- Informe policial señala a diputado y dirigente de Asociación de Trabajadores del Campo de dirigir a los toma tierras de hecho y por vías judiciales
- Evidentes pretensiones de
quedarse con propiedades de
los Centeno Roque
Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL /[email protected]
La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), una de las estructuras de base del Frente Sandinista, dirigida por el diputado suplente Isaac Jáen Rivera y otros miembros de ese partido, es la que “da la cara” en los conflictos de propiedad suscitados en este departamento, especialmente en las fincas que pertenecieron a la familia Centeno Roque.
Un informe policial señala que sólo en el municipio El Tuma-La Dalia, existen 22 fincas en conflicto, entre las que se señalan nueve propiedades donde tienen participación directa el diputado suplente Isaac Jáen Rivera y el dirigente de la ATC, Pascual Hernández.
En “las propiedades San Antonio, Las Colinas, San Martín, La Empresa, La Maravilla, La Golondrina, La Lucha, La Providencia y Santa Luz, las tomas han sido dirigidas y asesoradas por el diputado del FSLN, Isaac Jáen, y Pascual Hernández, de la ATC, y desde la posesión de las mismas, a la fecha, han sacado las cosechas (de café) en contubernio con los usurpadores”, reza en parte el amplio informe policial.
Otros diputados sandinistas como Nelson Artola, Irma Dávila y la diputada suplente ante el Parlamento Centroamericano, Margarita López, al igual que Jáen Rivera, son señalados de cometer diversos delitos, por trabajadores de la finca San Antonio, a quienes les fue adjudicada la propiedad, luego de ganar un proceso laboral contra el anterior dueño William Omar Benavides Chavarría, supuesto testaferro de los hermanos Centeno Roque.
Obreros agrícolas de las distintas fincas en conflicto, argumentan que esas propiedades les pertenecen, a raíz de los denominados “Acuerdos de Las Tunas”, firmados por varios viceministros, por la parte gubernamental, y por diputados, alcaldes, productores y obreros agrícolas identificados con el Frente Sandinista, por la parte demandante.
LAS FINCAS DE LOS ACUERDOS DE LAS TUNAS
Sin embargo, en los referidos acuerdos se señalan 13 fincas, de ellas, nueve que supuestamente pertenecieron a los hermanos Centeno Roque y que estaban en proceso de ejecución, en juntas liquidadoras de bancos quebrados.
De los acuerdos, el compromiso gubernamental fue crear una comisión para dar seguimiento a la situación de las fincas, con el propósito de que una vez tituladas a favor del Estado, y si se llenaban los requisitos de reforma agraria y sus reglamentos vigentes, se otorgaría preferencia a favor de los trabajadores que participaron en la protesta en Las Tunas, en septiembre del año pasado.
No obstante, grupos de campesinos, los mismos que participaban de los denominados plantones, incursionaron en las propiedades citadas en los acuerdos, y también en otras, que no figuran en el documento y que son reclamadas por anteriores dueños, algunos de ellos de nacionalidad norteamericana.
En los casos de las fincas La Maravilla, La Lucha y La Providencia, estas propiedades no fueron objeto de los “Acuerdos de Las Tunas”, sin embargo, la Policía señala que en ellas permanecen grupos de campesinos dirigidos por Isaac Jáen y Pascual Hernández.
LA GANARON PERO SE LAS INVADIERON
Representantes de 54 obreros agrícolas, nuevos dueños por mandato judicial de la finca San Antonio, de 259 manzanas de extensión, ubicada en la comarca Wasaka, de El Tuma-La Dalia, explicaron que esta propiedad fue parte del patrimonio estatal.
En febrero de 1992, ante los oficios notariales de José Denis Maltez Rivas, el Estado de Nicaragua, a través de la Corporación Nicaragüense del Café (Cafenic), y nueve “agricultores”, firmaron contrato de arriendo con opción a compra sobre la finca San Antonio. Entre los suscriptores aparece el nombre de Santos Catalino Cisne Herrera. Este contrato fue modificado por el mismo notario en abril de 1992, dejando como plazo de vencimiento el 29 de abril de 2002.
Una vez vencido el plazo del contrato, firmado con Cafenic, Cisne Herrera renunció a sus derechos de arriendo con opción a compra, mediante escritura número 108 autorizada por el notario Gilbert Burgos Dávila, en diciembre de 2002.
Pero tres meses antes, por escritura número seis, autorizada por la notario Maribel Parrilla Castillo, Cisne Herrera había adquirido la propiedad, la que inscribió bajo los números 80, 504, asiento primero, folios 205 y 206, del tomo 564, del Registro Público de Matagalpa.
Por la suma de 50 mil córdobas, Cisne Herrera vendió la finca San Antonio a William Omar Benavides Chavarría, supueto testaferro de los hermanos Centeno Roque, mediante escritura número 73 autorizada por la notario Brenda Alvayero Rodríguez, en el mismo mes de septiembre.
Benavides, ya como dueño de la finca, es demandado laboralmente por 54 trabajadores, quienes ganan la demanda por 4,9 millones de córdobas, según sentencia del Juez Local Único de El Tuma-La Dalia, Carlos Alberto Castro Urbina, la que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones, circunscripción Norte.
Según el abogado de los obreros, antes de dictar sentencia el juez fue presionado por el magistrado Rafael Solis Cerda para que fallara en contra de ellos. Tales presiones han sido negadas por Solis y por el juez Castro.
El juez Castro Urbina, adjudicó la finca a favor de los trabajadores, a través de escritura de compra venta.
Pero Cisne Herrera, con la venia de la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, interpuso una “Tercería de Dominio” sobre la propiedad, utilizando el contrato de arriendo con opción a compra que una vez suscribió con Cafenic. El Juez Suplente de El Tuma-La Dalia, conoce y tramita esta tercería de la que aún no se ha dictado sentencia.
Desde que se firmaron los “Acuerdos de Las Tunas”, en septiembre del año pasado, un grupo de personas que participó de los “plantones” entró a la finca San Antonio y permanece en conflicto con el grupo de trabajadores que ganó la demanda laboral.
