- Con cinco magistrados menos, el Poder Judicial se ha ahorrado 5.6 millones de córdobas en 10 meses
- Un magistrado gana al año 1.3 millones de córdobas, mientras a un Juzgado Penal que atiende entre 1,700 y 2,000 casos, le asignan 1.1 millones de córdobas
Ary Neil Pantoja [email protected]
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas, reconoció que con la ausencia de cinco magistrados el Poder Judicial logró un ahorro sustancial en salarios y asignación de combustible de 565,000 córdobas mensuales, lo que multiplicado por diez meses, suman 5.6 millones de córdobas.
Según datos de la Secretaría General Administrativa de la CSJ, el salario anual de un magistrado sobrepasa en 210,000 córdobas el presupuesto asignado a un Juzgado de Distrito Penal que procesa en ese mismo período entre 1,700 y 2,000 casos.
Mientras un magistrado devenga 1.3 millones de córdobas anualmente, un Juzgado Penal recibe 1.1 millones de córdobas para cubrir sus necesidades en el mismo período. Un Juzgado Civil presupuestó en 2002, 635,000 córdobas.
Cada magistrado cuenta con uno o dos asesores, un asistente, una secretaria de despacho, una mensajera-afanadora y un conductor, los que en el caso de los cinco magistrados que cesaron en el cargo, continúan en sus cargos en otras dependencias.
Además del juez, que devenga un salario de 24,000 córdobas mensuales, un juzgado penal tiene un personal de hasta seis secretarios de actuaciones, dos amanuenses (escritores), un alguacil y un conductor.
Pese a reconocer el ahorro presupuestario que significan menos magistrados, Ramos defendió el número de miembros de la CSJ, argumentando “los innumerables” casos que tienen que resolver en las instancias penal, contencioso administrativo, civil y constitucional, pero 16 magistrados sólo logran un promedio de 20 resoluciones mensualmente entre las cuatro Salas.
Lejos de pretender la reducción del número de magistrados, Ramos considera que debe mantenerse a los 16 miembros, y se mostró contraria a una reducción, “porque ello no significaría necesariamente una disminución de gastos o un incremento de partidas presupuestarias a otras dependencias del Poder Judicial”, dijo.
De manera contradictoria, Ramos reconoce que el dinero que actualmente se ahorran con los magistrados faltantes podría destinarse a cubrir necesidades de los juzgados del país “o servir para crear más juzgados de la adolescencia”, dijo.
Según ella, no existe ningún argumento valedero a través del cual se pretenda redefinir la integración de la Corte dejándola en 12 o siete magistrados, “porque eso significaría un retroceso”.
CONTRA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Por otra parte, Ramos expresó inconformidad con la propuesta de conformar el llamado Consejo de la Judicatura, presentada por el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
Agregó que de aprobarse esa propuesta se estaría creando una instancia por encima de la Corte Suprema, y, por ende, de todo el Poder Judicial.
Según Ramos, el Consejo de la Judicatura sería inconstitucional porque crearía un quinto Poder del Estado. “(El Consejo de la Judicatura), tendría la facultad de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, de los Tribunales de Apelaciones y al resto de funcionarios judiciales, incluyendo los jueces, y eso no puede ser”, dijo, tras agregar que “la propuesta del Conpes debilita al Poder Judicial”.
Recordó que en la reunión del Consejo Judicial Centroamericano, realizada el pasado 25 de abril en El Salvador, los miembros coincidieron en que el establecimiento de un Consejo de la Judicatura en sus respectivos países no dio buenos resultados.
PENSIONES SUSPENDIDAS
De los cinco magistrados que dejaron el cargo en julio del año pasado, cuatro pasaron a jubilación. Conforme al artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte Suprema debería complementar la pensión que da el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), hasta completar el salario que ganaban cuando eran magistrados.
Actualmente, por disposición de la Ley General de Presupuesto, la Corte suspendió ese complemento, por lo que los cuatro magistrados sólo reciben la pensión de jubilados a que tienen derecho a través del INSS, que no pasa de 22,500 córdobas.
Diez magistrados de los Tribunales de Apelaciones también recibían una pensión de 33,000 córdobas; con la disposición de la Ley de Presupuesto, la Corte ya no les reconoce lo que le corresponde, y esta pensión disminuyó a 22,000 córdobas mensuales que es lo que les otorga el INSS.
