Municipios.
Gaitán Rodríguez afirma que su obra “La política de descentralización fiscal viable para la reducción de la brecha fiscal potencial de los municipios”, puede servir al gobierno nacional, diputados y municipalidades, como un instrumento para armonizar políticas para la reorganización del Estado, a favor del desarrollo local y el combate a la pobreza.
“La trascendencia social de este libro tiene mucho que ver con el desarrollo de la administración pública en beneficio de las comunidades en cada territorio, ya que apunta a una mejor asignación de recursos del presupuesto público para el gasto hacia los gobiernos municipales”, expresa el investigador.
