Juez Edgar Altamirano. (LA PRENSA/ARCHIVO)

Juez pide datos a Hacienda por segunda vez

Espera desde el año pasado que Hacienda le remita información básica para la investigación de la quiebra del banco Mirna Velásquez Sevilla [email protected] Por segunda vez, el Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) le informe cuáles eran las propiedades que pertenecían al […]

  • Espera desde el año pasado que Hacienda le remita información básica para la investigación de la quiebra del banco

Mirna Velásquez Sevilla [email protected]

Por segunda vez, el Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) le informe cuáles eran las propiedades que pertenecían al Estado y que fueron vendidas durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, para abonar a las investigaciones de la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).

Según el juez Altamirano, con esta diligencia pretende conocer si el dinero de las propiedades vendidas, ingresó o no a la cuenta del Estado número 254991.

“Estas propiedades fueron vendidas a unas sociedades de personas privadas, una de las ventas las autorizó el licenciado Byron Jerez”, explicó Altamirano.

El judicial incluyó en su petición un listado de las propiedades estatales que estaban bajo el cuido del mismo Banic y que luego fueron puestas en garantía de préstamos hasta por 900 mil dólares a distintas sociedades, algunas de ellas fantasmas.

La solicitud se extendió al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua para que informe quiénes son los dueños de dichas propiedades.

Las investigaciones realizadas hasta ahora, indican que fueron utilizados los nombres de varias personas que figuran como dueños de las sociedades que resultaron beneficiadas con préstamos.

Las propiedades son: Beneficios Textiles y Confecciones S.A., finca El Charco # 1, Plastibolsa S.A., Agrícola Santa Fe, Fomer S.A., finca Palo Grande, Proyecto Turístico Xiloá.

Una de las formas de estafar al Estado, en este caso, fue mediante la compra a precios irrisorios de estas propiedades y luego obtener préstamos por millonarias sumas. El destino de ese dinero fueron cuentas bancarias en el exterior.

“Lo que se está investigando (es) por qué tomaron ese tipo de decisiones para tomar esas garantías y aumentarlas”, finalizó el judicial.  

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