Mirna Velásquez Sevilla mirna.Velá[email protected]
La fuga del narcotraficante guatemalteco Juan Carlos Ospina originó una acusación anunciada por la Fiscalía y presentada ayer en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen, contra seis personas, por falsificación de documentos públicos y auténticos, prevaricato, delito contra la administración de justicia y cohecho.
Ospina y su compañera de vida Bessy Blandón, los abogados Adda Francis Pineda, Arbel Medina y los secretarios Eugenia Picado y Marvin Hernández fueron los únicos acusados por no encontrarse elementos que vincularan a las jueces Flavia Solís y Vanesa Chévez, ambas destituidas de sus cargos por violar la Ley de Estupefacientes.
“En el análisis que hizo el Ministerio Público, y de conformidad con las leyes, no constituye delito su actuar, puesto que únicamente hubo una violación a la Ley expresa, pero no existe el otro elemento configurativo, en ese caso el delito de prevaricato que hubiera sido actuar por soborno”, explicó la fiscal auxiliar Mayra Páiz Acevedo.
Ospina fue procesado por traficar 531 kilos de cocaína incautados en la carretera Masaya-Managua, y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza —aun cuando la legislación prohíbe ese beneficio— mediante la falsificación de un dictamen médico legal que sugería tratamiento médico para el reo fuera de régimen carcelario.
La acusación revela que la abogada defensora, Adda Francis Pineda, acompañada de su asesor Arbel Medina, solicitaron a la juez Chévez retirar un dictamen médico legal al Instituto de Medicina Legal, quien les comunicó carecer de transporte.
Pineda ofreció su vehículo para realizar la diligencia y viajó en compañía del secretario Hernández. Posteriormente se estacionaron frente a la UNI para reformar las conclusiones del dictamen.
Según la acusación, el secretario Hernández presuntamente recibió cien dólares, mientras la secretaria del Tribunal de Apelaciones, Eugenia Picado, habría sido retribuida con 300 dólares y un celular que fue ocupado por la Policía Nacional.
