- Fiscalía, para cerrar el caso, pasa el asunto a la Asamblea
José Adán Silva [email protected]
Al final, nadie seguirá impulsando el caso de los delitos electorales, y el tema ahora quedará en poder de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes deberán someter a su voluntad si deciden continuar con el proceso, o dejarlo morir como lo han hecho las instituciones encargadas de aportar pruebas y aplicar leyes.
A la salida de una reunión con magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, reiteró su posición sobre el caso que inicialmente ellos impulsaron: “Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, nada más podemos hacer”.
Aunque la reunión era en torno a la investigación del tráfico de datos sobre ciudadanos nicaragüenses, el tema de los delitos electorales se tocó, pero sólo para que ambas instituciones (CSE y Fiscalía) ratificaran que no pueden hacer nada más por el caso judicial, que desde septiembre del año pasado aguarda en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen.
“Sí se tocó en parte, pero más bien sobre la relación de confrontación entre el CSE y la Contraloría General de la República, que es una cuestión muy personal, y ellos (los magistrados electorales) explicaron que no tenían por qué estar tomando situaciones que están bien claras en la Ley, porque la Ley dice que la información financiera sólo se da a la Contraloría y no al CSE”, dijo Centeno, en relación con las fricciones que generó entre la Contraloría y el CSE la búsqueda de los libros contables que el partido Liberal Constitucionalista (principal organización investigada en el caso) manejó durante la campaña electoral de 2001.
“Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, presentamos nuestras acusaciones oportunamente y pusimos el paquete de denuncias, obedeciendo la constitucionalidad, en manos de la excelentísima y honorable Asamblea Nacional, y ahí es donde están las cosas”, expresó Centeno.
OCHO MESAS Y NADA
Han pasado ocho meses desde que la juez Juana Méndez ordenó una auditoría para investigar la denuncia por delitos electorales contra el PLC durante las pasadas elecciones, pero nadie se ha responsabilizado por buscar la información que puede revelar si hubo o no anomalías en ese caso.
Primero fue la Contraloría, por medio del presidente de esa institución, Francisco Ramírez, la que anunció que probablemente no podrán cumplir con la auditoría por no contar con los libros financieros que manejó el PLC en la campaña electoral.
Ramírez dijo que el responsable de proveer esa información debería ser el CSE, pero esta institución, seis meses después que se le pidió la información, ha roto su silencio para decir que no la tiene, ni tampoco la manera de conseguirla, mientras la Procuraduría General de la República, en su papel de abogado del Estado, guarda absoluto silencio sobre el caso, donde se acusó incluso al presidente Enrique Bolaños y al vicepresidente José Rizo, junto a 30 funcionarios más.
