José Adán Silva yLuis Alemá[email protected]
Una semana después de que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) condenara al Ingenio San Antonio (ISA) por la supuesta falta de atención a los trabajadores cañeros afectados con una enfermedad de insuficiencia renal crónica, los médicos del mencionado ingenio negaron la responsabilidad en tales enfermedades.
El procurador Benjamín Pérez, en una resolución de la semana pasada, lamentó que los administradores y dueños del Ingenio San Antonio no dieran respuesta a más de 700 ex trabajadores cañeros de esa empresa, de la que demandan una indemnización por la supuesta insuficiencia renal crónica que, según los demandantes, adquirieron en los cañaverales del ingenio propiedad de la familia Pellas.
Según Pérez, más de 300 ex trabajadores habrían muerto por problemas renales, y otros 700 estaban enfermos.
Sin embargo, ayer la posición oficial del ingenio, luego de una protesta de los afectados frente a las instalaciones del Centro BAC, asumida por el doctor Alejandro Marín, Director del Hospital del ISA, negó la responsabilidad de la compañía respecto de la mencionada enfermedad de los ex trabajadores, y alegó que más de 700 de ellos han recibido pensiones por incapacidad, por medio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, a través de sus cotizaciones con el ingenio.
De acuerdo con un documento titulado “La verdad ante la insuficiencia renal crónica”, Marín señala que por medio de pruebas médicas previas a la contratación, el ISA detectó una alta incidencia de la enfermedad renal, por lo cual se investigó a los trabajadores permanentes del ingenio, encontrándose que muchos padecían tal enfermedad, por lo que se les dio atención médica.
ISA SEÑALA MANIPULACIÓN
Según el documento, “en la actualidad hay una amplia población en el Occidente del país que nunca ha trabajado en ningún ingenio azucarero, que padece esta enfermedad”.
Además, señala que la enfermedad es un problema nacional de salud pública localizado en la región del Pacífico, y que el tema se ha prestado a la manipulación de “sectores que pretenden obtener réditos políticos y económicos”.
En horas de la mañana de ayer ex trabajadores del Ingenio San Antonio, de Chichigalpa, fueron desalojados por la Policía Nacional, cuando intentaron protestar frente al Centro BAC, ubicado sobre la Carretera a Masaya, para exigir indemnizaciones por los daños físicos sufridos a causa de los insecticidas que durante años aplicaron en los cañaverales.
Los ex cañeros no pudieron protestar, y escoltados por agentes policiales, regresaron hasta el Parque Pedro Joaquín Chamorro, frente a la Asamblea Nacional, donde se mantienen desde hace varias semanas.
