- IDR vendió a precios ridículos 36 vehículos del Estado, en 2001
- Fiscal Centeno dice que no recuerda bien ese caso
Elízabeth Romero [email protected]
Pese a que la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional confirmó que varios vehículos del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) fueron vendidos, durante el gobierno anterior, a precios de “guate mojado”, el Ministerio Público todavía no presenta ninguna acusación en contra de los responsables, en los Juzgados capitalinos.
Una investigación de la Policía Nacional demostró que en la venta ilícita de los vehículos se violentaron los procedimientos establecidos por la ley. Una de las irregularidades encontradas es que los funcionarios del IDR no solicitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para proceder a la venta.
El Subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Orlando Aguilera, manifestó que se trata de “una cantidad considerable de vehículos que fueron vendidos como guate mojado”, y que quedaron en manos de funcionarios del IDR, durante la administración de Eduardo Mena.
MALA MEMORIA
El fiscal general Julio Centeno Gómez dijo anoche que no recordaba muy bien “porque son miles de casos de corrupción que hemos llevado desde que asumimos”, pero que sí recordaba que impulsaron el caso en los Juzgados por medio de una fiscal que ahora labora en la Procuraduría General.
“Ahora no lo recuerdo con exactitud, pero todo lo que llega a la Fiscalía se investiga y luego se procede; si mal no recuerdo ese caso lo impulsamos y hasta procedimos contra el diputado Eduardo Mena, pero creo que él se escudó en su inmunidad y ahí se murió el caso”, dijo Centeno.
Según documentos en poder de LA PRENSA, en total fueron 36 los vehículos vendidos de forma ilícita por la Dirección Superior del IDR durante el año 2001, los que pertenecían a diferentes proyectos de esa entidad, como Pikín Guerrero, Maribios y Mesetas, entre otros financiados por la cooperación extranjera.
Existe copia de una carta fechada en diciembre del año pasado, en que el director ejecutivo del IDR, Sergio Narváez Sampson, le recuerda al jefe de la DIC, comisionado mayor Julio González, que en una reunión anterior entre representantes de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el IDR, analizaron esa situación y estuvieron de acuerdo en darle una solución administrativa al problema.
Consultado el comisionado Aguilera, dijo que desconoce esa carta.
El jefe policial recordó que una vez concluida la investigación, la pusieron en manos de la Fiscalía, pero el caso aún no ha sido remitido a los tribunales de justicia, ni el Ministerio Público ha solicitado a la Policía una ampliación de las investigaciones.
“Ese caso está en manos de la Fiscalía, el caso se trasladó a la Fiscalía esperando que denuncie el caso”, declaró Aguilera, quien atribuyó el retraso de la acusación a los múltiples casos que sigue el Ministerio Público.
“Nosotros, lo que hicimos fue terminar la investigación (el año pasado) y pasarla a la Fiscalía, porque consideramos que era necesario que la Fiscalía se pronunciara; por eso está en manos de la Fiscalía”, reiteró.
“Si no es suficiente, la Fiscalía está en la obligación de pedirnos más datos. Para nosotros sí hay suficiente base legal”, sostuvo Aguilera.
Recordó que no se trataba de vehículos de lujo, sino de uso de trabajo, pero de buena calidad.
“Si ustedes recuerdan, (el IDR) fue una institución grande durante el gobierno anterior, con muchos recursos; fueron subvalorados los vehículos y vendidos”, destacó Aguilera.
FUERON SUBVALORADOS
El Subdirector de la Policía Nacional, comisionado Orlando Aguilera, aseguró que la investigación muestra que los vehículos fueron subvalorados y pasaron a manos de funcionarios del IDR. La investigación policial cuenta con suficientes elementos de prueba para remitir la acusación a los Juzgados, indicó.
