Jugosos y múltiples reclamos de “Yesera Guadalupe”.
Década de los cuarenta:
El señor Luis Raúl Cerna Baca, al conocer que está por inaugurarse la Cementera “Canal”, adquiere una mina de yeso en Santa Rosa del Peñón, pues el yeso es materia prima clave para la producción de cemento. Bautiza la mina con el nombre “Yesera Guadalupe”.
Noviembre de 1979:
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) nacionaliza las minas, por considerarlas de interés público, a través de los decretos 137 del 2 de noviembre de 1979, aclarado por el decreto 314 del quince de febrero de 1980. De esta manera, el Estado adquiere el control de la totalidad de acciones de “Yesera Guadalupe”, según el texto de los decretos de nacionalización.
Década de los noventa:
La familia Cerna, con influencia en los corrillos legislativos de Washington, inicia por la vía administrativa y la vía judicial (en Nicaragua) los reclamos de indemnización por la nacionalización de la “Yesera Guadalupe”, así como por la confiscación de tierras y de ganado en el departamento de Chontales.
25 de Noviembre de 1991:
Una sentencia del Juzgado Tercero Civil de Distrito de Managua, “desconfisca” a la sociedad “Yesera Centroamericana Guadalupe…” y mediante acta resolutiva de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), se aprueba la indemnización del terreno, estructura y cultivos, no así del yeso de la mina. Sin embargo, la mina fue nacionalizada y no confiscada, advierte ahora la Procuraduría.
18 de mayo de 1995:
Mediante el Acta Resolutiva del Ministerio de Hacienda, número 213-08-95 se les indemnizó las estructuras y equipos que se usaban para la explotación del yeso. Según el Catastro Minero, la concesión a favor de Yesera Guadalupe S.A. tiene una vigencia de cincuenta años (diciembre 1996-diciembre 2046), en un área de 600 hectáreas.
19 de Noviembre de 1996:
Carlos Abaunza, director de Recursos Naturales del Ministerio de Economía, remite copia de un estudio de geólogos italianos de la firma Dr. L. Zoppis Bracci, “donde certifican que encontraron en los yacimientos de su propiedad en Santa Rosa del Peñón, doce millones de toneladas de yeso”. Es un estudio de 1959. Luis Cerna decide “rebajar” la demanda a once millones de toneladas métricas, tomando en cuenta lo que habría sido explotado por ellos entre 1959 y 1979.
15 de junio de 1999:
Mediante el Acuerdo Ministerial 31-99, el Ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, ordena pagar a “Yesera Centroamericana Guadalupe y Agropecuaria S.A.” C$48.6 millones, en cumplimiento de la sentencia dictada en el Juzgado Tercero de Distrito de lo Civil el 8 de mayo de 1995. Los pagos en efectivo se realizarían a un plazo de quince años, con 4 por ciento de interés anual y mantenimiento de valor con respecto al dólar.
15 de Julio de 1999:
El Acuerdo Ministerial No. 37-99 firmado por Esteban Duque Estrada, ministro de Hacienda, ordena pagar en efectivo C$24.4 millones, a un plazo de quince años, con un interés anual del 4% sobre saldo y con mantenimiento de valor, respecto al dólar, a “Yesera Centroamericana Guadalupe y Agropecuaria S.A.”, en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua, de las 9:36 de la mañana del 16 de julio de 1996. La sentencia ordena al Estado pagar tal cantidad por los inmuebles “San Luis” y “Los Millones”, según su valor catastral, más costas y daños. Estos inmuebles se ubican en Chontales, según Luis Cerna.
27 de julio del 2000:
Un acuerdo entre los representantes de “Yesera Centroamericana Guadalupe” y el Ministerio de Hacienda, da origen al Acuerdo Ministerial 35-2000, firmado por Esteban Duque Estrada, mediante el cual el Estado acuerda renovar las dos obligaciones anteriores, estableciéndose un monto principal a pagar en Bonos del Tesoro, US$7.5 millones, con un pago inicial equivalente a US$1.5 millón, pagados el día 7 de enero del 2001. Se establecieron 19 cuotas iguales a ser pagadas semestralmente. El principal devengará un interés del 8 1/2 por ciento anual a ser pagado cada seis meses. Cada uno de los pagos será documentado, establece el Acuerdo, en títulos valores negociables, suscritos por el Estado a favor de Yesera Centroamericana.
8 de Agosto del 2002:
De forma expedita, en 22 días, la Juez Primero Civil de Distrito, Yelba del Carmen Aguilera Espinoza, da lugar a la demanda en la vía ejecutiva corriente a favor de “Yesera Guadalupe” y ordena al Estado pagar a dicha sociedad, el equivalente a US$8.9 millones, más los intereses correspondientes hasta por un 6.5% anual, en concepto de indemnización por el yeso de la mina nacionalizada y posteriormente desconfiscada.
25 de Septiembre del 2002:
El Tribunal de Apelaciones declara improcedente el recurso de apelación que por la vía de hecho interpuso el abogado Octavio Armando Picado Jarquín, en su calidad de procurador nacional civil.
19 de febrero del 2003:
La Sala Civil del Tribunal de Apelaciones admite libremente el Recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el Estado y emplaza a las partes a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia.
28 de febrero del 2003:
La procuradora auxiliar Silvia Miranda Campos, recusa al magistrado Rafael Solís, porque supuestamente opinó sobre el juicio al afirmar que la Procuraduría debió personarse con Poder Judicial General, tal como lo señaló la sentencia de la Juez Yelba Aguilera.
5 de Marzo del 2003:
La Procuradora Silvia Patricia Miranda Campos, seis meses y 27 días después de la sentencia en contra del Estado, recusa a la juez Yelba Aguilera e introduce un incidente de nulidad absoluta con categoría de perpetuo.
