Luis Eduardo Martínez M. CORRESPONSAL /MATAGALPA [email protected]
“Algunos jueces suplentes y directivos de las comunidades indígenas son los grandes generadores de problemas de propiedad en el departamento de Matagalpa”, declaró el comisionado mayor Walter Dean Dixon Brautigan, jefe departamental de la Policía.
Según Dixon, una orden judicial del juez suplente de El Tuma – La Dalia, provocó el enfrentamiento el miércoles pasado, en el que resultaron siete personas heridas.
“Las invasiones masivas a las propiedades son más que todo una forma de vida de los mismos invasores, mientras que en otros casos, algunos dueños de propiedades sujetas a ser embargadas por los bancos, son autoinvadidas para evitar que los bancos tomen posesión del bien embargado”, aseguró Dixon.
“La Policía Nacional se encuentra ‘maniada’ cuando existe de por medio una figura jurídica, como en el caso de ‘La Pineda’, (donde) los usurpadores tienen una demanda en el Juzgado Civil por restitución de bienes inmuebles”, agregó el jefe policial.
Según Dixon, otro problema son los múltiples títulos que extienden las comunidades indígenas a diversas personas, sobre propiedades que se encuentran en los municipios de Muy Muy, Sébaco y Matagalpa.
“No podemos decir que existe una toma de propiedad, cuando mediante un mandato judicial, dictado por un juez suplente, se ordena a la Policía Nacional acompañar al judicial a poner en posesión a la persona que reclama como suya dicha propiedad”, explicó a propósito del problema que afecta a la señora Yadira Mendoza de Macías, dueña de (las fincas) “San Vicente” y “Santana”, en Muy Muy.
El ex presidente de la comunidad indígena de Muy Muy, Miguel de Jesús González Murillo, extendió un título de uso y goce a otras personas que, mediante un supuesto juicio civil, reclaman las propiedades, sin percatarse que esas tierras fueron heredadas hace más de cien años por los antecesores de Mendoza de Macías.
También, la comunidad indígena de Matagalpa cedió unos terrenos en Waswalí a unas 50 familias, las que fueron obligadas por la Policía a desalojarlos, ya que esa propiedad es reclamada por Moisés Alfredo López Sánchez.
