Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL /[email protected]
Representantes de 54 trabajadores agrícolas que reclaman la finca San Antonio, de 259 manzanas, señalaron al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, de estar influyendo para que esa propiedad le sea otorgada a uno de los dos grupos que la reclaman por la vía judicial.
Los obreros, en una denuncia escrita, también acusan a los diputados Irma Dávila Lazo, su suplente Isaac (“Chaco”) Jáen Rivera y a la diputada suplente ante el Parlamento Centroamericano, Margarita López, por los delitos de robo, asalto, usurpación del dominio privado, amenazas, cohecho, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, exposición de personas al peligro, prevaricato, abuso de poder, chantaje y extorsión.
El magistrado Rafael Solís negó haber incidido en el proceso judicial, para beneficiar a una de las partes en el proceso y explicó que sólo ha sostenido encuentros con algunos campesinos, que demandan propiedades que antes pertenecieron a los hermanos Centeno Roque.
“Es totalmente falso, más bien he estado recibiendo delegaciones, campesinos y propietarios que tienen problemas de tierras, para buscar una mediación”, afirmó Solís.
Los acusadores dicen que los diputados sandinistas se amparan en los “Acuerdos de Las Tunas”, suscritos en septiembre pasado por el gobierno y algunos grupos campesinos que reclaman tierras, en los que se incluyó la finca San Antonio como propiedad de los hermanos Centeno Roque, implicados en la quiebra de al menos dos bancos comerciales.
Los ex trabajadores de la finca y otros obreros agrícolas que se disputan la propiedad han abierto juicios civiles y penales en el Juzgado Local Único de El Tuma-La Dalia.
El abogado Ramón Uriel Ruiz Téllez, representante del grupo que acusa a los diputados y al magistrado, aseveró que “detrás está el Frente Sandinista”, con el objetivo de recuperar las 13 fincas que pertenecieron a la Agropecuaria Renacer de San Miguel (Agresami) de los hermanos Centeno Roque.
Por mandato judicial, los denunciantes ahora son dueños de la finca San Antonio, luego de haber ganado una demanda laboral en contra del anterior dueño, William Omar Benavides Chavarría, supuesto testaferro de los conocidos hermanos Centeno Roque.
¿PRESIONES POLÍTICAS?
El abogado de los trabajadores que reclaman la finca San Antonio, en Matagalpa, Ramón Uriel Ruiz Téllez, dijo que “hemos luchado con una avalancha que no tenés idea… empezaron presiones políticas: Irma Dávila, Nelson Artola, ‘Chaco’ Jáen, llamando a Carlos (el juez Castro Urbina), presionándolo para que él actuara y todo esto (el juicio) saliera a beneficio de ellos”.
“Carlos nos dijo que hasta Rafael Solís lo había llamado de la Corte. El día que se iba a hacer la subasta a favor de los trabajadores, lo llamó Rafael Solís… El mismo juez nos dijo a nosotros, no vamos a andar con tapujos en esto. Incluso, el juez se tambaleó: minutos antes de la subasta nos llamó a otro sitio a decirnos que estaba desesperado”, declaró Ruiz.
Pero el juez Carlos Alberto Castro Urbina lo negó, indicando que de haber sido cierta la presión no hubiera concluido el proceso con la adjudicación de la finca a favor de los trabajadores.
