Consuelo Sandoval [email protected]
Conocidos analistas políticos censuraron ayer el tráfico de información personal de los nicaragüenses por compañías extrajeras, que a su vez la estarían vendiendo a agencias oficiales de Estados Unidos para rastrear a potenciales terroristas, narcotraficantes e indocumentados en ese país, así como a otras empresas o instituciones privadas o públicas en cualquier lugar del mundo que soliciten esos servicios.
Aldo Díaz Lacayo y Oscar René Vargas coincidieron en que la compra-venta de información privada de los ciudadanos constituye una flagrante violación a la soberanía nacional y que la lucha contra el terrorismo no justifica el irrespeto a la privacidad individual de las personas, actuación que presuntamente estarían practicando empresas privadas conjuntamente con instituciones del Estado.
Díaz consideró que aunque la soberanía nacional como manifestación de la voluntad popular es un concepto abstracto, en la práctica se convierte en una forma de preservar la identidad nacional, personal, derechos humanos y la privacidad individual.
“Evidentemente está fuera de toda normativa ética por la violación a la intimidad que está por encima de cualquier argumento jurídico, pienso que aquí habría que hacer una investigación muy profunda para determinar las posibles fuentes de filtración de los documentos, me cuesta creer que haya sido una decisión meramente mercantil, no creo que exista una voluntad de vender datos, más bien creo que hay más ingenuidad que mala voluntad, porque no están conscientes del daño que ocasionan a la privacidad de los individuos”, expresó Díaz.
ES UNA AMENAZA
Vargas reprochó el tráfico de información privada, por cuanto, constituye una manera para justificar la represión contra los ciudadanos.
“Son informaciones de las que el Estado abusó a través de las instituciones al proporcionar información a esa compañía norteamericana (Choice Point). Yo creo que hay alguien del Estado que está metido en el tráfico de información”, afirmó Vargas.
Díaz desestimó la redacción de una nueva legislación que proteja los derechos individuales de los nicaragüenses, argumentando que están claramente preservados en la Constitución Política.
Estimó que sería más conveniente elaborar un reglamento para el uso de banco de datos oficiales, para evitar que sean mal usados o filtrados por funcionarios de las instituciones públicas y representantes de partidos políticos.
